En la sesión del lunes, representantes de la pesca industrial del Bío Bío, y de distintas regiones del país, llegaron hasta la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, para reclamar contra el proyecto de Ley del Fraccionamiento de recursos marinos.

Lo anterior, tras la decisión del Ejecutivo de legislar este punto -que reparte entre los industriales y los artesanales una amplia variedad de peces en diversas zonas del país- de forma separada a la Ley de Pesca para tramitarlo con sentido de urgencia.

“Tenemos como sector productivo de regiones una crítica muy profunda a la forma y el fondo de cómo se está tramitando la nueva Ley de Pesca. Se busca un logro político más que una regulación justa y equitativa” señaló la presidenta de Pescadores Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda Godoy, tras participar en la instancia. 

El gremio industrial pesquero de la zona viene de ser recientemente cuestionado por su vinculación a millonarias transferencias en el marco del Caso Audios, tal como dio a conocer Interferencia.

En la instancia, Cepeda desistió de hacer una presentación técnica y jurídica para intentar explicar y defender los puntos de vista del sector pesquero industrial de la zona centro sur y se limitó a leer una carta a los parlamentarios presentes. 

En la instancia, la presidenta de Pescadores Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda, desistió de hacer una presentación técnica y jurídica para intentar explicar y defender los puntos de vista del sector pesquero industrial de la zona centro sur y se limitó a leer una carta a los parlamentarios presentes.

Entre sus argumentos, la ejecutiva gremial apuntó que “romper los fraccionamientos vigentes no solo es un problema jurídico mayor, sino que, al aumentar la porción artesanal, particularmente en el caso del jurel, este tiene como destino la fabricación de harina de pescado y no los alimentos que incorporan mayor valor agregado y alta demanda de mano de obra. Es decir, significaría un retroceso para la industria de alimentos ligada a la pesca en la misma región que se busca impulsar esta actividad. Un verdadero contrasentido”.

En ese sentido, Cepeda en su misiva también se refirió a que es un “problema jurídico mayor” cambiar las cuotas de extracción, que por vía de la cuestionada Ley de Pesca actual van hasta el 2032. A la vez, comentó que el gobierno vino a cambiar las reglas del juego, quitándoles “seguridad jurídica”.

Al respecto, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, comentó que “me preocupa la estrategia que vuelvo a escuchar por parte de los gremios de la industria porque no es una estrategia distinta a la que escuchamos en relación a la discusión de la nueva ley de pesca:  que nada cambie o, por decirlo de una manera más elegante, a lo menos que no la cambie este Parlamento”

En esa línea, Salas indicó que “queremos que se recupere la reputación de la actividad pesquera y particularmente la reputación de la actividad pesquera industrial, pero no se recupera con campañas comunicacionales millonarias en los canales de televisión, sino que con una norma que recupere la confianza en la legislación pesquera. Eso es lo que tenemos que hacer y es a lo que estamos abocados”.

Sobre la inconstitucionalidad acusada por el gremio industrial, el subsecretario manifestó que “esto es una estrategia que ya oímos y que es evidentemente fallida. Entonces me gustaría invitar a los actores de la industria que pensemos en otra forma de allegarnos a la conversación porque esta Cámara de Diputados ya votó hace un año y medio atrás la nulidad de la Ley de Pesca y la votó en esta comisión y en sala (…) También el Senado ya votó incluso antes, en la administración del gobierno del Presidente Piñera, la llamada ‘Ley Corta’ que establecía el 100% de las licitaciones y, por lo tanto, que afectaba completamente los porcentajes de las LTP-A. Y fue votado en la comisión de Pesca y en la comisión de Hacienda…”

“Volver a una estrategia que a lo que nos lleva es a la conversación de “en realidad lo que queremos es que nada cambie”, creo que es una estrategia fallida para los gremios de la industria, que le hace un flaco favor a la regulación de la actividad en el largo plazo. A nosotros nos interesa que la industria se desarrolle, que la industria crezca, queremos que particularmente la pesquería del jurel se desarrolle y crezca”, apuntó el subsecretario de Pesca, Julio Salas.

“Entonces este mismo argumento de la constitucionalidad ya se ha resuelto en ambas Cámaras en dos momentos distintos. Es más, todos los años aprobamos el proyecto de remanentes, que lo que hace es cambiar de un año para otro la cantidad que pesca el sector artesanal y por lo tanto, en la práctica, cambia la proporción que saca el sector artesanal sobre su fracción… y nadie discute al respecto”, sostuvo. 

Por ello, reiteró que “volver a una estrategia que a lo que nos lleva es a la conversación de “en realidad lo que queremos es que nada cambie”, creo que es una estrategia fallida para los gremios de la industria, que le hace un flaco favor a la regulación de la actividad en el largo plazo. A nosotros nos interesa que la industria se desarrolle, que la industria crezca, queremos que particularmente la pesquería del jurel se desarrolle y crezca”.

Finalmente, apuntó a que el espíritu de la iniciativa “requiere reglas del juego que generen confianza y credibilidad para todos. Y la confianza y credibilidad para todos pasa por una Ley de Pesca y por una norma de Fraccionamiento que no sea un contrato entre particulares, sino que sea fruto de una discusión del soberano en la casa legislativa, que es este Parlamento”.