El Presidente José Antonio Kast removió este viernes 30 de octubre a Luis Silva Irarrázaval, militante del Partido Republicano, de la Subsecretaría de Justicia. En su lugar nombró a la abogada Josefina Soto Larreátegui. Es la primera autoridad que cae por los 56 decretos que redujeron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

La salida no apagó el incendio. Ese mismo viernes, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación contra Rabat y Silva por presunta prevaricación administrativa, y la oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro que podría sumar votos oficialistas. Para buena parte del arco político, el Gobierno sacrificó al subsecretario por desleal, no por las rebajas, y la cuenta pendiente sigue siendo Rabat.

El video que selló su salida

El jueves 29, mientras Kast insistía en que el debate no era sobre una persona, Silva rompió su silencio con un video en su cuenta de Instagram, @elprofesorsilva. "Yo aparezco firmando algunos de esos decretos y quiero explicar por qué", partió. Reconoció la indignación ciudadana, habló de crímenes horribles y aseguró que ni él ni el ministro buscaban que los condenados salieran un día antes de tiempo.

El núcleo del mensaje, sin embargo, apuntaba hacia arriba. Silva relató que al llegar al ministerio rechazaron solicitudes, varias de ellas con su firma, pero que fallos de la Suprema los obligaron a revertirlas, igual que había ocurrido en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, dijo, fue el ministro quien decidió ajustar el criterio jurídico. Explicó su firma por la subrogancia: los decretos corresponden al titular, pero cuando este se ausenta firma el subsecretario, aplicando el criterio fijado por el ministro. "Y eso fue lo que hice", remató. Cerró admitiendo que el Estado había fallado y que quedaban preguntas sin responder.

La pieza no había pasado por Rabat ni por Palacio, donde provocó sorpresa e indignación. Tampoco cayó bien en su propio partido: en chats de dirigentes republicanos se comentó que Silva había buscado defenderse a sí mismo a costa del ministro. En Chile Vamos fue peor. Evelyn Matthei dijo que culpar a otros era "de las cosas más feas que me ha tocado ver", el exministro Cristián Monckeberg advirtió señales de desorden en el equipo de gobierno y el senador Andrés Longton (RN) pidió a Silva aclarar sus dichos.

El viernes por la mañana, de pie junto a Rabat tras una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Silva defendió que solo buscaba informar a la ciudadanía y admitió que no pidió autorización: "no estimé necesario consultarlo con el ministro". Aseguró que trabajaba estrechamente con Rabat y que seguirían juntos. Horas después estaba fuera del Gobierno. El senador Rojo Edwards respaldó la decisión y le reprochó una "falta de lealtad" con su superior, mientras Rabat, ya sin subsecretario, le agradeció su compromiso y lealtad. 

"No puede ser el fusible"

Las reacciones opositoras llegaron minutos después y coincidieron en un punto: Silva cayó por el video, no por los decretos. El presidente del PPD, Raúl Soto, calificó la salida de "insuficiente", porque el principal responsable sigue en el gabinete con el respaldo de Kast. El diputado socialista Juan Santana valoró la remoción, pero advirtió que "el gobierno no puede usar a Silva como fusible para salvar al ministro Rabat".

La senadora socialista Daniella Cicardini criticó que lo echaran por subir un video sin permiso y no por las rebajas, y emplazó al Mandatario: "Presidente Kast asuma la responsabilidad y saque a Rabat". En la misma línea, el diputado Gustavo Gatica contrastó la rapidez del Gobierno para cuidar la imagen de un ministro con su lentitud para proteger a los niños; la frenteamplista Emilia Schneider atribuyó la salida a la deslealtad de Silva y al desorden interno del Ejecutivo, y pidió a Kast entregar la información y la renuncia de Rabat; y su compañera de bancada Gael Yeomans ironizó con que al Presidente parece importarle más el video que las rebajas.

El comunista Luis Cuello, que junto a Santana presentó la denuncia que hoy investiga el fiscal regional Francisco Jacir con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, sostuvo que el ministro infringió la norma de manera expresa: "tenía que obedecer la ley y no lo hizo". Ya el miércoles, el jefe de la bancada DC, Jorge Díaz, había advertido en Emol que ni Rabat ni Silva podían seguir en sus cargos y que el caso ameritaba una acusación constitucional.

Ese libelo se ingresaría la próxima semana y sería el primero contra un ministro de Kast, que según La Tercera ha llamado personalmente a parlamentarios para blindarlo. La opinión pública tampoco acompaña al ministro: una encuesta Cadem mostró que el 79% cree que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos. La Moneda insiste en que no hay causales para acusarlo.

La derecha, dividida por Rabat

El caso abrió la grieta más profunda del oficialismo desde marzo. Kast decidió sostener al ministro, Chile Vamos lo cuestiona en público y el Partido Republicano acusa a sus socios de deslealtad, aunque las directivas de RN y la UDI no han exigido institucionalmente su remoción.

Las primeras voces oficialistas contra Rabat se escucharon temprano. El lunes 26, Rojo Edwards lo emplazó a renunciar porque la magnitud del error es muy grande. Al día siguiente se sumaron los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI); Sabat habló de un "error garrafal". La diputada Macarena Santelices (independiente-UDI) anticipó que la salida del ministro es inminente y describió la crisis como un incendio sin vuelta atrás. En la votación del miércoles, Hotuiti Teao y Marlene Pérez apoyaron la resolución, y entre quienes se abstuvieron estuvieron Ximena Ossandón (RN), la jefa de bancada UDI, Flor Weisse, y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Los republicanos respondieron con dureza. Su secretario general, Vicente Bruna, lamentó el "fuego amigo" y pidió que las críticas se hicieran en privado; el diputado Alejandro Riquelme reprochó a Chile Vamos pedir cargos y después cuestionar al gabinete, y el jefe de bancada, Benjamín Moreno, criticó la rapidez con que algunos aliados fijaron posición. Con todo, La Tercera consignó que hay republicanos que en privado reconocen que la salida de Rabat sería necesaria para aminorar la crisis.

La UDI no se quedó callada. Weisse acusó a sus aliados de que "confunden lealtad con ceguera política", y los diputados Marco Antonio Sulantay, Mario Olavarría y Natalia Romero emplazaron a Republicanos a decir derechamente si quieren que la UDI abandone el Gobierno. Ramírez optó por un tono más cauto y pidió dejar que el ministro se defienda antes de decidir. En RN, el senador Longton renunció a la subjefatura de su bancada por diferencias con la conducción en torno a la petición de salida del ministro.

El video de Silva cayó justo en medio de esa pugna. Para Chile Vamos fue la prueba del desorden en Justicia; para Republicanos, una herida autoinfligida de uno de los suyos. Para la oposición, apenas la confirmación de que el Gobierno estaba dispuesto a entregar al subsecretario para conservar al ministro. Con Silva fuera, la pregunta que queda abierta es la misma que se instaló el 21 de octubre: quién responde por los 56 decretos.