El cambio de gabinete del 10 de marzo -a un día de que se cumple un año de la instalación del actual gobierno- era un evento previsible y esperado, el cual se había informado con meses de antelación. Su necesidad provenía de expresar la nueva correlación de fuerzas políticas en el oficialismo, donde adquirieron peso los partidos de la ex Nueva Mayoría, y hacer cambios ante gestiones insatisfactorias.
En el primer punto, el movimiento es claro.
De los cinco nuevos ministros, cuatro provienen del mundo de la Nueva Mayoría, salvo Aisén Etcheverry, cuyo perfil es de una académica independiente, en instancias en que salieron dos ministras cercanas al Frente Amplio (FA); Julieta Brodsky (CS), ex ministra de Cultura y Alexandra Benado, independiente cercana al FA y ex titular de Deportes.
La mayor operación de cuoteo sucedió en las subsecretarías. De un total de 15 reparticiones, abandonaron el gobierno seis altos funcionarios ligados al FA y dos del Partido Comunista (PC), en tanto, entraron como nuevas autoridades tres FA y ningún PC.
Sin embargo, tal como se esperaba, la mayor operación de cuoteo sucedió en las subsecretarías. De un total de 15 reparticiones, abandonaron el gobierno seis altos funcionarios ligados al FA y dos del Partido Comunista (PC), en tanto, entraron como nuevas autoridades tres FA y ningún PC. En contrapartida, los militantes y cercanos a partidos de Socialismo Democrático, suman al menos diez nuevas autoridades, mientras que solo pierden tres (ver cuadros).
En cuanto a los cambios por gestiones insatisfactorias, la cirugía fue solo ambulatoria. Esto, porque no se tocó el equipo político, conformado en septiembre de 2022, tras la derrota del plebiscito por la nueva Constitución, y que encabeza Carolina Tohá (PPD), como ministra de Interior. Esto, pese a que hay por lo menos tres grandes fracasos de dicho equipo.
Primero, la nominación de Ángel Valencia como fiscal nacional, pese a la oposición feminista del propio gobierno, sin haber podido juntar apoyos para nombrar a otros dos candidatos, en dos rondas previas de votación del Senado. Una tarea cuya principal responsabilidad recae en la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS).
Después está la incapacidad del equipo político de evitar la fractura de la coalición en dos listas para afrontar la próxima elección de mayo, en el marco del nuevo proceso constitucional, resultado; una lista con el PPD, la DC y el PR, por un lado, y la otra con el PS y los partidos que componen Apruebo Dignidad por otro (FA y PC, fundamentalmente). En esta fractura fue clave el PPD, que no quería conformar la “lista del indulto”, según dijo su líder histórico Guido Girardi, y correligionario de la propia Tohá.
Y finalmente, está la crisis actual por la caída de la Reforma Tributaria, la cual ni siquiera se llegó a discutir en el Congreso pues el gobierno no logró aprobar la idea de legislar en un trámite que éste mismo puso urgencia, y que solo requería mayoría simple. Se trata de un proyecto que era la piedra angular para el plan social y de pensiones del gobierno, el cual no se puede volver a presentar en un año.
Hoy el gobierno trata de endilgar la responsabilidad a la derecha social y política, e incluso al ex presidente Piñera, pero en la práctica está obligado a convenir de antemano una reforma tributaria que con alta probabilidad no gravará a las grandes fortunas. En esto, nuevamente la responsabilidad recae en la ministra Uriarte, además de Mario Marcel, titular de Hacienda.
El último bochorno -y tal vez el más polémico- ocurrió a fines de enero de este año, cuando “por error” se filtró una grabación de una reunión de la ministra con su gabinete y el equipo de Alex Wetzigel secretario general de Política Exterior, donde se habló mal y en un tono no diplomático del embajador argentino en Chile.
El abogado chileno de Pinochet
El único movimiento mayor fue la remoción de Cancillería de Antonia Urrejola (PS), quien estaba en la cuerda floja por variadas polémicas, y porque se convirtió tempranamente en un blanco para fuerzas políticas que deseaban ocupar el espacio desde el último cambio de gabinete, ocurrido inmediatamente después de la derrota del plebiscito del 4-S, como quedó de manifiesto cuando se montó la operación de tratar de imponer oficiosamente la candidatura de Chile de Claudio Grossman como integrante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando no era una prioridad de la agenda y no habían mayores posibilidades de éxito, lo cual le significó a Urrejola duros ataques por la prensa.
