La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a Gendarmería realizar un sumario administrativo, luego de acreditar graves fallas en los sistemas de control interno en distintos penales a nivel nacional, algunos que revisten caracteres de delito. 

La información consta en una auditoría reservada que realizó el organismo fiscalizador a la que accedió Interferencia.

En el documento se detalla una crisis importante al interior del servicio en aspectos claves para resguardar la seguridad en las cárceles.

Destacan -entre muchos otros- falta de allanamientos, incautaciones sin cadena de custodia, enrolamientos irregulares, ausencia de cámaras de seguridad en lugares claves; le siguen abogados que aparecen ingresando al mismo tiempo a cárceles con kilómetros de distancia y otros de quienes se desconoce si cuentan con título.

A lo anterior se suman gendarmes con familiares directos condenados en los mismos recintos donde trabajan; internos que reciben visitas y encomiendas, pese a estar sancionados; sistemas informáticos con una antigüedad de 25 años y falta de tecnología para revisar si los gendarmes que ingresan y salen de los recintos portan drogas

Suma y sigue, un grave atraso en los sumarios, algunos de los cuales demoraron más de seis años en tramitarse. Ello significó aplicar la prescripción y los investigados no recibieron sanción.

De acuerdo a la auditoría, hubo indagatorias administrativas, donde se perdieron piezas del expediente que nunca pudo ser reconstruido, por hechos ligados a pérdida de armas, droga y otros ilícitos.

El organismo fiscalizador, atendida la gravedad de los hallazgos, resolvió enviar los antecedentes al Ministerio Público.

El informe fue notificado la semana pasada tanto a Gendarmería como al Ministerio de Justicia, del que depende el servicio de prisiones.

Uno de los detalles que también arrojó el informe es que en Colina II se hallaron -en junio de 2024- cinco municiones 9 milímetros y en la ex Penitenciaría, un módem para conectarse a Internet. Eso, además de celulares y drogas.

Sin plata

En la lucha en contra de la criminalidad, tanto la tradicional como la organizada, una parte dice relación con el control tanto intramural como extramural de los penales.

Para nadie es un misterio que organizaciones criminales manejan redes de robo de vehículos, secuestros, sicariato, entre otros ilícitos, a vista y paciencia de la autoridad.

Por esta razón, en control de visitas, la correcta aplicación de sanciones a los privados de libertad, el uso de cámaras de seguridad y un sistema informático moderno, se vuelven vitales.

Pues bien, la Contraloría fue descubriendo decenas de anomalías, una de ellas a las visitas para el venusterio (beneficio para tener sexo con la pareja).

Por ejemplo, en Colina II, por las características del lugar -agrega la CGR- “no se evidencian cámaras de vigilancia en las afueras del recinto para visitas íntimas”.

En la ex Penitenciaría, en tanto, “no se evidencia una vigilancia por parte de funcionarios durante el transcurso de la visita en los lugares exteriores”.

Por si fuera poco, en Linares, los vigilantes no revisan al privado de libertad después del encuentro sexual y las veces que se realiza, es “de forma aleatoria”.

El Derecho

El caso de las visitas de abogados sigue la misma línea, salvo la ex Penitenciaría, de acuerdo al resultado de la visita de la entidad de control.

Cuando se entrevistan con sus patrocinados, no hay cámaras de vigilancia o bien la presencia de un funcionario en el lugar “que permita evitar que se produzca algún intercambio de especies no permitidas”.

En su respuesta Gendarmería dijo que se chequea al interno terminada la reunión, pero selectivamente. Al respecto, la CGR reveló que no existe respaldo para confirmar la situación.

Es así que entre enero de 2023 y el 15 de marzo de 2024 hubo 189.858 ingresos, que a su vez corresponden a 4.814 asesores jurídicos, con entradas a los 80 recintos penitenciarios cerrados analizados.

Quien lleva la delantera son los juristas privados con 3.553 visitas. Le sigue la Defensoría con 1.213, mientras que el resto son estudiantes de tercer y quinto año, egresados y procuradores del número.

En la revisión que hizo la Contraloría descubrió que no existía un registro de 479 abogados en la página del Poder Judicial para acreditar la veracidad del título.

Junto a lo anterior, se acreditó que 9 abogados, como también los “habilitados” de Derecho,  “ingresaron, en un mismo día, a diversos centros penitenciarios a nivel nacional, los cuales entre sí se encuentran distantes geográficamente”.

Destaca el caso de “Adolfo”, quien aparece visitando las cárceles ubicadas en las regiones de Atacama, Bío Bío, Araucanía, Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo al informe, Gendarmería “no mantiene controles que le permitan identificar posibles inconsistencias en los ingresos de los abogados y habilitados en los recintos penitenciarios”.

El servicio de prisiones acusó el golpe y bloqueó a los 9 profesionales aludidos, “como medida provisoria”.

En lo referido a las imágenes captadas por el circuito cerrado son almacenadas en discos duros, que no cuentan con claves de seguridad para evitar que cualquier funcionario acceda a ellas.

“Los hechos expuestos, denotan una debilidad control en cuanto a que cualquier persona podría acceder sin restricciones (...) implicando el riesgo de pérdida o manipulaciones (...), afectando la evidencia audiovisual que respalda un procedimiento policial”, detalla la auditoría.

