Ayer debió publicarse en el diario oficial el llamado a concurso para uno de los cupos que le corresponde a la Corte Suprema en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no apareció nada.

“Se nota que se está trabajando a toda máquina para consensuar un nombre”, afirma un abogado conocedor de estos procesos de nominación. “¿Cuándo la Corte Suprema se ha olvidado de publicar un concurso en la fecha prometida?”, se pregunta este jurista.

Y así parece ser. Según varias fuentes judiciales y políticas consultadas por este medio, se ha desatado un intenso lobby tanto dentro de las salas -ahora virtuales- del máximo tribunal, como en los pasillos del Ministerio de Justicia y La Moneda, para instalar a un nombre en el cupo que podría quedar disponible a partir del 13 de junio: Raúl Mera, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y un juez que ya lleva dos intentos fallidos de acceder a la Corte Suprema.

Si bien el gobierno y muchos ministros de la Suprema coinciden en su nombre, las razones para apoyar a Raúl Mera no son las mismas.

El ministro Hernán Larraín ha desplegado toda su influencia para convencer a los supremos de dar luz verde a esta operación. Su hombre de punta en esta iniciativa es, como siempre, Héctor Mery.

Por el lado del máximo tribunal, colocar a Mera en el Tribunal Constitucional sería una suerte de premio de consuelo para este magistrado que lleva más de cuatro décadas en el poder judicial y que ha naufragado en su intento por llegar a la Corte Suprema. En agosto del año pasado formó parte de la quina que la Suprema propuso al gobierno y, este a su vez, propuso al Senado. Pero su postulación se estrelló por un solo voto en la cámara alta, en medio de cuestionamientos por polémicos fallos en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.

A comienzos de abril, la Corte Suprema volvió a proponerlo en una quina para un nuevo cupo que se liberó tras el fallecimiento en enero del magistrado Carlos Aránguiz. Raúl Mera fue el juez que obtuvo más votos, con diez preferencias en el pleno. Sin embargo, dada la polémica anterior y con un gobierno aún más debilitado que hace un año, es poco probable que La Moneda ponga nuevamente su nombre a votación en el Senado. Una carta más probable de esa quina, aseguraban fuentes del mundo político, es la jueza María Teresa Letelier, que estuvo entre los cuatro magistrados más votados y que ejerce como profesora de Derecho en la Escuela de Carabineros. Letelier fue efectivamente la escogida de La Moneda.

El próximo cupo en el tribunal se abre en septiembre. Pero siguiendo los acuerdos políticos tradicionales en estas nominaciones, es el turno de la oposición para nombrar a un nuevo integrante. “Ahí las chances de Mera de llegar a la Suprema son igual a cero”, comenta una persona que participa de estas negociaciones.

En este contexto un pasaje directo al Tribunal Constitucional -por un período de ocho años- podría ser un camino atractivo para este juez de 65 años, pese a que aún le quedan 10 años antes de cumplir la edad obligatoria para jubilar en el poder judicial. Esto a pesar de la incertidumbre que rodea el futuro de ese tribunal que bien podría desaparecer o sufrir fuertes modificaciones en una nueva Constitución.

Mery no está solo en su lobby y sumó a sus esfuerzos a Juan Cristóbal Mera, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y hermano del propio Raúl Mera.

En el máximo tribunal ya hay varias ministras y ministros que se habrían inclinado a favor de Mera para integrar el máximo tribunal, entre ellos el magistrado Mario Carroza, a quienes varias fuentes sindican como el ‘jefe de campaña’ del juez de Valparaíso.

Y es probable, aseguran estas fuentes, que varios de los 10 jueces que votaron a favor de él para la última quina, lo vuelvan a hacer ahora.

El lobby del gobierno

Lo que desde la óptica de la Corte Suprema puede ser un premio de consuelo, desde la mirada de La Moneda parece ser una necesidad política.

Tras la dura derrota que el gobierno sufrió en el Tribunal Constitucional por el tercer retiro de los fondos de pensiones, La Moneda necesita recuperar su frágil mayoría en esa institución. Raúl Mera entraría en el cupo que actualmente tiene el ministro Rodrigo Pica, ex secretario ejecutivo de ese tribunal, que en marzo de 2020 se sumó al estrado para terminar el período de Domingo Hernández que cumplió 75 años.

