Ecuador vive una inédita ola de violencia carcelaria que ha dejado 413 reos muertos y truculentas imágenes que se asocian a las peores prácticas del narcotráfico, la industria más famosa y tenebrosa de América Latina, y que parece haberse tomado un nuevo país. 

Entre el 23 de febrero de 2021 y el pasado 18 de noviembre, Ecuador registra once masacres carcelarias en siete recintos penales en seis ciudades a lo largo y ancho de este pequeño país sudamericano de la costa Pacífico, que cuenta con 17,8 millones de habitantes.

La ciudad más afectada es Guayaquil, la más poblada del país (2,7 millones) y el principal puerto ecuatoriano, que cuenta con la Penitenciaría del Litoral, la prisión más peligrosa del país, y donde se ha producido más de la mitad de las muertes (214).

Pero, el fenómeno está lejos de estar circunscrito a las cuatro paredes de dicho centro penitencial, De hecho, las dos más recientes masacres se produjeron este noviembre en la Cárcel de El Inca, la capital ecuatoriana, enclavada en los Andes, con 2 millones de habitantes, y que se suponía más alejada de los fenómenos de violencia y narcotráfico que se asociaban al litoral. En total, suman 15 muertos. 

En común, todas las masacres ocurren por disputas entre los reos que pertenecen a bandas rivales, como efecto de la disputa de los territorios para el acopio y distribución de drogas ilegales especialmente para los grandes carteles mexicanos, y la ausencia casi total del Estado, que perdió el control de las cárceles del país, como pasó en Brasil ¿Perderá también el control de los territorios?

Ante esta situación, INTERFERENCIA conversó vía Zoom con Santiago Machuca, un abogado quiteño experto constitucionalista, que por estos días ha girado su interés hacia la promoción de los derechos humanos y el análisis institucional de lo que pasa en Ecuador con la penetración del narco. 

- ¿Cómo ve la situación de seguridad general de Ecuador en el corto plazo?

La situación es absolutamente complicada porque algo así no habíamos vivido en nuestra historia republicana. Hay similitudes ahora con la vecina Colombia o con México, pero son situaciones que eran impensables; como que haya un coche bomba, agresiones a cuarteles policiales, asesinatos de policías, el sicariato que aumenta o que comienzas a ver cadáveres colgados en los puentes de Guayaquil o de las provincias de litoral ecuatoriano.

Esto empieza a recrudecer, específicamente a partir del año 2021, con focos de violencia en el sistema penitenciario, que se sale de control porque empiezan a haber disputas por quién controla los principales centros penitenciarios de la sierra centro, sierra sur y del litoral. Entonces, empieza el Estado a perder el control de los centros de rehabilitación social del Ecuador.

Se empiezan así a producir disputas entre las bandas, que no son bandas de delincuencia común, sino son organizaciones encargadas de servir como una especie de operarios en el transporte de los cargamentos de drogas de los grandes carteles mexicanos.

Específicamente Ecuador pasa de ser un país de tránsito a ser un país de acopio, pero también -al ser una bodega- comienza a encargarse de la distribución de la droga a todas las partes del mundo. Entonces ahí los grandes carteles internacionales empalman con las bandas locales, las cuales les permiten el custodio y el traslado de la droga hacia los principales destinos internacionales.

"No son solo los puertos, porque la droga sale a altamar por todo el perfil del litoral, es decir, tienes pequeñas embarcaciones que salen desde pequeñas playas a altamar a buscar los buques que se llevarán la droga, con lo que tienes afectadas a las provincias más pobres".

Es por eso por lo que es la costa ecuatoriana la más afectada. Y no son solo los puertos, porque la droga sale a altamar por todo el perfil del litoral, es decir, también tienes pequeñas embarcaciones que salen desde pequeñas playas a altamar a buscar los buques que se llevarán la droga, con lo que tienes afectadas a las provincias más pobres.

