Una evidente detención en la compra de tierras indígenas durante los mandatos de Sebastián Piñera quedó al descubierto en medio del trabajo de los asesores de la ministra del Interior, Izkia Siches, mientras elaboraban el borrador del Plan Wallmapu que busca impulsar el gobierno de Gabriel Boric.

La demanda de tierras reclamadas como ancestrales es el eje central de la denominada “deuda histórica” del Estado con el Pueblo Mapuche, solicitud que, hasta ahora, está a cargo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y que nació según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Indígena.

Dicho Fondo, tiene entre sus objetivos “otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas o comunidades Indígenas”; “financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales”, y “financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso”.

El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y que nació según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Indígena, debe financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras.

INTERFERENCIA anteriormente había informado acerca de la baja ejecución del presupuesto del Fondo de Tierras en compra de predios para indígenas en 2020, así como la disminución en un 19% el presupuesto para compra de tierras indígenas en 2021. Además, nuestro medio publicó que la Contraloría muestra graves fallas en el registro de Conadi: Se entregó ayuda por pandemia a 1.500 personas no inscritas y a 132 fallecidas.

A ello, se suman los datos de un borrador del plan Wallmapu del actual gobierno, confeccionado en febrero a los que accedió Interferencia. Según este documento, durante los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera, hubo una significativa disminución del presupuesto y ejecución del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de Conadi. La entidad, dirigida desde 2019 por el abogado, Ignacio Malig, en 2018, de un total de 78 mil millones ejecutó cerca 77 millones de pesos, sin embargo, los siguientes tres años, se ve una clara baja.

En 2019, de un total de 74 mil millones, se ejecutaron cerca de 50 mil millones; en 2020 de 76 mil millones, se gastaron 18 mil millones, mientras que en 2021, de 63 mil millones se ejecutaron 39 mil millones. 

El documento además indica que “el Fondo de Tierras y Aguas es la glosa presupuestaria con mayor cantidad de recursos de CONADI. El presupuesto del Fondo ha sufrido un aumento presupuestario considerable desde su creación. Para este año, se consideran cerca de 66 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de cerca del 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, este presupuesto en la gran mayoría de los casos se encuentra sub-ejecutado, siendo particular esta situación en los Gobiernos de derechas de los últimos 10 años”.

Esto se debe a que en el primer gobierno de Sebastián Piñera también hay bajas ejecuciones en el Fondo, por ejemplo, en 2010 de 39 mil millones, solo se gastaron 12 mil millones de pesos.

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La “aplicabilidad” de Conadi y las largas esperas

La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien la semana pasada asumió la coordinación interministerial de la zona a pedido de su par de Interior, Izkia Siches, dijo en CNN respecto al conflicto territorial que “la disminución de compra de tierras tuvo una baja significativa en los cuatro años previos“. “Nuestro objetivo es reactivar el proceso de compra de tierras (…) Es un proceso de negociación complejo, tiene múltiples aristas e intereses que nos siempre están alienados”, añadió.

En ese sentido, la consejera Ana Llao indicó a INTERFERENCIA que durante un foro organizado por la Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche (AMCAM) señaló que hay casi 800 comunidades que están en la lista con aplicabilidad para que les compren tierras. "Comunidades que tienen aplicabilidad, están cansadas de esperar, por eso muchas veces la vía ha sido la recuperación del territorio ancestral”.

Las comunidades que optan por la vía institucional para la restitución territorial, deben solicitar un reconocimiento de “aplicabilidad” a Conadi, en un proceso en el que deben presentarse distintos antecedentes para ser evaluados.

Ana Llao se refiere a que las comunidades que optan por la vía institucional para la restitución territorial, deben solicitar un reconocimiento de “aplicabilidad” a Conadi, en un proceso en el que deben presentarse distintos antecedentes para ser evaluados. Si es que la entidad estatal les reconoce el derecho territorial, da el vamos a la compra de tierras por parte del Estado para su devolución o compra, precisamente a través del Fondo de Tierras y Aguas.

A su vez, comenta que como consejera, junto a sus pares, han solicitado a Conadi los informes de presupuestos, los cuales aún no han sido entregados. “Tenemos que asumir esta responsabilidad, es preocupante la situación, y nos está preocupando la lentitud de este gobierno, porque tenemos que pedir el incremento del presupuesto para el 2023”.

Sobre este tema, el presidente Gabriel Boric, señaló en medio de su visita a la región de Coquimbo donde repudió el  ataque armado en Ercilla, que cambiará la política respecto a la compra de tierras, “para poder dar una solución y una descompresión del conflicto en función de las legítimas demandas del pueblo mapuche. Pero quienes actúan por la vía de la violencia, no van a avanzar. Ese no es nuestro camino".