Marcela Ríos
De las 27 acusaciones constitucionales presentadas desde 1991, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se interpusieron nueve en contra autoridades gubernamentales en un lapso de cuatro años. La administración de Gabriel Boric ya ha enfrentado cinco en menos de dos años de gestión.
En sus dos mandatos Sebastián Piñera totaliza 10 acusaciones en contra de sus ministros y dos en contra de él mismo en el cargo de Presidente de la República. En los 10 meses que lleva la administración de Gabriel Boric, ya suma tres acusaciones constitucionales en contra secretarios de Estado. Desde el retorno a la democracia, solo tres acusaciones constitucionales han prosperado.
La partida de Marcela Ríos era cuestión de tiempo, dado el accidentado proceso de nombrar un nuevo fiscal nacional. Las razones para la salida del influyente asesor y amigo personal del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, no están claras aún, aunque todo apunta a que también dice relación con este proceso. Como sea, sin haber cumplido aún un año en el poder, el mandatario está acompañado de cada vez menos ‘compañeros de ruta’.
El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.
Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.
Nuevamente el gobierno no fue capaz de alinear los votos para aprobar la nominación de Marta Herrera. Pero este inédito doble rechazo –hace dos semanas se objetó al fiscal José Morales- no sólo evidencia la falta de dirección política en La Moneda, sino también una descoordinación entre los tres poderes del Estado.
Este lunes la nueva candidata a dirigir el Ministerio Público tendrá que presentarse frente a la Comisión de Constitución del Senado en un escenario complejo, dado que la mayor parte de la oposición a resistido su nominación. También preocupa posibles 'descolgados' en filas oficialistas, con lo que no podría reunir los 33 votos necesarios para quedarse con el cargo.
La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.
En sesión de la comisión de Constitución del Senado, la ministra de Justicia no supo explicar por qué La Moneda escogió a José Morales como candidato a Fiscal Nacional. Y este se vio en aprietos para explicar por qué muchas de sus causas más connotadas en los que participó al inicio, como el PacoGate y SQM, no llevaron a nada.
Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.
En conversaciones informales entre ambos poderes del Estado, los senadores comunicaron que verían con buenos ojos candidatos no ligados a Jorge Abbott, y que ojalá enfaticen una persecución penal más eficiente y sean ajenos a la institución, aunque conocedores del sistema penal. El criterio de género, si es mujer u hombre, no es relevante para el Senado.
Hasta este año Jaime Gajardo fue parte de ZC Abogados, firma del jurista favorito de la Concertación y ex ministro del Tribunal Constitucional, Francisco Zúñiga. El buró es representante histórico de Idemia en Chile, empresa francesa que fabrica carnés y pasaportes nacionales y que se adjudicó una nueva licitación por 10 años.
Leonardo Medina Caamaño, el miembro de la Armada que arrolló y mató a Manuel Rebolledo en Talcahuano durante el estallido social, quedará sin pasar un sólo día en la cárcel. La familia de la víctima estudia recurrir a la justicia internacional.
Marcela Ríos se reunió con los padres del joven de 23 años que fue asesinado por la Armada durante los primeros días del estallido social. Estos buscan que los tribunales repitan el juicio en contra del marino Leonardo Medina Caamaño, quien fue dejado en libertad tras ser condenado por cuasidelito de homicidio.