No es solo el Guayas, donde está el principal puerto de Ecuador, que es Guayaquil; me refiero a Esmeraldas que es una provincia al norte que está en frontera con el Departamento de Nariño, donde está el puerto de Tumbaco en Colombia y también me refiero a Manabí -que está entremedio de Guayas y Esmeraldas- donde había la base aérea de Estados Unidos que estaba situada en la ciudad y puerto de Manta. 

Entonces, la droga entra desde Colombia, por vía terrestre y marítima, se almacena en el Ecuador y de aquí se distribuye a los principales puertos, que son los que permiten la salida de los grandes containers, y son desde donde se distribuye a las pequeñas localidades costeras que salen a alta mar vía lanchas rápidas.

Todo finalmente va a parar a los principales destinos de Europa y México, en este caso para su posterior cruce a Estados Unidos.

Entonces, lo que está pasando ahora es que las bandas justamente se están disputando el control de estos puertos y eso se traslada también a las cárceles, en donde se están produciendo desde febrero del 2021 una serie de masacres, con más de 400 privados de la libertad muertos.

- ¿Cómo se llegó a ese punto?

La explicación tiene dos vertientes, pero que parten desde un mismo eje; el desmantelamiento del Estado, su política de inversión social y de seguridad interna.

En algún punto, tú ya dejaste de tener inversión social en el acceso a servicios básicos para los sectores menos favorecidos, pero también generaste una ausencia estatal en la política de seguridad y de prevención del crimen. 

Hablo específicamente del periodo de Lenin Moreno, que es cuando se produce un desmantelamiento de toda la inversión social, pero también de la política de seguridad ciudadana. 

Si es que tú haces un análisis del presupuesto destinado a las áreas sociales prácticamente vas a ver una reducción brutal y vas a ver también que los aparatos estatales dedicados, por ejemplo, al sistema penitenciario o a la política de seguridad, desaparecen o se los reduce por completo.

"Hablo específicamente del periodo de Lenin Moreno, que es cuando se produce un desmantelamiento de toda la inversión social, pero también de la política de seguridad ciudadana". 

Con eso desmontas una política de seguridad en la que había un cuerpo integrado por secretarías de Estado que estaban bajo un eje de un ministerio coordinador de seguridad, en el que estaban integrados por ejemplo carteras de Estado como, la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y, el Ministerio de Justicia y Derechos Humano, los que, juntos, ejecutaban la política de seguridad. 

¿Qué pasaba con el tema de la rehabilitación social? tenías un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que hacía la política rectora y ejecutaba los planes de rehabilitación social y desarrollo de los centros de privación de la libertad, pero eso desaparece y el ámbito de la rehabilitación social se reduce a una simple secretaría, es decir un órgano estatal de menor jerarquía, con menos presupuesto. Y ni se diga respecto a la política de inversión social para sectores menos favorecidos. 

- ¿Este cambio se produce a nivel ideológico bajo Moreno?

Hay algo a nivel ideológico, pero también es ignorancia. 

Obviamente bajo Moreno se tenía que materializar una política neoliberal con tintes conservadores. Es decir, aquí había que aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional al cual, nosotros nos habíamos comprometido como Estado ecuatoriano y eso implicaba, obviamente, reducir el tamaño del Estado ¿y qué es reducir su tamaño?; dejar de invertir en ciertos sectores.

Lo paradójico es que esta reducción se hizo principalmente en las áreas social y de seguridad, donde incluyo la rehabilitación social. 

- ¿Maneja alguna cifra?

No hay una cifra como tal para todo el conjunto, pero sí puedes ver cómo a partir del año 2013 esto empieza gradualmente con Lenin Moreno y se materializa con Guillermo Lasso con más fuerza. Por ejemplo, en el último presupuesto, en la última proforma presupuestaria para el año 2023 que tiene que ser aprobada por la Asamblea, tú ves prácticamente una reducción de más del 40% de lo que se destinaba el año pasado al sector social y de la seguridad interna. Es decir, la reducción continua se continúa de una manera draconiana para llegar a niveles sumamente inferiores.

"En retrospectiva, creo que Ecuador corrió con suerte".

