El país lleva varias semanas conmocionado con el caso de Tomás Bravo, el niño de tres años que fue hallado muerto el pasado 26 de febrero cerca de las 11 de la mañana luego de estar nueve días desaparecido en el sector Caripilún de la comuna de Arauco, Región del Bío Bío.

Si bien lo más relevante en el caso es conocer qué pasó con el niño, después de la audiencia de formalización del martes recién pasado en contra de Jorge Escobar, –tío abuelo de Tomás y único imputado en el caso–, el protagonismo se lo ha llevado el Ministerio Público por una bochornosa actuación después de imputarle un homicidio calificado sin tener pruebas suficientes.

Ayer miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió dejar a cargo de la investigación a la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena Ramos, por encima de José Andrés Ortiz Jiménez, fiscal adjunto jefe de la comuna de Arauco, quien llevaba la causa hasta ahora.

“La designación se adoptó de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que faculta al Fiscal Nacional para designar de oficio a un o una Fiscal Regional dada la ‘gravedad y complejidad’ de los hechos investigados, además de la incorporación de nuevos antecedentes a la causa”, dijo el organismo a través de un comunicado público.

Lo llamativo de esto es que el caso, al ocurrir dentro de la Región del Bío Bío, ya pertenecía a esta persecutora: “Básicamente Abbott le está diciendo que haga la pega, porque no puede estar desaparecida en medio de un caso tan complejo”, dice fuera de micrófono a INTERFERENCIA una fuente que conoce la interna de la Fiscalía.

El conflicto del Ministerio Público en torno al caso de Tomás Bravo empezó a gestarse el mismo día del hallazgo del cuerpo del niño. A las pocas horas de ocurrido esto, a eso de las 14:40 horas, José Ortiz declaró ante la prensa que "en principio habría un homicidio simple. Claramente hay intervención de terceros".

Otra fuente, también ligada al Ministerio Público, agregó a nuestro medio que “Abbott no incumple con la norma pero se le está asignando a la misma fiscal regional que era titular de la causa”.

Marcela Cartagena no había figurado públicamente en torno al caso, pero formalmente ella es la jerarca máxima en todos los casos del Bío Bío. Nuestro medio consultó a la Fiscalía Regional para saber si Cartagena había tenido algún rol en el caso, como por ejemplo, si sugirió ella que se imputara a Escobar por homicidio calificado, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El conflicto del Ministerio Público en torno al caso de Tomás Bravo empezó a gestarse el mismo día del hallazgo del cuerpo del niño. A las pocas horas de ocurrido esto, a eso de las 14:40 horas, José Ortiz declaró ante la prensa que "en principio habría un homicidio simple. Claramente hay intervención de terceros".

Asimismo, en la oportunidad se conoció que minutos antes se había detenido a Jorge Escobar, última persona en ver a Tomás, imputado por el delito de homicidio simple. Aquí fue el primer paso en falso, porque en ese momento el fiscal no tenía ningún antecedente que diera cuenta que se trataba de un homicidio ni de la participación del acusado.

Esto creció el pasado martes, día de la formalización de Jorge Escobar. En aquella jornada el fiscal José Ortiz imputó el delito de homicidio simple, pero basó su acusación principalmente en un informe de Carabineros (Labocar), un documento de 11 páginas. La defensa del tío abuelo del niño dio cuenta que la Fiscalía había planteado “una causa de muerte inexistente”, debido a que el informe médico criminalístico posterior informó que la causa de muerte estaba indeterminada y aún no se podía acreditar un delito. En el cuerpo del niño tampoco había signos de violencia o agresión de tipo sexual. Los argumentos del abogado de la Defensoría Penal Pública terminaron convenciendo a la jueza, quien no vio pruebas contundentes en contra de Escobar.

En la audiencia, la Fiscalía tampoco pudo explicar alguna motivación del tío abuelo para presuntamente atentar en contra del niño.

“No se incorporó por parte del Ministerio Público o explicó lo relativo al elemento contundente, tipo elástico, que habría sido utilizado para los efectos de producir la asfixia al menor”, llamó la atención la jueza de Garantía de Arauco, Perla Roa, quien agregó que la Fiscalía tampoco pudo explicar alguna motivación del tío abuelo para presuntamente atentar en contra del niño.

Tampoco había pruebas de que el mapa que había dibujado el sospechoso fuese a indicar el sitio del hallazgo del cuerpo del menor, ni indicios de que el hombre hubiese estado en el sitio donde fue hallado Tomás, según la georeferenciación de su celular.

Ante esta actuación del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la solicitud de prisión preventiva en contra de Escobar. Lo más llamativo de esto es que ni la Defensoría de la Niñez ni el abogado querellante Alejandro Espinoza, quien representa a la madre de Tomás, solicitaron algún tipo de medida cautelar sobre el imputado.Hoy jueves en la Corte de Apelaciones de Concepción se revisará la apelación presentada por el Ministerio Público, organismo que sigue apuntando al homicidio calificado y a la prisión preventiva. Paradójicamente, junto a Marcela Cartagena estará litigando el cuestionado fiscal José Ortiz.

La llegada de Cartagena al Bío Bío

En el Bío Bío la carrera de la fiscal Marcela Cartagena ha estado cargada de controversias. A diferencia de otros fiscales regionales que llegaron al cargo después de una larga carrera funcionaria, ella pasó directamente desde la corporación de asistencia judicial a ser fiscal adjunto de Concepción en 2003.

Entre abogados del Bío Bío siempre ha causado suspicacia el hecho de que Cartagena haya sido designada fiscal regional en su primera postulación, en 2018, pese a que habían candidatos con mayor experiencia.

