Ana Lya Uriarte
Después de cada derrota en los últimos años, surgen de inmediato las entrevistas y columnas donde el ‘Socialismo Democrático’ y la Democracia Cristiana aseguran entender el sentir del pueblo. Sin embargo, vuelven a perder.
Por primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno debutante tiene que realizar cambios tan seguidos en la cartera encargada de negociar con el Congreso. Un antecedente parecido es durante Piñera II, con tres Segpres en nueve meses, pero en el segundo año de su mandato. ¿Son señales de un parlamentarismo de facto?
A poco más de un año del inicio del gobierno, el encontrar mayorías y un bloque oficialista que empuje sus iniciativas dentro de las filas de quienes se reconocen de centro izquierda al interior del Congreso, sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. En especial cuando vienen nombramienrtos de altos cargos como jueces supremos, contralor y ministros del Tribunal Ambiental.
En una inesperada votación, la Cámara rechazó la idea de legislar la mayor iniciativa de reformas de la actual administración, después de la derrota del plebiscito del 4-S. Deberá pasar un año para volver a plantear esta materia que buscaba financiar derechos sociales y Reforma de Pensiones. Boric intentó pasar la factura a la derecha en TV. Marcel y Uriarte, los grandes derrotados
El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.
Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.
Nuevamente el gobierno no fue capaz de alinear los votos para aprobar la nominación de Marta Herrera. Pero este inédito doble rechazo –hace dos semanas se objetó al fiscal José Morales- no sólo evidencia la falta de dirección política en La Moneda, sino también una descoordinación entre los tres poderes del Estado.
Este lunes la nueva candidata a dirigir el Ministerio Público tendrá que presentarse frente a la Comisión de Constitución del Senado en un escenario complejo, dado que la mayor parte de la oposición a resistido su nominación. También preocupa posibles 'descolgados' en filas oficialistas, con lo que no podría reunir los 33 votos necesarios para quedarse con el cargo.
La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.
En julio y agosto la Corte Suprema elaboró las quinas para nombrar a nuevos integrantes de ambas cortes, las que fallan sobre temas medioambientales clave. Hasta ahora, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, no se ha pronunciado al respecto.
Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.
Luego de haber tenido la posibilidad de presidir la Cámara, el Partido de la Gente pasa uno de sus momentos más complejos como colectividad tras la votación dividida que le dio la permanencia en la testera al oficialismo. Las recriminaciones públicas abundan entre los militantes y parlamentarios y, a la suma de las sanciones administrativas ya tomadas, podrían sumarse renuncias a la colectividad. Franco Parisi no tuvo éxito intentando poner orden en su tienda.
Los cuestionamientos en contra de la diputada comunista para evitar que ocupe la próxima Presidencia de la Cámara, son de la tónica de las críticas en contra del nombramiento de su correligionario Nicolás Cataldo en la Subsecretaría del Interior. 'Veto' y 'anticomunismo', son las palabras que rondan entre los militantes del PC.
El supuesto fin de las AFP, una entidad pública que compita con otros gestores de inversión privados por la capitalización de los fondos de pensiones y la creación de un seguro social con cargo a los empleadores son algunos de los anuncios clave que el Presidente Boric informó sobre la reforma a las pensiones, la que deberá buscar consensos en un Congreso empatado entre oficialismo y oposición.
El senador Daniel Núñez (PC) pidió una segunda discusión respecto del proyecto, con lo que el Ejecutivo ganó tiempo para su estrategia de poner condiciones al tratado a través de las cartas laterales. Esto en medio de tensiones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que han mostrado posturas diferentes frente al TPP11.
En una compleja jornada para Gabriel Boric -y dando cuenta de un nuevo orden de poder entre las fuerzas políticas luego de la derrota en el plebiscito- ChileVamos vetó a los comunistas Nicolás Cataldo y Alejandro Urquiza como condición para asistir a la mesa de los acuerdos post plebiscito constitucional.
Con la salida de Giorgio Jackson de Segpres, el Frente Amplio tendrá solo un representante en el Comité Político: Antonia Orellana (Ministerio de la Mujer, CS). El PC perdió la chance de tomar la poderosa Subsecretaría de Interior, luego de que la derecha le impusiera un veto al Gobierno, condicionando dicha nominación a la apertura al diálogo.
Con la incorporación de la ex ministra de la Conama y ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet -quien estuvo mencionada en el caso Caval-, ya son dos los ex ministros socialistas de la ex Presidenta que fungen como jefes de gabinete en los más altos cargos de Interior del actual Gobierno: Ana Lya Uriarte, con Siches, y Gabriel de la Fuente -ex Segpres- quien trabaja con el subsecretario Manuel Monsalve.
Ambas profesionales fueron socias en SustentAbogadas, firma de asesoría medioambiental que en 2012 recibió $20 millones de Caval, la empresa de Natalia Compagnon. Además, Durán fue gerenta legal de Gescam, empresa a través de la cual Durán hizo lobby ante distitntas entidades públicas, teniendo contratos con el gobierno de Michelle Bachelet mientras Uriarte era jefa de gabinete de la ex Presidenta.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
