Hoy el TC debe decidir si el Tribunal Ambiental invadió las atribuciones del Comité de Ministros al ordenar una cuarta votación de Dominga. Sin embargo, hace dos días se inhabilitó el ministro Gómez, quien estaba dispuesto a votar hasta el martes pasado, cuando la sesión se suspendió por una supuesta emanación de gas en Santiago.

La empresa responsable del proyecto, Andes Iron, consideró que “lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener vicios profundos”.

El fallo rechazó el recurso de casación interpuesto por el condenado, confirmando la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental que estableció el daño ambiental provocado por el relleno del humedal valdiviano y la orden de presentar un Plan de Reparación en el plazo de 120 días.

La titular de Medio Ambiente publicó una tercera reunión que contó con los presidentes ejecutivos de la minera de los Luksic, de la generadora de los Matte, de las salmoneras Blumar y MultiX. Además, de una directora de CMPC y los gerentes generales de Besalco y de Exxacon.

Primo del lobista Pablo Zalaquett, cercano a la UDI, y el empresario que reemplazó a los Angelini en el liderazgo del gremio, cuando estos salieron de escena tras el escándalo de Corpesca. Sarquis es quien busca frenar el reemplazo de la 'Ley Longueira', y en su intento, dejó al desnudo cómo funcionan las cosas en Chile: como siempre ha sido.

Desde la secretaría de Estado niegan que la normativa transgreda el Convenio, pero la preocupación en la Cámara radica en que las baterías de automóviles puedan ser usadas para la producción de drogas, acabar en países con normativas medioambientales más laxas y perder la oportunidad de crear una industria de reciclaje, preocupación que el mismo presidente Boric señaló en su investidura como diputado. 

Mediante un proyecto de resolución inédito hasta la fecha, que contó con 104 votos a favor, de todos los sectores políticos, y ninguno en contra, la iniciativa presiona al Ministerio de Medio Ambiente para que priorice los humedales cuya declaratoria ha sido anulada. Esto, en medio de discusiones legislativas venideras por dos proyectos de ley sobre protección de humedales donde se teme por el lobby que pueda hacer la Cámara Chilena de la Construcción.

El juicio que mantiene a la comunidad enfrentada al Ministerio de Medio Ambiente (MMA) por rechazar la declaratoria de los cuerpos de agua resultó favorable para la defensa, ya que en la audiencia de conciliación, la cartera ambiental se comprometió a entregar la categoría de protección a la ladera sur de la desembocadura del Río Maipo, lugar que se encuentra a merced de la expansión del Puerto Exterior y que busca desarrollar la estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). El acta de esta reunión deberá ser aprobada por los directorios de las partes con plazo máximo el próximo 15 de julio.

Una ola de reclamaciones de privados ha permitido retrotraer y amenazar las declaratorias de 29 humedales. Esto es posible -en parte- por el accionar defectuoso del Ministerio de Medio Ambiente, durante Sebastián Piñera y Gabriel Boric, en el proceso de declaratorias. En su descargo acusan falta de presupuesto específico en la ley.

Las tres cortes especializadas tramitan 42 reclamos por parte de inmobiliarias, agrícolas y otros privados que buscan retrotraer las declaraciones que protegen 29 humedales urbanos de los 100 que hay en total. El destino de éstos se verá ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

Anglo American tuvo una reunión de lobby en enero con el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, así como con otros altos funcionarios de los ministerios que decidirán el futuro de la operación.  Proaño declaró estar a favor de la operación minera. Opositores al proyecto señalan que recurrirán al Tribunal Ambiental si el gobierno de Boric aprueba el proyecto.

En octubre el 2° Tribunal Ambiental retiró la condición de humedal tras reclamos de inmobiliarias e inversionistas. A ello se sumó que la Corte Suprema desestimara como terceros vinculantes a organizaciones sociales de la comuna y al propio al municipio. Ahora queda en manos del ministerio de Medio Ambiente reiniciar el proceso.

A 10 años del ingreso del proyecto minero-portuario a calificación ambiental, el gobierno rechazó la propuesta de Andes Iron por 6 votos contra 0. La empresa anunció que recurrirá al Tribunal Ambiental, que ya emitió una opinión favorable al proyecto en 2021, por lo que el caso Dominga está lejos aún de concluir.

La titular de Medio Ambiente se sumó a las críticas a la iniciativa de un 4° retiro, aunque -al igual que otras autoridades- reconoció que retiró fondos previsionales en su momento. Esto, pese a que en su última declaración de transparencia consignó 504 millones de pesos en bienes financieros a los que podría acudir rápidamente para obtener liquidez.

En un duro golpe para las aspiraciones ambientalistas de la multinacional minera, el CMN acordó enviar los antecedentes del caso a Fiscalía. En sectores aledaños al camino no autorizado -obra ejecutada por Fundación Santuario El Plomo- se encontraron “elementos arqueológicos” en riesgo.

Mediante una presentación interna, la multinacional entrega argumentos para la compra de la totalidad de un santuario del que ya posee el 32%. A pesar de indicar en el documento un “uso potencial” industrial para una fracción del terreno, la empresa minera asegura que no considerará obras que “no sean compatibles con su naturaleza de área protegida”.

La iniciativa es de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, integrada por dos municipios que deben presentar observaciones al proyecto Los Bronces Integrado. La idea corre de manera paralela con la propuesta de decenas de ONG’s medioambientales, que apoyados por el Congreso Nacional, intentan darle un mayor estándar de protección al predio: declararlo Parque Nacional.

El gobierno debía pronunciarse respecto a un recurso de reclamación de la empresa minera, pero optó por pedir más antecedentes sobre esta iniciativa cuyo objetivo es extraer potasio y litio en un pueblo de San Pedro de Atacama, según informan dirigentes atacameños potencialmente afectados. Se trata del mismo proyecto que fue ingresado hace más de una década y que todavía no obtiene una resolución de calificación ambiental favorable.