La explicación a eso, según fuentes de la zona que hablaron con INTERFERENCIA, es que ella tiene “santos en la corte”: es nuera de María Leonor Sanhueza Ojeda, ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, quien presidió dicha instancia en 2008.

Justamente es la Corte de Concepción la que define la terna propuesta al fiscal nacional para determinar quien lidera la Fiscalía Regional. Si bien la ministra Ojeda se inhabilitó durante la postulación de Cartagena, las fuentes judiciales del Bío Bío aseguran que esa cercanía influyó en la decisión.

Entre abogados del Bío Bío siempre ha causado suspicacia el hecho de que Cartagena haya sido designada fiscal regional en su primera postulación, en 2018, pese a que habían candidatos con mayor experiencia.

Desde que asumió la máxima jefatura del Ministerio Público en el Bío Bío, la abogada debió enfrentarse a un panorama complejo. En particular, su jurisdicción está a cargo de investigar los casos de violencia que ocurren en la Provincia de Arauco, y es a raíz de esto que surgen críticas a su labor. “A cargo de estos casos sólo está dedicado el fiscal Juan Yáñez y ni siquiera tiene un ayudante”, señala una fuente que conoce la interna del organismo.

Por otro lado, un funcionario de la Fiscalía, quien solicitó resguardo de su identidad por temor a represalias, afirma que Cartagena y su entorno es conocida por varios casos de mal ambiente laboral, aunque estos no hayan sido judicializados. “Tiene un estilo como de dueña de fundo, como muchos fiscales en regiones”, agrega el funcionario. 

Otros casos investigados por Cartagena

La fiscal Marcela Cartagena fue electa en junio de 2018 como fiscal regional y comenzó a ejercer en agosto de ese año, por lo que este 2021 cumple su tercer año en el cargo. Sin embargo, no ha estado exenta de polémicas. Por ejemplo, es conocida entre abogados penquistas por no haberse dedicado a causas complejas mientras era fiscal adjunta, enfocándose en delitos de hurto flagrante, que eran fáciles a la hora de conseguir una condena.

Pero lógicamente, a la hora de asumir la Fiscalía Regional del Bío Bío llegó la complejidad.

A finales de ese año, los abogados de ENAP en una investigación a cargo de Cartagena, sobre contaminación provocada por la empresa, solicitaron inhabilitar a la fiscal regional, quien investiga casos de contaminación en Quintero y Puchuncaví y en Talcahuano. Tanto el abogado de la empresa como de directivos de la estatal. indicaron que el marido de Cartagena, Álvaro Sepúlveda Sanhueza, es asesor externo de Enap Refinerías S.A., lo que podría constituir conflicto de intereses. Sepúlveda también representaba a Enap Refinerías S.A. en diversos juicios a lo largo de Chile.

A finales de ese año, los abogados de ENAP en una investigación a cargo de Cartagena, sobre contaminación provocada por la empresa, solicitaron inhabilitar a la fiscal regional.

Tras la polémica, en enero de 2019, la fiscal recibió un espaldarazo del fiscal nacional, Jotge Abbott, quien confirmó la permanencia de la fiscal en la investigación, por lo que consideró que "no existen antecedentes que den cuenta [de conflicto de intereses ni de que el marido de la fiscal pudiese intervenir en el caso]".

Cartagena estuvo a cargo de diversas investigaciones en torno a supuestos delitos y saqueos cometidos durante las manifestaciones del estallido social. En el proceso  ordenó allanamientos y 27 detenciones, los primeros días posteriores al 18 de octubre. 

También ordenó la detención del militar que disparó a un joven en la plaza Carlos Condell, también en los primeros días de manifestaciones, en Concepción. Disparo que quedó registrado en un video, que dio vueltas en las redes sociales.

En septiembre de 2020, la fiscal regional decidió no perseverar en la investigación por el caso de eventual corrupción y soborno, conocido como caso Asipes. Según varias investigaciones, entre ellas un reportaje de Ciper, en variadas ocasiones la empresa Asipes, había dictado, casi textualmente, qué decir y cómo votar en la ley de pesca, conocida como ley Longueira, a políticos, entre ellos la parlamentaria de la región del Bío Bio, Jacqueline van Rysselberghe, Cristián Campos, Frank Sauerbaum  y el exgerente de la agrupación de industriales pesqueros, Luis Felipe Moncada.

El caso incluía un depósito del ex gerente de Asipes al entonces intendente de la región, Jorge Ulloa, quien no estaba imputado en el caso. A pesar de las pruebas presentadas en la investigación, la fiscal decidió no perseverar en el caso. 

En febrero del año pasado, la fiscal formalizó a Víctor Estrada Avendaño, exgerente de MV Clinical, y a José Bauerle Madariaga, exgerente de Finanzas de Isapre Masvida, por estafas reiteradas. Los ex funcionarios causaron un perjuicio a la isapre de cerca de 2 mil millones de pesos.

En septiembre de 2020, la fiscal regional decidió no perseverar en la investigación por el caso de eventual corrupción y soborno, conocido como caso Asipes.

Otro caso abierto por la fiscal es el de presuntos abusos sexuales cometidos por el ex-obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, causa que se cerró por sobreseimiento.

En septiembre del 2020, Marcela Cartagena quedó a cargo de la investigación en contra del ex secretario del Senado y ex fiscal, Raúl Guzmán, por atentar en contra de la salud pública al asistir a un almuerzo junto a otras personas, en un restaurante en San Miguel, mientras estaba establecida la cuarentena.