Durante la jornada de este miércoles se espera que el presidente Gabriel Boric presente su tercer candidato para el cargo de Fiscal Nacional tras dos nominaciones fallidas que no alcanzaron el quórum requerido para su ratificación -José Morales y Marta Herrera- y que revelaron la dificultad del Gobierno de encontrar mayorías en el Senado, con descuelgues incluso dentro del oficialismo, además de una compleja capacidad negociadora en el Congreso.. 

De esta forma, la quina de la que escogerá Boric su próximo nombre quedó conformada por los candidatos Juan Agustín Melendez, Carlos Palma, Nayalet Mansilla, Ángel Valencia y Erika Maira, última candidata con la que Corte Suprema completó el grupo luego de la caída de Herrera, que tras exponer por más de cinco horas en la Cámara Alta, sumó cinco votos menos que Morales, el primer candidato presentado por el Gobierno.

Situación que rápidamente puso en entredicho las gestiones que la ministra de Justicia, Marcela Ríos y su par de Presidencia, Ana Lya Uriarte, habrían llevado a cabo para sumar los 33 votos necesarios en el Senado y que tras intentos fallidos se transformaron rápidamente dos duras derrotas. 

Boric se habría inclinado por Meléndez desistiendo de su preferencia por Palma y Maira en esta pasada, pues las críticas efectuadas por la oposición a raíz de los indultos presidenciales habrían hecho mella en la designación del nombre y su negociación. Tras conversaciones con la oposición, Uriarte habría alcanzado los 33 votos. 

La carrera no ha sido fácil y los reproches de responsabilidades entre los distintos poderes del Estado en el nombramiento han crispado aún más el escenario, precisamente, en un contexto donde la seguridad es una preocupación constante entre las personas que el Gobierno ha recogido y que ha hecho parte principal de su agenda. 

Pese a ello, en ninguno de los tres intentos ha existido un nombre que genere plena confianza ni en La Moneda ni dentro del círculo cercano de Boric, lo que transforma a la oposición en un voto clave, tras superar en seis parlamentarios al oficialismo. Además, en ninguno de los intentos previos el Ejecutivo ha logrado captar los 19 votos con los que cuenta en la Cámara Alta dificultando aún más alcanzar mayorías. 

Meléndez: caso Sename, las 'sillas musicales' y su negativa de apoyo a Abbott 

En este contexto, el candidato que correría con mayor ventaja para presidir el Ministerio Público sería Juan Meléndez, nominación que no genera mayores divisiones en los partidos de RN y la UDI -que concentran 21 votos en el Senado- y que estarían dispuestos a analizar como propuesta, algo que de entrada muestra un mejor escenario que el de Herrera, a quien la UDI restó su apoyo de inmediato una vez se supo su nominación como candidata. 

En ese sentido, Boric se habría inclinado por Meléndez desistiendo de su preferencia por Palma y Maira en esta pasada, pues las críticas efectuadas por la oposición a raíz de los indultos presidenciales habrían hecho mella en la designación del nombre y su negociación. A ello se suman las gestiones y llamados que realizó Uriarte durante estas festividades y que tras conversaciones con los jefes de bancada de la oposición y parte del oficialismo, ya habría logrado los 33 votos, consigna El Dínamo. 

Uno de los puntos a favor de Meléndez, actual fiscal nacional subrogante luego de que Jorge Abbot dejara el cargo por cumplir la edad máxima para ejercerlo, radicaría en que fue el único fiscal regional que no firmó la carta de apoyo en contra de Abbott en agosto de 2021. Luego de que el ex fiscal nacional afirmara en una entrevista con CHV que mientras era candidato al cargo se reunió con varios parlamentarios, algunos de los cuales eran investigados por financiamiento irregular de la política, en particular, en el caso SQM. 

Meléndez decidió esperar frente a la decisión y el resto de sus pares firmó la carta de apoyo, posteriormente puntualizó en entrevista con Ex Ante que: “puedo decir con toda fuerza que jamás he recibido una instrucción particular del fiscal nacional don Jorge Abbott para dirigir una causa. Distinto es que no firmé una carta, porque es una opinión muy personal, no necesito una carta para decir eso”.

El abogado, que asumió en 2004 como fiscal adjunto de Punta Arenas, en 2007 pasó a ser fiscal jefe de la misma comuna, en 2010 fue nombrado fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, para finalmente ser fiscal regional de Los Ríos -hasta antes de la subrogancia- no ha estado exento de episodios polémicos durante su carrera. 

Tras tres meses de investigación y un centenar de entrevistas en el caso Sename, Meléndez afirmó que “por el momento, no hemos establecido algún hecho concreto que podamos señalar la existencia de un delito en específico”

En el año 2013, mientras cumplía funciones en Magallanes, Meléndez llevaba a cargo la investigación nacional a los centros de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename) y Aldeas S.O.S. 

Durante la investigación, Meléndez recorrió junto a un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) distintas regiones del país para entrevistar a los menores -aplicando un cuestionario- que habían sufrido abusos y poder identificarlos. Tras tres meses de investigación y un centenar de entrevistas, Meléndez afirmó que “por el momento, no hemos establecido algún hecho concreto que podamos señalar la existencia de un delito en específico”, informó en ese entonces Radio Bío Bío.

