Actualmente, el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece que esta es una institución policial técnica y de carácter militar que tiene la finalidad de mantener el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional. Esta definición militar ha significado una particular formación para los integrantes de la institución, la cual ha sido protagonista de una masiva cantidad de violaciones a los derechos humanos a lo largo de su existencia, y particularmente en la historia más reciente, con el estallido social.

El problema que significa definir a las policías encargadas de mantener el orden público como instituciones de carácter militar radica en que éstas están formadas para considerar a la población o parte de ella como potenciales amenazas, lo que en la práctica se refleja en acciones policiales con mayores índices de violencia que muchas veces se transforman en violaciones a los derechos humanos.

Esto último se ha podido apreciar durante los últimos 30 años en el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. En noviembre de 2018, el joven mapuche Camilo Catrillanca fue asesinado en la comunidad de Temucuicui al recibir una bala disparada por el sargento Carlos Alarcón. El grupo de Carabineros involucrados en la operación eran parte del Comando Jungla, un equipo especializado de la institución que había recibido entrenamiento militar en Colombia, donde la Policía Nacional posee una unidad de operaciones especializadas en combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 

Lo cierto es que además del asesinato de Catrillanca, los habitantes de la zona donde operaba el Comando Jungla ya habían denunciado con anterioridad el uso excesivo de la fuerza en sus procedimientos. 

Las instituciones policiales de carácter militares están formadas para considerar a la población en potenciales amenazas, lo que en la práctica se refleja en acciones policiales con mayores índices de violencia que muchas veces se transforman en violaciones a los derechos humanos.

Según se registró entonces, desde que este equipo especializado de carabineros comenzó a operar, los hechos de violencia aumentaron, reflejando lo planteado por expertos como el abogado Pascual Cortés, quien en una columna publicada en Ciper aseguró que “la militarización desdibuja la línea divisoria entre dos formas de coerción estatal que deben mantenerse separadas (la policía civil y las FF.AA.)”.

A raíz de estos antecedentes es que la discusión sobre reformar o eliminar la institución de Carabineros ha ocupado parte importante de la agenda pública, lo cual fue considerado por la Convención al momento de establecer en su propuesta de nueva Constitución las normas básicas bajo las cuales operarán las policías.

Si bien el texto elaborado por la Convención no habla de Carabineros particularmente, el artículo 89 del borrador que establece las bases de las policías propone que estas “dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”. 

La norma también propone que las policías serán profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, es decir, que los integrantes de estas instituciones no podrán pertenecer a partidos políticos, postularse a cargos de elección popular o asociarse en organizaciones sindicales. Además, se establece que el ingreso y formación a las instituciones policiales será gratuito y no discriminatorio.

Estas medidas garantizan que las policías tendrán las atribuciones como para garantizar el orden público y la persecución de delitos. 

Un carácter civil, además, evitará la rigidez en la cadena de mando, en la cual imperan las decisiones bajo lógicas jerárquicas -en dinámicas de ascensos e incentivos basados en el rango- y no necesariamente técnicas, siendo que profesionales de menor rango muchas veces están más cualificados para tomar determinaciones en casos de su incumbencia profesional, que sus superiores.

Asimismo, la autoridad policial no tiene por qué verse mermada. En particular las violaciones a los derechos humanos, la sanción social por esto, y la mentalidad policial de pertenecer a una categoría diferente a los civiles, formando cámaras de eco entre los uniformados, ha contribuido a reemplazar la autoridad de Carabineros, por el temor y resentimiento hacia la institución por parte importante de la población. Una policía civil, podría tejer mejores redes comunitarias, pues sería parte de ellas.  

Las decisiones de la Convención en su contexto histórico

El origen de Carabineros se remonta a 1927, cuando Carlos Ibañez del Campo creó la institución basándose en la policía militarizada italiana, que también tiene similitudes con la Guardia Civil española o con la Gendarmería Nacional argentina. Entonces, Ibañez fusionó la rama de Carabineros del Ejército, con varias otras policías locales -como los Dragones de la Reina- para dar paso a un primer organismo de presencia nacional que tuvo el monopolio de la fuerza y el control del orden público en el país.

La propuesta de nueva Constitución busca establecer en el texto fundamental que las policías ya no tendrán un carácter militar, para ajustarse, de esta forma, a los estándares internacionales respecto al rol de las policías y la relación con la población civil ,y -en consecuencia-, impactar al nivel de la cultura institucional.

La norma también propone que las policías serán profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, es decir, que los integrantes de estas instituciones no podrán pertenecer a partidos políticos, postularse a cargos de elección popular o asociarse en organizaciones sindicales..

La institución de Carabineros de Chile ha estado bajo la lupa internacional por la sistemática violación a los derechos humanos perpetrados por sus funcionarios durante el estallido social, cuyos antecendentes se remontan a la dictadura militar y la posterior transición a la democracia. 

Según el Mapa de violaciones a los derechos humanos realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 17 de octubre de 2019 y el 15 de marzo de 2020, se registraron sobre 4.000 hechos vulneratorios, siendo las golpizas, disparos y los desnudamientos las acciones más denunciadas por las víctimas.

Además, las estadísticas señalan que el 93% de esas denuncias se realizaron contra funcionarios de Carabineros, el 4% contra el Ejército, el 2% contra la PDI y el 1% contra Gendarmería. 

El carácter militar de las policías está relacionado con su diseño institucional, lo cual influye en su organización, autonomía y cómo se establece la cadena de mando. Esta definición no sólo contribuye al aumento de las violaciones a los derechos humanos, sino que además provoca la deslegitimación de las instituciones policiales, deteriorando en cadena la labor de sus funcionarios. 

A partir de las protestas de octubre de 2019, se han registrado unos 460 casos de traumas oculares, según han señalado la Fundación Los Ojos de Chile y el INDH. La práctica de Carabineros de mutilar a los manifestantes se dio en un contexto en el cual la policía utilizó armamento no letal indiscriminadamente, sin seguir los propios protocolos de la institución, sin corregir ante la evidencia, y donde los funcionarios responsables recibieron casi nulas consecuencias. 

En ese sentido, el nuevo texto constitucional propone que las policías “deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución”.

El carácter militar de las policías está relacionado con su diseño institucional, lo cual influye en su organización, autonomía y cómo se establece la cadena de mando.

En una columna del convencional socialista Ricardo Montero y Pablo Contreras, publicada en Ciper en enero de 2020, se señala que la gran autonomía con la que cuenta Carabineros es parte fundamental del problema que contiene la institución. Esta autonomía se la atribuye “el marco normativo constitucional y legal orgánico constitucional vigente, al regular la relación entre la autoridad civil y la institución policial”, señalan los autores.

En esa línea, Cortés señaló en su columna que “una policía militarizada no es la mejor preparada para promover una idea de seguridad democrática, sino que favorece más bien una idea de seguridad basada en la fragmentación, la ansiedad y el temor hacia múltiples amenazas y enemigos internos”.

Según el abogado, la militarización refleja la debilidad de autoridad de los estados y de “la incapacidad para hacernos cargo democráticamente de las políticas de seguridad”.