Para este lunes 13 de octubre está fijado el comienzo de la audiencia preparatoria de juicio del denominado Caso Lencería, el más mediático en su momento del Caso Convenios, por involucrar a la actual creadora de contenido erótico y ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi.

Además de la mencionada, entre los 10 imputados se encuentra su ex pareja, Sebastián Polanco; el ex amigo de éste, Matías Godoy; además de los ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío (Gore Biobío), Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Simón Acuña.

Pero detrás del fenómeno mediático que significó este caso en 2023, en Concepción actualmente persiste la suspicacia de por qué el ex gobernador Rodrigo Díaz, no se encuentra formalizado pese a que él firmó el convenio vinculado a Polizzi.

Más allá de las razones que tuvo la Fiscalía para no formalizar a la ex autoridad, otros hechos que siguen rondando a este caso dicen relación con las redes de poder que se evidenciaron desde que se destapó el Caso Convenios hasta la actualidad.

Poniéndolo en perspectiva, el Caso Lencería consiste en el traspaso de $250 millones a la Fundación en Ti, la cual en el convenio con el Gore Biobío estaba directamente vinculado a Polizzi. 

La Fiscalía acusa a Polizzi de estafa y lavado de activos, por presuntamente haber utilizado los fondos del convenio para otros fines y solicita 8 años de cárcel para ella y su ex pareja

La Fiscalía acusa a Polizzi de estafa y lavado de activos, por presuntamente haber utilizado los fondos del convenio para otros fines y solicita 8 años de cárcel para ella y su ex pareja. En tanto, para los ex funcionarios del Gore Biobío, el Ministerio Público solicita 15 años de presidio mayor en su grado medio, acusados de facilitar el traspaso de los dineros a la Fundación en Ti.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicita una pena de 28 años de cárcel para Polizzi y su ex pareja; y 15 años de presidio para los ex representantes del Gore Biobío.

En la ciudadanía, después de todo el fenómeno mediático en torno a este caso, quedó la sensación de que a Polizzi se le entregaron estos fondos por algún motivo –no precisado en la acusación– y que ella los malgastó en restaurantes y lencería.

La defensa de ella busca demostrar que los trabajos del convenio sí fueron realizados, mientras que los ex funcionarios dar cuenta de que no hubo irregularidades en el traspaso de los $250 millones.

Pero todo esto es tan sólo la punta del iceberg de esta historia, porque en el fondo existen otros antecedentes que aumentan la suspicacia en torno a las acciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Pero todo esto es tan sólo la punta del iceberg de esta historia, porque en el fondo existen otros antecedentes que aumentan la suspicacia en torno a las acciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

El ex gobernador Rodrigo Díaz, quien puso la firma para traspasar los $250 millones a Polizzi, durante su mandato traspasó un total de $2.397 millones al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), el cual reúne a la gran industria con presencia en el Biobío, entre ellas las forestales Arauco y CMPC; las pesqueras Blumar, Pacific Blu y Camanchaca; las inmobiliarias Valmar y Aitue, la Universidad San Sebastián, Enap, el diario El Sur de la familia Edwards.

Este gremio era representado en aquel entonces por Paul Esquerré, empresario penquista que trabajó en la estrategia de campaña de Rodrigo Díaz antes de ser electo gobernador, lo cual en teoría, significa un evidente conflicto de intereses.

Esquerré, además ha sido parte de las acciones de la Fiscalía –de otras regiones, no del Biobío–, en torno al Caso Procultura, dado que la empresa del mencionado recibió dineros en el convenio de 2.553 millones de la fundación, como prestadora de servicios.

Según antecedentes obtenidos por Interferencia, la empresa Esquerré Consultores recibió más de $310 millones de convenios suscritos por el Gore Biobío durante la administración de Díaz, contando los servicios para Procultura y también al mismo gremio Irade.

Hasta ahora no existen noticias de que la Fiscalía del Biobío esté yendo detrás de este potencial conflicto de intereses y es en este punto donde surgen los antecedentes que dan cuenta de las redes entre las persecutoras, Paul Esquerré e Irade, además de Rodrigo Díaz.

Hasta ahora no existen noticias de que la Fiscalía del Biobío esté yendo detrás de este potencial conflicto de intereses y es en este punto donde surgen los antecedentes que dan cuenta de las redes entre las persecutoras, Paul Esquerré e Irade, además de Rodrigo Díaz.

Antecedentes expuestos en el libro ‘Camila Polizzi y el Poder al Desnudo’ –escrito por el autor de este artículo–, revelan que María José Aguayo, la fiscal a cargo del Caso Convenios en el Biobío, tiene una estrecha relación con Paul Esquerré, los cuales no fueron transparentados públicamente hasta la publicación de estos datos.

Asimismo, la fiscal regional del Biobío y jefa de Aguayo, Marcela Cartagena, está casada con el abogado Álvaro Sepúlveda, quien trabaja para el Consejo de Defensa del Estado y además realizó una asesoría verbal para Irade, esto cuando era presidida por Paul Esquerré y el Caso Convenios ya estaba en marcha.

Todo esto es parte de una historia que ha pasado desapercibida a nivel mediático y judicial. Y la sensación de muchos penquistas es que no pasará nada con Esquerré ni con Díaz.