Asimismo, el fiscal declaró que en el tiempo que llevaba de investigación, los abusos a los que hacían referencia las víctimas eran las razones por las que habían recurrido a estas instituciones. “Obedecen a aquellos motivos por los cuales ingresaron al sistema, y son causas que ya han sido investigadas”, sostuvo Meléndez el 2013, descartando de esa manera la comisión de delitos de connotación sexual, consumo de drogas y otras vulneraciones ocurridas en dependencias del Sename, consigna el citado medio. 

A su vez, Meléndez evitó calificar la forma en que aplicaron el instrumento para entrevistar a las víctimas y no descartó la posibilidad de que los entrevistados hayan entendido mal la pregunta realizada sobre si habían sido víctimas de algún tipo de abuso. 

En ese momento las declaraciones de Meléndez recibieron el apoyo de Rolando Melo, director del Servicio Nacional de Menores (Sename) en dicho periodo, quien declaró que “esto confirma lo que siempre hemos dicho sobre la encuesta Unicef y demuestra que las residencias no son el infierno que algunos han querido mostrar”. Esto, en referencia a un informe elaborado por Unicef y el Poder Judicial en el que detectaban graves delitos al interior de las residencias. 

En paralelo el ex diputado y presidente de la comisión investigadora de este caso, René Saffirio (DC), tenía una opinión distinta y criticó las palabras de Meléndez, pues acusó que “[este tipo de declaraciones] no contribuyen a una investigación exhaustiva y transparente”, consignó Emol. 

“De alguna forma establecen prejuicios y se obstaculiza una investigación a fondo; y de hecho, le pedimos al fiscal prudencia, rigurosidad y que no colabore con la instalación de impunidad en un caso que ha sido motivo de público y masivo rechazo: la vulneración de los derechos de los menores más vulnerables”, señaló el ex parlamentario. 

“El fiscal Meléndez, en términos estrictamente metodológicos, no tiene facultades de Doctor ni un Máster en metodología para avalar la veracidad de un cuestionario de la forma en que allí se hizo”, finalizó.

Tras dos años de indagatorias, Meléndez decidió dejar temporalmente suspendido el caso archivándolo a la espera de nuevos antecedentes que pudieran continuar con la investigación. Una decisión que recientemente reflotó el senador Karim Bianchi (ind) y criticó vía redes sociales. "Cuando él tomó esa causa, estuvo dos años a cargo de esa causa y archivó esa causa. Fue un gran tema de país. Luego debió la Unicef intervenir, y mediante una acción judicial que se siguió, se logró determinar que en los hogares del Sename había una serie de abusos e incluso muertes".

 Meléndez respondió al parlamentario, consultado por El Mostrador, señaló que "todos los casos de abuso sexual y vulneración de derechos detectados fueron investigados, todos", además sostuvo que algunos de los hechos ya habían sido denunciados en las fiscalías correspondientes y que a raiz de su investifación entregó nuevos antecedentes y denunció los casos que pudiesen constituir delito. 

Tras la designación de Meléndez como fiscal regional de Los Ríos, la Asociación Nacional de Fiscales acusó ‘malas prácticas’ en el proceso de elección, pues los fiscales regionales, antes de cumplir su período correspondiente a ocho años, postulan a otro, asegurándose con esta estrategia -de las sillas musicales- un cupo en la terna que recoge el fiscal nacional para designar un candidato al cargo vacante.

Luego, en el 2015, tras la designación de Meléndez como fiscal regional de Los Ríos, la Asociación Nacional de Fiscales acusó ‘malas prácticas’ en la elección de los cargos para dirigir las fiscalías regionales. Esto, pues los fiscales regionales, antes de cumplir su período correspondiente a ocho años para dirigir dichas instituciones, postulan a otro, asegurándose con esta estrategia -la de las sillas musicales- un cupo en la terna que recoge el fiscal nacional para designar un candidato para el cargo que queda vacante e ir rotándose entre sí, según informó La Prensa Austral. 

“Esta situación ha quedado en evidencia en distintas regiones y, particularmente, en la reciente elección del fiscal regional de la Región de Los Ríos [Juan Agustín Meléndez], en donde dos connotados fiscales jefe de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, fueron parte de la terna final, junto a un fiscal regional de otra localidad, pero finalmente resultó electo este último”, señala parte del documento difundido por la agrupación. 

La Asociación, descartó que se tratara de una crítica en contra de Meléndez y sus capacidades, sino que apuntaban a cómo el sistema no permite que los fiscales de las zonas logren alcanzar altos cargos dentro del organismo, evidenciando la misma falta de oportunidades. 

Maira: 'la dulzura de la violencia'

El último nombre que se sumó a la trama fue el de Erika Maira. Aunque es poco probable que el Ejecutivo la nomine como candidata, a menos que quiera sufrir otra derrota, pues la bancada de la UDI nuevamente notificó a La Moneda que sus votos no estarían para esa candidata, línea similar tomaría RN. Así se repetiría el mismo escenario que enfrentó Herrera y que la dejó a seis votos de ser fiscal nacional, peor que Morales. 

