En julio de este año la Corte Suprema elaboró la quina para designar al reemplazante del actual presidente del Segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago, mientras que en agosto la misma corte publicó la quina para un nuevo miembro del Primer Tribunal Ambiental basado en Antofagasta.

Los ministros de los tribunales ambientales son designados por un plazo de seis años, mientras que su presidente es elegido por un periodo de dos años.

Pero transcurridos varios meses, el gobierno aún no se ha pronunciado sobre quiénes serán los escogidos de estas quinas para ser ratificados por el Senado, una inusual lentitud del Ejecutivo que ha afectado a varios nombramientos de los tres poderes del Estado desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de este año. Mientras La Moneda esperó hasta el último día del plazo legal para proponer a la Cámara Alta a José Morales como nuevo fiscal nacional, hay otros cargos que aún están vacantes a la espera de una decisión, como es el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Transcurridos varios meses, el gobierno aún no se ha pronunciado sobre quiénes serán los escogidos de estas quinas para ser ratificados por el Senado.

En cuanto a los nominados para integrar estos tribunales ambientales -que, entre otras cosas, pueden revertir decisiones administrativas del poder político o fallar sobre demandas de reparación por daño ambiental- quién debe visar y proponer al Presidente Boric los candidatos escogidos es la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas.

“Estos temas siempre son lentos y el rol fundamental lo juega la ministra de Medio Ambiente que, en este caso, ha sido más lenta que un bolero”, asegura una persona involucrada en el proceso de nominación.

Se espera que en las próximas dos semanas La Moneda proponga los dos nombres al Senado. Según fuentes al tanto, además de la ministra Rojas, la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, también estaría participando activamente en este proceso de nominación.

Los candidatos en Santiago

La quina que la Corte Suprema elaboró en julio para reemplazar al actual presidente del Tribunal Ambiental de Santiago quedó conformada (en orden de preferencias de votos) por Daniella Sfeir Pablo, Marcela Godoy Flores, Mauricio Oviedo Gutiérrez, Pedro Silva Sánchez y Alamiro Alfaro Zepeda.

Daniella Sfeir Pablo es abogada de la Universidad de Chile y actualmente es parte de este tribunal en calidad de ministra suplente. Ha estado ligada al mundo del derecho ambiental, destacando su trabajo como abogada en la división jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. También es investigadora adjunta del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Chile.

“La ministra de Medio Ambiente (Maisa Rojas) ha sido más lenta que un bolero”, asegura una persona involucrada en el proceso de nominación.

En materia de publicaciones, es autora y coautora de artículos científicos y de divulgación en materia de Derecho Ambiental. Además, posee un Magíster en Ciencias en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la University College London y cuenta con diplomados en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en Antropología Jurídica: derechos indígenas, medio ambiente y procesos de consulta de la Universidad de Chile.

Otro de los abogados postulantes es Pedro Pablo Silva Sánchez, quien fue jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Desde abril de este año se desempeña como coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos en Materia de Fronteras y Límites para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tiene maestrías en Derecho Internacional Ambiental y del Cambio Climático en la Universidad de Edimburgo (Escocia) y en Derecho Internacional Público en la Universidad de Heidelberg (Alemania). También ha sido profesor titular de DD.HH y Medioambiente en la maestría en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lille (Francia). Además, tiene publicaciones sobre temas ambientales, derechos humanos e indígenas.

Marcela Godoy Flores es actualmente ­la segunda relatora del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, cargo que ostenta desde 2017. Es también profesora titular de la Universidad de Antofagasta en la cátedra de Derecho Ambiental.

Godoy cuenta con una relevante conexión al mundo minero. Su marido, Gonzalo Montoya, es el gerente jurídico de Minera Zaldívar, controlada por Antofagasta Minerals, brazo minero de las empresas del Grupo Luksic. Cabe recordar que buena parte las operaciones mineras de este conglomerado se ubican en la jurisdicción del Primer Tribunal Ambiental, en Antofagasta, donde Marcela Godoy trabaja actualmente.

De acuerdo con la plataforma Infolobby, Montoya ha representado a Antofagasta Minerals en 11 ocasiones en audiencias con autoridades de gobierno, en otras 67 a Minera Zaldívar y en dos a Minera Antucoya, uno de los proyectos de la minera del Grupo Luksic en Chile.

Mauricio Oviedo Gutiérrez es otro de los candidatos de marcada carrera en derecho ambiental. Desde 2017 se desempeña como ministro titular en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, siendo presidente de éste durante un periodo. Según su perfil de LinkedIn trabajó en la división jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental y hace clases de Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad de Antofagasta y en la Universidad Católica del Norte.

Según documentación disponible en el Diario Oficial, Oviedo cuenta con participación en dos sociedades inmobiliarias y de inversiones, las cuáles no registran grandes movimientos. Ninguna de estas sociedades figuran en su declaración de intereses disponible en Infoprobidad.

Alamiro Alfaro Zepeda es abogado relator del Segundo Tribunal Ambiental, y ahora postula para ser ministro estable de esa corte.  Llegó a ese cargo en julio de 2018, dedicándose antes de eso a asesorías legales en el mundo privado en materias de energía y medio ambiente. Posee un posgrado en la Universidad de Chile en Manejo, Estudios y Ley Medioambientales, además de un magíster en Derecho en Energía y Recursos de la Universidad de Melbourne (Australia).

Alfaro también se desempeñó durante años en el estudio jurídico Aylwin & Cía, bufete cercano a la Democracia Cristiana.