No está claro si Pica busca quedarse en su puesto. De todos modos no cuenta con las redes de Mera en la Corte Suprema, ni con la simpatía del gobierno, ya que casi nunca ha votado a favor del Ejecutivo. “Con Mera pueden reordenar el naipe y recuperar la mano que perdieron”, afirma un abogado al tanto de las tratativas bajo cuerda.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha desplegado toda su influencia para convencer a los supremos de dar luz verde a la operación. Como en casi todas las nominaciones judiciales, el hombre de punta en esta iniciativa es su brazo derecho Héctor Mery. “Muchos ministros y también ministras han recibido sus llamadas en los últimos 10 días”, afirma una fuente al tanto.

Un pasaje directo al TC -por un período de ocho años- podría ser un camino atractivo para este juez de 65 años, pese a la incertidumbre sobre el futuro de ese tribunal.

Pero esta vez Mery no está solo. Según supo INTERFERENCIA, el asesor de Larraín también sumó a un lugarteniente en el propio poder judicial para intensificar el lobby. Se trata de Juan Cristóbal Mera, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y hermano de Raúl Mera. “Ha llamado a varios ministros de la Suprema para que voten a favor de que su hermano integre el Tribunal Constitucional”, asegura la misma fuente.

Juan Cristóbal Mera fue uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que en abril del año pasado revocó varias sentencias y rebajó las penas a 17 militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Uno de los beneficiados fue Pedro Espinoza, ex director operativo de la DINA.

En 2014 Juan Cristóbal Mera fue uno de tres ministros de la Corte de Apelaciones sancionados de oficio por la tercera sala de la Corte Suprema por desobedecer una orden del Tribunal Constitucional, según informó en la época The Clinic.

El temor ante La Haya

Detrás de la operación de instalar a Raúl Mera en el Tribunal Constitucional también hay un diseño estratégico que busca blindar a altos personeros del actual gobierno ante demandas internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019.

De hecho, tal como dio a conocer Ciper, el juez español Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otros, pidieron hace una semana a la Corte Penal Internacional investigar e iniciar un juicio al presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles y policiales por los hechos ocurridos durante el estallido social.

Las acciones legales internacionales no es algo que haya pasado inadvertido en La Moneda.

Las acciones legales que podría encarar el mandatario y varios altos funcionarios no es algo que haya pasado inadvertido en La Moneda. En mayo del año pasado, el gobierno presentó un proyecto de ley que podría transformar por completo el compromiso de Chile con el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional. Como informó INTERFERENCIA en el artículo “Piñera presenta proyecto de ley para blindarse ante la justicia internacional por violaciones a los DD.HH." una de las principales modificaciones que se propusieron es dejar en manos de autoridades políticas, en vez del Ministerio Público, el accionar en Chile de ese tribunal.

En el caso que el tribunal con sede en La Haya acoja la acusación y pidiera a futuro la extradición de presuntos culpables, esta última petición debería ser aprobada o rechazada por la Corte Suprema. Al gobierno de Piñera todavía le quedan tres nominaciones al máximo tribunal y, una vez que salga del palacio presidencial, un total de 14 de los 21 ministros habrán sido nombrados por él en sus dos períodos presidenciales.

¿Y qué pasa si en un caso hipotético la Corte Suprema aprobara la extradición de chilenos? “En ese caso hay que declararlo inconstitucional y para eso necesitan al Tribunal Constitucional”, afirma un personero político con amplios conocimientos en esta materia. “Por eso se están esforzando tanto con llevar a Raúl Mera”, afirma. “Necesitan blindarse en todos los frentes”.

El que mejor sabe esto es el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín. Desde hace años una comisión parlamentaria en Alemania investiga los nexos de los colaboradores civiles de la dictadura con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Colonia Dignidad. En más de una ocasión se pidió a Larraín que entregara su testimonio, pero este ha guardado silencio.