En contraposición, el pago de la deuda ha ido creciendo notablemente, incrementando en 70% lo que se destinaba a ello. 

- En los años 90 pese al auge del narcotráfico colombiano, Ecuador tuvo cierto éxito en impedir transformarse en satélite de esa industria, algo que pasó de algún modo con Perú o Bolivia. Algo que no era fácil al estar tan cerca al ser pequeño y estar rodeado por Colombia y Perú ¿Qué explica esa especie de cordón sanitario que el páis aparentemente logró poner durante décadas?

En retrospectiva, creo que Ecuador corrió con suerte. El tema de la geopolítica en estos momentos favorecía al país en el siguiente sentido; Colombia tuvo por años sus propios canales para sacar la droga, sin problemas. Recordemos que en un primer momento incluso México no era necesario, porque había otras rutas por el Caribe que le permitían conectarse con los principales puertos estadounidenses. Algo similar pasaba con Europa, en tanto que África tenía sus propias rutas desde Brasil. 

Pero, la situación cambia sustancialmente en algún momento, cuando esas rutas se caen o se vuelven insuficientes, con lo que se necesita ampliarlas. Es decir, la cantidad droga obliga a que se utilicen otros puertos. Entonces, Ecuador -que jugaba el rol de país de tránsito- pasa a ser relevante como un gran centro de acopio.

Hay que recordar que Ecuador -a diferencia de todos sus países vecinos; Perú y Colombia, y casi todos los países andinos- nunca fue productor de cocaína. Pese a que los climas son parecidos, ni siquiera se ha podido adaptar bien la planta de la coca. Ha habido algunos leves intentos en la sierra ecuatoriana para cultivar amapola, pero eran pequeñísimas plantaciones. Ni siquiera ha sido abundante el cultivo de la marihuana, la cual está más asociado al tema más recreacional.

"Un informe de seguridad señala que las bandas que operan en Manabí están vinculadas con el Cartel de Sinaloa, como Los Choneros, en tanto que otras que operan en Guayas y Esmeraldas -como Los Lobos o Los Tiguerones- en cambio estarían bajo el auspicio del Cartel Jalisco Nueva Generación". 

Es decir, bajo ningún concepto puede catalogarse a Ecuador como país productor, aunque con la dolarización se crearon condiciones para el lavado de dinero.

Entonces, el tema del narcotráfico llega con fuerza cuando se convierte en 'país bodega', para lo cual obviamente se necesitan grandes grupos delincuenciales que permitan custodiar, transportar y sacar la droga hacia sus destinatarios.

A esto no se llega el año 2021 de un momento a otro. Esto empieza a consolidarse a partir de 2015, considerando que hasta entonces había políticas fuertes en materia de seguridad y de inversión social, que hacía de Ecuador el tercer país más seguro de América Latina, con índices delincuenciales bastante bajos. Es decir, el país no estaba ajeno a situaciones delincuencia, pero tú no veías índices altísimos de sicariato o de violencia en las calles que ves ahora. 

Poco a poco, la situación de inseguridad va a ir rebalsándose, hasta llegar hasta los grandes centros urbanos. Ahora el fenómeno está concentrado en la periferia, en las ciudades del litoral, pero está yendo más allá. El escenario de lo que sucedió en Colombia es previsible para Ecuador.

- ¿Cuál es la naturaleza de estas bandas y qué tan conectadas están con estructuras internacionales?

Son bandas locales, pero que tienen nexos con el narcotráfico internacional, específicamente con los carteles mexicanos. 

Un informe de seguridad señala que las bandas que operan en Manabí están vinculadas con el Cartel de Sinaloa, como Los Choneros, en tanto que otras que operan en Guayas y Esmeraldas -como Los Lobos o Los Tiguerones- en cambio estarían bajo el auspicio del Cartel Jalisco Nueva Generación. 

Incluso hay un comunicado desde la cárcel en donde un grupo que se denomina Nueva Generación señala que estarían aptos para iniciar un proceso de pacificación, y donde afirman que varios grupos estarían unidos, lo que agruparía a Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Latin Kings.