Pese a ello, dentro de La Moneda se comenta que Maira desde un inicio era la candidata que más acomodaba a Palacio, incluso antes de Herrera, quien tras su postulación en el segundo proceso, logró quedar tercera, tras Meléndez y Mansilla.

Una vez conocida la nominación de Maira, rápidamente se hicieron públicos antiguos comentarios que había hecho en sus redes sociales donde comentaba distintos episodios políticos y de actualidad. 

Uno de ellos señala lo siguiente: “Presidente [Sebastián Piñera] en Cena de la Minería habla de la judicialización de los proyectos mineros como algo malo… ¿El poder económico es absoluto?”. “Alianza, por favor, no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso”, escribió en otro contexto.   

La candidata Erika Maira -que ingresó al Ministerio Público en 2006- tiene a su haber la participación en el juicio en contra Karina Sepúlveda el año 2013, quien mató a su pareja tras soportar 18 años de agresiones. "Karina ya no sentía la dulzura de la violencia y por eso lo mató", habría señalado Maira.

Este tipo de críticas despertaron la suspicacia de la oposición, pues no estarían cómodos con los comentarios emitidos por Maira. No obstante, la abogada también arremetió en el pasado contra Boric, por la informalidad con la que se presentaba al Congreso durante su época como diputado. “Pero esto es en el Congreso, el mismo al que va Florcita Motuda, Boric, etc. Ninguno se caracteriza por la formalidad. Esto fue un exceso de los señores corbatistas”.

También tuvo palabras para el video en que Boric recibe gustosamente una polera de Jaime Guzmán con un disparo en la frente. “Chocante lo de Boric y la polera. Macabro”, escribió.

Sin embargo, Maira -que ingresó al Ministerio Público en 2006- tiene a su haber la participación en el juicio en contra Karina Sepúlveda el año 2013, quien luego de soportar durante 18 años agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja, Claudio Reyes, lo asesinó. Sentando como precedente un caso emblemático, pues la defensa de Sepúlveda alegó la eximente de Estado de Necesidad Exculpante tras los años acumulados de abusos por parte de Reyes, quien también maltrataba a su hijo desde los cuatro años. 

Maira, fue parte de los fiscales que representaron al Ministerio Público junto con Patricio Vergara y Rodrigo Chinchón. En una declaración realizada por el Observatorio de Género y Equidad, Corporación Humanas y la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, acusaron durante el proceso una revictimización por parte de los abogados en contra de Sepúlveda, ya que aseguran no reconocieron su calidad de víctima de violencia doméstica.

Incluso, afirman que Maira habría señalado que: “Karina ya no sentía la dulzura de la violencia y por eso lo mató”, lo que desde las organizaciones interpretaron como una relativización del carácter político que tiene la violencia contra las mujeres.

Los otros nombres

Carlos Palma y Ángel Valencia, son los únicos candidatos que quedan de la primera quina propuesta por la Corte Suprema. Ambos, reunen buenos apoyos en la oposición, pero no convencen a todas las filas oficialistas. En el caso de Valencia, el abogado fue 'vetado' por la ministra Antonia Orellana, debido a que en el ejercicio de su profesió defendió a un acusado de violación, un aspecto que preocupaba a las organizaciones de mujeres.

En su momento, Orellana descartó referirse a los 'cahuines' que se publicaban 'por la prensa', pero su par de Justicia, reconoció el hecho en su última visita a la Comisión de Cosntitución durante la presentación de Herrera. 

Carlos Palma y Ángel Valencia, son los únicos candidatos que quedan de la primera quina propuesta por la Corte Suprema. Ambos, reunen buenos apoyos en la oposición, pero no convencen a todas las filas oficialistas debido a su pasado. Caso similar con Mansilla, quien restó apoyos tras revelarse su cercanía con Abbott. 

No obstante, Valencia también tenía en su registro profesional haber sido abogado de Miguel 'Negro' Piñera en un polémico choque. En adición, defendió a una proveedora de Sebastián Piñera en la arista SQM, a Cruz Verde en el caso colusión de farmacias, un imputado en el caso de tráfico de armas a Croacia y a un colaborador de Felipe Harboe en el caso Corpesca. 

Otro candidato que divide al oficialismo es Palma, actualmente es investigado por manipulación de evidencia en la investigación de la Operación Huracán. Asimismo, en agosto del 2022, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó sobreseer al fiscal y a un agente de la policía de investigaciones en una querella por obstrucción a la justicia, debido a la indicio de posibles documentos falsos como medio de prueba. 

Mansilla, al igual que Herrera, tiene como punto en contra su cercanía con Abbott, la que quedó en evidencia tras revelarse una serie de mensajes que intercambió con Sergio Moya, otro fiscal del Ministerio Público. 

En los mensajes, también se revela que Mansilla estaba al tanto de todos los movimientos y estrategias que Moya había desarrollado para acusar falsamente a Emiliano Arias de corrupción y que Mansilla llegara a ocupar el cargo vacante, escogida por Moya y Abbott.