El último bochorno -y tal vez el más polémico- ocurrió a fines de enero de este año, cuando “por error” se filtró una grabación de una reunión de la ministra con su gabinete y el equipo de Alex Wetzigel secretario general de Política Exterior, donde se habló mal y en un tono no diplomático del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, justo en instancias en las que el presidente Gabriel Boric estaba en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Buenos Aires, con el presidente argentino Alberto Fernández como anfitrión. Fernández quitó presión al hecho de inmediato, con lo que no se produjo un impasse diplomático público, pero el contenido de la conversación, respecto a temas sensibles, como la plataforma continental, y la sugerencia de que la subsecretaria Ximena Fuentes (CS) fue parte una jugada que dejó mal a Bielsa durante la administración de Sebastian Piñera, hizo daño a la relación bilateral y dejó a Chile en una posición desmejorada; debiendo el favor de evitar el escándalo (ver artículo de INTERFERENCIA al respecto)
Urrejola también venía arrastrando otras cuentas, tanto de ella como de Boric: sus criticadas vacaciones durante los incendios de este verano; el impasse con el embajador de Israel en Chile donde el Presidente no le dio la credencial aunque esperaba afuera con su familia en un salón de La Moneda; la derrota de Nicolás Eyzaguirre en el BID; y, las diferencias públicas con el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Miguel Ahumada.
En su reemplazo, llega una figura polémica; Alberto van Klaveren (independiente cercano al PPD), un político, diplomático y académico que fue escalando posiciones en las distintas administraciones concertacionistas, desde que entró a la Dirección de Planificación de la Cancillería a mediados de los 90. Posteriormente fue embajador de Chile en la Unión Europea y Bélgica, nombrado por Ricardo Lagos; subsecretario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y agente de Chile ante La Haya por el litigio marítimo con Perú desde 2008 (con Michelle Bachelet) hasta 2014 (con Sebstián Piñera). Fue fundador también del Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), ligado a políticos de la ex Concertación.
Van Klaveren -quien es nacido en Holanda de familia judía- es cercano a José Miguel Insulza (PS), quien fue canciller entre 1994 y 1999, durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Durante este periodo el ex dictador Augusto Pinochet fue arrestado en Londres.
Además, van Klaveren -quien es nacido en Holanda de familia judía- es cercano a José Miguel Insulza (PS), quien fue canciller entre 1994 y 1999, durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Durante este periodo el ex dictador Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, el 6 de octubre de 1998, acusado de crímenes de lesa humanidad por el juez español Baltasar Garzón, ante lo cual el gobierno de Chile -liderado por ex opositores y, en algunos casos, víctimas del dictador- se abocó a evitar que Pinochet fuera extraditado a España y que pudiera volver a Chile, lo que finalmente pasó el 2 de marzo del 2000, luego de un juicio que concitó la atención mundial. En esa tarea de rescate de Pinochet, Van Klaveren fue clave.
Fue abogado del Estado chileno en Londres durante este proceso, e incluso viajó a La Haya en 1999 para analizar los alcances de una eventual demanda que permitiera el regreso de Pinochet a Chile. En la tarea de traer de vuelta a Pinochet, Van Klaveren estrechó lazos con Francisco Orrego, ex embajador de Chile en el Reino Unido entre 1983 y 1985, es decir bajo Pinochet, y Margareth Thatcher, respectivamente, quien prestó valiosa ayuda al dictador en su arresto, dada el apoyo que Chile le prestó durante la Guerra de las Malvinas (1982).
Con Orrego se conocen desde antes. Ambos fueron parte del Instituto de Estudios Internacionales en los 80, donde se formaron varios diplomáticos de renombre, como María Teresa Infante, Heraldo Muñoz, Carlos Portales, entre otros, el cual también prestó apoyo académico la dictadura en el conflicto limítrofe con Argentina, cuyo momento más álgido fue entre 1979 y 1984, cuando se estuvo cerca de la guerra.
Según algunas fuentes diplomáticas, es esa la generación que vuelve a la primera línea en Cancillería. Aunque reconocen las capacidades de van Klaveren, no ven que vaya a dar tiraje a la chimenea.
Cabe mencionar que Van Klaveren fue la carta de última hora de Boric, pues hasta momentos antes del anuncio, la canciller iba a ser la socióloga Marta Maurás (PPD), pero su opción se habría caído luego de la filtración de una acusación de maltrato laboral en su contra, la que habría salido del staff de la canciller saliente Urrejola.
