Los coletazos que dejó la celebración del presidente José Antonio Kast en La Moneda el pasado 10 de abril junto a ex compañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica no cesan. Tras una solicitud de los diputados Daniel Manouchehri, Nelson Venegas y Daniella Cicardini, la Contraloría General de la República dio diez días hábiles a la Presidencia para responder por el almuerzo realizado en el palacio presidencial.

En el centro de la polémica está el uso de recursos públicos para el encuentro, ya que, gracias a registros y fotografías tomadas por el propio mandatario, se observa a personal de Palacio a cargo de la banquetería. Además, una imagen del menú de la jornada revela el uso del escudo nacional en dorado en su parte superior como si se tratase de algunaa ctividad de carácter oficial. Sin embargo, desde el Gobierno niegan el uso de financiamiento fiscal en la actividad.

Por ello, el documento busca esclarecer la naturaleza y el objeto de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos asociados y la eventual existencia de reembolsos particulares.

No obstante, estas solicitudes del ente contralor parecen ser ya una constante para el gobierno, que apenas lleva 35 días en funciones. Esto, pues ya suma al menos cinco requerimientos del organismo fiscalizador producto de controversias al interior de los pasillos del palacio.

En concreto, la Contraloría también dio diez días al gobierno para responder por incumplimientos de protocolos en el registro que captó a la primera dama, María Pía Adriazola, sirviendo almuerzo a funcionarios de La Moneda.

Asimismo, ocurrió algo similar con la barra libre que hubo en Palacio durante la celebración de Kast el 11 de marzo tras su arribo. En la actividad hubo bebidas alcohólicas y cócteles con mariscos. Aunque según publicó recientemente The Clinic, la actividad no involucró el uso de recursos fiscales y fue financiada personalmente por Kast.

Luego fue el turno de la ministra Mara Sedini, a quien la contralora Dorothy Pérez otorgó un plazo de cinco días para responder por la polémica frase que aseguraba que el Estado estaba en quiebra y que fue publicada por canales oficiales del Gobiero y que acabaron con el factótum de Kast, Cristián Valenzuela, asumiendo su responsabilidad por el traspié.

“Se requiere informar sobre los recursos públicos y el personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, indicaba el oficio de la Contraloría.

Por último, también la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tuvo que responder ante el organismo, que le otorgó un plazo de diez días para que tanto el ministerio como la Policía de Investigaciones informaran las razones tras la solicitud de antecedentes de funcionarios vinculados al caso conocido como Chan Chen, lo que derivó en la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, tercera antigüedad de la institución.