No es todo. En cuatro penales (Colina I, ex Penitenciaría, y las cárceles de Linares y Talca) si bien cuentan con tecnología para detectar objetos, en ninguna de ellas existen métodos “para detectar el porte de sustancias ilícitas de las personas que ingresan a visita”.

Básicamente, indicó Gendarmería en su respuesta, sencillamente los recursos no alcanzan y no aportó información de una fecha probable para solucionar el hallazgo.

Libertad absoluta

En los últimos años, la participación de gendarmes que cometen delitos, ya sea para ayudar a internos, perder el arma para que llegue a manos de delincuentes o bien el ingreso de drogas u otras especies al penal donde laboran se ha vuelto usual.

La entidad revisora detectó una grave falencia: los penales de Colina I, Linares, Talca y la ex Penitenciaría, carecen de elementos para detectar si los funcionarios ingresan drogas.

El órgano de control indicó que precisamente en este último recinto es donde se han detectado “una mayor cantidad de faltas relacionadas con porte de drogas de parte de los internos”, entre enero de 2023 a marzo de 2024.

Se constató que en Colina II, de forma aleatoria los auditores abrieron cinco bolsas de nylon, que contenían “papeles de diversas sustancias”. Estos habían sido depositados en un cajón de un funcionario cualquiera sin ninguna medida de resguardo.

“(...) no se evidenció que al momento de la visita existiera un documento que indicara la persona que efectuó el hallazgo y a quién fue entregado posterior a ello, así como tampoco un detalle de los elementos incautados en la mencionada ronda y el contenido detectado una vez que estos fueron abiertos por el personal responsable.”, se lee en el informe. Eso sin contar que las incautaciones carecían de cadena de custodia.

Sumarios atrasados

El atraso en la tramitación de los sumarios ha sido un problema tradicional en Gendarmería, por lo que la supervisión por parte de la CGR arrojó graves anomalías.

Muchos de ellos, atendido el paso del tiempo, fueron sobreseídos o se aplicó la prescripción e incluso se detectó la pérdida de piezas de algunos expedientes

“En ese contexto, se hace presente, que los aludidos sumarios iniciados por Gendarmería de Chile tienen una antigüedad superior a 6 años, ya que varios provienen del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018”, detalla la revisión de la CGR.

Según la entidad de control, estos hechos implican serias deficiencias de “seguimiento y monitoreo (...)  toda vez que no existió una supervisión competente del personal encargado que permitiera garantizar la gestión y determinación de las medidas disciplinarias correspondientes de forma oportuna”.

El asunto “expone a la institución al riesgo de que ante hechos que afecten a la seguridad penitenciaria y revistan el carácter de delito, como por ejemplo el ingreso de armas, sustancias o teléfonos celulares, no se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios y estos sigan perteneciendo a la institución”.

Los enrolamientos

Cada persona privada de libertad tiene derecho a enrolar a 10 visitas. Estas últimas deben estar ingresadas en el sistema informático de Gendarmería.

Sin embargo se descubrió que al menos cinco mujeres nunca lo estuvieron y aún así ingresaron a los penales de Valparaíso, Concepción y Puerto Montt.

Dentro de los sujetos que aparecen con mayor cantidad de visitas, está el machi Celestino Córdova con 1.241 enrolados. Es decir, en exceso son 1.231.

Córdova se encuentra condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fallecieron quemados en su residencia el 4 de enero de 2014. Por este delito fue condenado a 18 años de prisión.

Le sigue el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, recientemente condenado a 23 años por delitos de atentado a la autoridad, entre otros, en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

Llaitul, descontando los diez, suma 521 visitantes fuera de norma.

En tanto, los ex agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, Álvaro Corbalan y Miguel Krassnoff, suman más de 300 cada uno. 

Una cifra similar tiene Luis Traical, otro de los condenados por el crimen de los Luchsinger Mackay.

En la misma línea, de colige de la revisión, la CGR detectó a 740 personas “que se encontraban enroladas para visitar a 15 o más internos, entre los cuales destaca un caso que se encuentra enrolado para un total de 134 privados de libertad”.

En sus descargos, Gendarmería confirmó el exceso de internos “enrolados por visita”, pero aseguró que realizó un “desenrolamiento”.

No obstante la Contraloría mantuvo la observación, porque la entidad no acompañó “reportes (...) que acrediten que se haya realizado dicha acción”.

Ya no están

El listado de irregularidades es largo e incluye falta de denuncia después de allanamientos y 564 de ellos que no han sido cerrados formalmente; y ausencia de los detalles asociados a las especies incautadas.

También se revisaron los sistemas de Registro y Control de Visitas, Sistema de Faltas y Sanciones y el de Allanamientos.

Pues bien. la CGR descubrió que 102 usuarios seguían manteniendo privilegios de ingreso, pero ninguno de ellos pertenecía a la institución.

El servicio de prisiones argumentó que cada tanto se cambian las contraseñas, así que por tanto no había problemas.

La entidad revisora pidió entonces que Gendarmería proporcionara la fecha en que cada uno de los usuarios cuestionados ingresó al sistema “y el detalle de lo que realizó”.

De forma llamativa, al 9 de agosto de 2024, la Contraloría nunca recibió la información.

Interferencia requirió la versión sobre este informe a la CGR, Gendarmería y al Ministerio Público, pero hasta el cierre de esta edició no hubo comentarios.