Con todo, se esperan cambios fuertes en Cancillería, pues, además de Urrejola, salieron los subsecretarios José Miguel Ahumada (Relaciones Económicas Internacionales) y Ximena Fuentes (Relaciones Exteriores), quienes en el diseño original compensaban desde el FA a una canciller socialista. En su reemplazo entraron Gloria de la Fuente (PS) y Claudia Sanhueza (RD), con lo que ese equilibrio se rompió en favor de la ex Nueva Mayoría.
Se cree que García salió ante el bajo nivel de conocimiento que marcaba en las encuestas (20%), además del bajo avance en procesos de licitaciones y baja ejecución presupuestaria que tuvo la cartera el año pasado.
Otras carteras
En el Ministerio de Obras Públicas salió Juan Carlos García (PL) y asumió Jéssica López (PS). La nueva ministra tiene experiencia en bancos: fue presidenta, vicepresidenta y gerenta general de BancoEstado y directora en Itaú-Corpbanca. También fue presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y tiene experiencia en fundaciones, entre ellas, Comunidad Mujer.
Se cree que García salió ante el bajo nivel de conocimiento que marcaba en las encuestas (20%), además del bajo avance en procesos de licitaciones y baja ejecución presupuestaria que tuvo la cartera el año pasado, siendo un ministerio clave para fogonear la inversión y mostrar obras visibles ante la ciudadanía.
Este es el único ajuste ministerial del equipo económico, aunque también hubo cambios en las subsecretarías de Hacienda, donde entró Heidi Berner (independiente pro PS) por Claudia Sanhueza (RD); Turismo, donde entró Verónica Pardo (PL) por Verónica Kunze (independiente), y el mencionado cambio en Relaciones Económicas Internacionales.
En las carteras con menos peso político, salió Julieta Brodsky (CS) de Cultura, quien también cargaba con una evaluación negativa de su gestión por el paro de trabajadores de Patrimonio en 2022 y problemas en los concursos como el Fondo del Libro.
En reemplazo de Brodsky entró Jaime de Aguirre, conocido por haber sido director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile (TVN) entre 2016 y 2018 (Michelle Bachelet 1). El nuevo ministro estuvo vinculado a la ex Concertación desde sus inicios, cuando participó en la campaña del NO, en el plebiscito de 1988. Fue investigado durante el caso SQM por emisión de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento ilegal de la política. Entre 2002 y 2015 fue director ejecutivo de Chilevisión, y en 2009 habría emitido boletas ilícitas, proceso judicial que finalmente se cerró.
En Deportes toma la posta Jaime Pizarro, quien fue Subsecretario del Instituto Nacional de Deportes (Chiledeportes) y que reemplaza a Alexandra Benado (independiente pro FA), quien tenía a su cargo la gestión de los Panamericanos 2023, evento que ha sufrido diversos retrasos en la ejecución de obras.
Mientras, en Deportes toma la posta Jaime Pizarro, ex capitán de Colo Colo en la obtención de la Copa Libertadores de 1991 y profesor de Educación Física, quien fue Subsecretario del Instituto Nacional de Deportes (Chiledeportes) durante el primer periodo de Bachelet, quien reemplaza a Alexandra Benado (independiente pro FA), quien tenía a su cargo la gestión de los Panamericanos 2023, evento que ha sufrido diversos retrasos en la ejecución de obras. Además, sobre Benado recaen acusaciones por acoso laboral, en su paso por Londres 38.
Por su parte, Silvia Díaz (independiente pro PPD) deja el Ministerio de Ciencias, quien apenas era conocida (16%) según las encuestas. Asume en su reemplazo Aisén Etcheberry, quien hasta hoy era parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI) y directora de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Finalmente, llama la atención de la salida de la subsecretaria de Educación Superior Verónica Figueroa Huencho (independiente), quien era la última autoridad mapuche en el gabinete. La sustituye Víctor Orellana de Comunes. Asimismo, mantuvo su puesto el ministro Marco Antonio Ávila (RD), quien estuvo en el centro de la polémica votación que dejó al gobierno y al país sin reforma tributaria, pues su presencia habría motivado la abstención de las diputadas Pamela Jiles y Viviana Delgado, siendo esta última quien acusó a Ávila de haberla agredido.
Completando la cartera de Educación, entró a la Subsecretaría de Educación Alejandra Arratia, quien era directora ejecutiva de Educación 2020, fundación fundada por Mario Mario Waissbluth, en reemplazo del comunista Gabriel Bosque.
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Habrá reformas... al menos?
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