Es decir, prácticamente los carteles internacionales utilizan a las bandas locales como sus principales sucursales o sus líneas de operación, pero no tienen jefes mexicanos ni colombianos, aunque debe haber algún nivel de entendimiento.

"En pocas palabras, estaríamos como para una serie de Netflix, Narcos Ecuador".

En cuanto a las negociaciones, no creo que sean cautas. O sea, hace dos años, se produjo el asesinato de uno de los líderes de Los Choneros en Manta, quien salió con el beneficio de prelibertad, lo que produjo una serie de disputas entre los carteles por tomar el control. Es decir, se trata prácticamente de la misma historia que nos cuentan las narconovelas y las series muy famosas. En pocas palabras, estaríamos como para una serie de Netflix, Narcos Ecuador.

- ¿Han penetrado las elites? ¿El sistema financiero?

No estamos hablando de grupos enquistados en la élite de Guayaquil o de Quito. Más bien tenemos grupos delincuenciales que existían, que se dedicaban a otro tipo de delincuencia; robos asaltos, pero que fueron captados por el narcotráfico trasnacional para obviamente cumplir con estos fines, lo que les permitió incrementar su capacidad operativa, sus ingresos económicos y formar verdaderos carteles encargados, no de la producción, pero sí de la custodia de la droga, para poder así distribuir.

De todos modos, habría que analizarlo. No se debería descartar, eso necesitaría un estudio un poco más profundo. De momento, no me atrevo a decir que hay alguna evidencia o algún estudio concreto. Aunque, obviamente, todo incremento en el narcotráfico acarrea una penetración en ciertos sectores sociales, en ciertas, élites y también en ciertos sectores empresariales e industriales.

Pero, lo que sí hay es una penetración en la institucionalidad. Por ejemplo, hace varios meses la embajada estadounidense en Quito avisó que varios integrantes del Consejo de Generales de la Policía Nacional tendrían vinculaciones con ciertas bandas. Eso ya es una alerta de que ciertos sectores de la criminalidad penetraron también en la institucionalidad del Estado y las fuerzas de seguridad. 

Ha habido casos incluso en que miembros de fuerzas armadas han sido detenidos transportando cargamentos de droga. No son casos aislados. Y siempre el sector judicial va a ser el más proclive también a ser interferido.

El aumento de la criminalidad en Ecuador es algo que se viene hablando desde antes de 2021, y buena parte del creciente clima de inseguridad se atribuía a la inmigración de colombianos, y ahora de venezolanos. ¿Hay un vínculo con estos fenómenos migratorios?

No lo veo así. Lo que veo son bandas ecuatorianas que dominan territorio ecuatoriano, integradas por ecuatorianos. Podrán tener alguna presencia de algún migrante, pero el factor migración no es condicionante. 

Eso es un discurso de ciertas teorías 'securitistas' en las que se trata de desviar la atención hacia chivos expiatorios. No solo se aplica en Latinoamérica, por ejemplo, en Europa también se replica muchísimo y se debate sobre el impacto de la migración en los niveles de seguridad, llegando incluso a manifestarse cuestiones horrorosas como que ‘la delincuencia tiene el rostro de migrante’, lo cual es falso.

"Lo que veo son bandas ecuatorianas que dominan territorio ecuatoriano, integradas por ecuatorianos. Podrán tener alguna presencia de algún migrante, pero el factor migración no es condicionante". 

Desde épocas anteriores, en las cuales yo era muy pequeño, en pleno auge de la guerra civil colombiana, teníamos desplazados desde Colombia hacia Ecuador que buscaban un lugar seguro para desarrollar sus actividades. Por eso es que la colonia colombiana es sumamente fuerte y afincada acá, pero así y todo también entonces se les acusaba de la delincuencia.

Pasó también con la migración cubana producto de la flexibilización de la política migratoria a partir de la Constitución del 2008. Y pasa ahora con el flujo de venezolanos.

Pero nada de eso es lo que explica los fenómenos de inseguridad, sino que se trata de un intento por escudar y tapar los graves problemas asociados al desmantelamiento del Estado, lo que ha generado el caldo de cultivo para que la delincuencia suba. 

- ¿De cuánta gente estamos hablando involucradas en estas bandas?

No se ha contabilizado, porque no son fuerzas irregulares o subversivas que puedan estar sometidas a un solo mando y hay movimiento de células delincuenciales que entran y salen. Entonces, llevar un número exacto de la población de estas bandas no sería real. 

Tampoco hay ningún estudio enfocado en describir la situación de estas bandas, lo que te habla de la ausencia de una política de seguridad, pues con eso podríamos determinar los sectores de la población susceptibles a adherir a ellas.

A lo único que hemo llegado es las vinculaciones internacionales y las ubicaciones territoriales.

Los ingresos del narcotráfico son fuertes y eso permite tener grandes adeptos y poder pagar también personas que se adhieren estas bandas criminales desde los sectores empobrecidos, obviamente.

- ¿Qué políticas públicas hacen falta?

El tema de seguridad tiene que ser abordado de una manera integral, de manera que permita desviar la atención de focos en donde no se producen los problemas. 

De tal modo, al menos debemos abordar cuatro elementos; el primero es una reforma policial urgente, se tiene que estructurar una nueva fuerza de seguridad ciudadana civil en donde se desconcentran sus funciones. Lo segundo, se tiene que repensar la política de drogas, es decir se tiene que avanzar hacia una despenalización, por lo menos de determinadas sustancias, que es lo que se está haciendo a nivel mundial. Tercero, se tiene que avanzar hacia quitarle la base social al narcotráfico, es decir, se tiene que hacer una reforma que promueva una inversión social fuerte que permita que sean menos las personas proclives para adherirse estas bandas. Por último, debe haber una reforma penal, en donde no sea el castigo el único medio disponible, lo que significa que el Código Penal tipifique conductas de una manera mucho más efectiva, de modo que se eviten situaciones como el hacinamiento en las cárceles. 

"He llegado a entender que el problema del Gobierno no es la mera ignorancia, pese a que el presidente Lasso viene de una cultura de ciertos sectores de las élites adheridas a los bancos, que no tienen la más remota idea de cómo se maneja el Estado". 

- ¿Ve al Gobierno de Lasso abordando algunas de estas propuestas?

He llegado a entender que el problema del Gobierno no es la mera ignorancia, pese a que el presidente Lasso viene de una cultura de ciertos sectores de las élites adheridas a los bancos, que no tienen la más remota idea de cómo se maneja el Estado. 

Creo que la manera de moverse del Gobierno obedece a un proyecto político que busca generar alta conflictividad social, para que las miradas de la población estén distraídas en esta problemática y por debajo se pueda materializar un proyecto económico de tinte conservador y neoliberal, que le beneficie a los grupos que están detrás del Presidente, a través de privatizaciones, la disminución del tamaño del Estado, el pago de la deuda con el sacrificio del sector social y de la seguridad. 

- ¿Quién puede oponerse a esto? ¿el correísmo, los indígenas?

Yo no adhiero ni milito en la corriente ni en la organización política del ex-presidente Rafael Correa, pero sí hay que decir que -mirando con objetividad- en su época se gobernaba con una política clara, aunque pueda haber muchos puntos en los que podamos estar inconformes o hacer algún tipo de cuestionamientos. 

Ahora no existe absolutamente nada y solo hay retrocesos en materia de seguridad y rehabilitación social, respecto de lo que se avanzó una política a partir de un ente rector que tenía la categoría de Ministerio.

Respecto de los indígenas, Pachakutik está dividido, y una mayoría secunda al Presidente Lasso y otra que apuesta por la protesta social. Hay ahí muchas incoherencias ideológicas, y mientras no se solucionen será muy difícil pensar que desde ahí salga una fuerza que permita liderar un proyecto político. Además, las próximas elecciones municipales y provinciales están muy encima, en febrero, y no hay tiempo.