Héctor Llaitul

El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.

A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios.

"Con esta ley se reconoce a aquellos colonos, empresas forestales y privados a los que el Estado les entregó tierras", dice la diputada Emilia Nuyado a Interferencia.

En 2010 fueron 34 presos políticos mapuche quienes levantaron una histórica protesta. En aquel entonces, Manuel Monsalve, actual subsecretario del Interior, incluso se sumó a la huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Mientras que Carolina Tohá, actual titular de Interior, abogó por una salida política al conflicto.

En la carpeta investigativa, la policía civil relata el uso de este sistema israelí para interceptar llamadas y localizar al vocero en zonas cercanas a acciones de la CAM, por orden de la Fiscalía. Vigía entrega radios donde pudo estar Llaitul, pero no un punto específico, por lo que la evidencia es falible y requiere de otros medios de prueba; como lo fue el testimonio de un ex carabinero, quien dice haberlo visto en un enfrentamiento en Chol Chol.

La PDI interceptó y transcribió llamadas de Llaitul con al menos media docena de periodistas, entre ellos profesionales de Mega, Radio U. de Chile, La Red e INTERFERENCIA. Algunos figuran con fichas con sus direcciones particulares, números de teléfono y correos personales. En un caso aparecen fotos de una periodista en las afueras de su domicilio.

El expediente del caso que enfrenta Llaitul -al que accedió INTERFERENCIA- contiene cuatro transcripciones de conversaciones telefónicas entre el vocero de la CAM y Rodrigo Román, su abogado. Román señaló que denunciará estos hechos para que se investigue una posible violación al secreto profesional que lo ampara como abogado.

El vocero de la CAM sospechaba que se venía una acción en contra de esa organización mapuche. Según ese mensaje de voz, esperaba una acción de los sectores más duros del gobierno que estarían en sintonía con las policías. “Boric y su entorno no estarían por esa vía tan represiva porque no les conviene”.

Es la primera vez que detienen al vocero de la CAM desde 2017 -durante el gobierno de Michelle Bachelet y con Mahmud Aleuy en la subsecretaría del Interior- cuando fue procesado en el marco de la denominada “Operación Huracán”, cuando Carabineros falsificó pruebas para inculpar a líderes mapuche.

En conversación con INTERFERENCIA en un predio en Coi Coi, en la Araucanía profunda, el vocero de la CAM habla sobre las posibilidades de diálogo con las autoridades y de por qué su grupo se siente ajeno al actual proceso constituyente.

Inteligencia de Carabineros supo al menos dos días antes del viaje del periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez para entrevistar a Héctor Llaitul. En un control sanitario en Cañete, un carabinero estuvo atento al paso del equipo de prensa. Aun así, poco después sufrieron una emboscada que, según las pericias actuales, se perpetró con cuatro armas de distinto calibre y al menos desde tres direcciones distintas. Se cree que más de una decena de desconocidos participaron en el hecho.

En medio del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, la forestal de la familia Matte y el empresario del PPD han dado conjuntamente trabajo a varios mapuche de la Provincia de Arauco. Estos -incluidos algunos que pasaron por grupos radicales de reivindicación de tierras- son vistos como traidores. La CAM negó haber participado en la emboscada.

La declaración de la ministra de Desarrollo Social y Famila, Jeanette Vega, respecto de que el Gobierno se querellaría contra Héctor Llaitul generó una polémica con el Ministerio Público y una ola de incertidumbre através de variadas reacciones en La Moneda.

La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la aplicación del estado de emergencia en zonas de la Provincia de Arauco y la Región de La Araucanía, descartando idea de crear un “estado intermedio”. Desde el pueblo mapuche fueron Pascual Pichun, Ana Llao, Pedro Cayuqueo y Salvador Millaleo, algunos de los que criticaron la medida.

Fue autoridad del Ejecutivo en los tiempos de la Operación Huracán, en la cual se encarceló al dirigente de la CAM, Héctor Llaitul. Pero su pasado incluso está abriendo la incertidumbre con sectores más institucionales, como la Municipalidad de Tirúa, liderada por Identidad Territorial Lafkenche.

“Si lo redujeron, lo más sensato que podrían haber hecho era detenerlo, no matarlo”, dice Miriam Gutiérrez, quien conversó con INTERFERENCIA sobre su hijo, militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), asesinado por Carabineros en una acción de sabotaje contra Forestal Mininco. También habló sobre el eluwun (funeral) en Pidenco y su visión acerca del conflicto del Estado con el pueblo mapuche.

El preinforme meta pericial forense criminalístico, realizado por el tanatólogo Bernardo Morales, a petición de la familia, dice que el impacto fue “con apoyo del cañón en el punto de entrada del proyectil balístico y en posición de ejecutado”. “El SML tendrá que dar alguna respuesta”, dice el defensor Rodrigo Román a INTERFERENCIA.

Desde la Coordinadora Arauco Malleco indicaron a INTERFERENCIA que actualmente son cerca de 20 comunidades que suscriben a las acciones de la organización, con un promedio de reivindicación de 1.500 hectáreas por comunidad. La organización también desestima estar detrás de incendio en Carahue que dejó un matrimonio herido.

Según una persona que vio el cuerpo en el Servicio Médico Legal, Marchant tiene dos impactos de escopeta, mientras que una fuente de Fiscalía describe que son dos impactos, pero del mismo tiro. Versiones que se contraponen con la de los carabineros que declararon que solo fue un impacto en la nuca.

Su círculo cercano le llamaba “Toñito” y lo despedirán en un eluwun, es decir, en un funeral tradicional para despedir a un weichafe (guerrero). “Vivió como quiso vivir, bajo sus convicciones”, dice Héctor Llaitul. Pablo Marchant será enterrado en un lugar en proceso de recuperación territorial.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de otro weichafe; Pablo Marchant. "Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”.

Augusto Scarella es esposo de Claudia Pérez Muñoz, funcionaria de la Agencia Nacional de Inteligencia desde los tiempos de la Oficina. Además, este ex coronel de Ejército representa en Latinoamérica a G4S, acusada por Irán de estar detrás del asesinato de Qasem Soleimani.

Un día después de señalar que no se referirían a la situación, la empresa de la familia Matte confirmó que recibían una prestación por parte del dirigente hasta que decidió postularse a la Convención Constituyente. Sin embargo, la filial de la CMPC no quiso entregar detalles del contrato.

La querella de Iván Núñez menciona que tuvo conversaciones con Santo Reinao y Gladys Huenumán, ligados al PPD y al PC, respectivamente. A ambos se les señala como cercanos a Mininco de CMPC y mantienen distancia con la CAM. Esto, entre rumores de una mesa de diálogo con organismos internacionales para buscar solución al conflicto.

La CAM y la derechista APRA se desmarcaron rápidamente y los antecedentes que existen sobre el ataque a Iván Núñez y Esteban Sánchez no dan cuenta de quién podría ser. Esto con un Ministerio Público en el Bío Bío que no ha prosperado en casos emblemáticos. Anoche la CAM responsabilizó a grupos vinculados a Mininco.

Andrés Cruz estuvo en el Ministerio Público en uno de los momentos políticamente más tensos del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. Hoy es docente en la Universidad de Concepción y busca ser parte de la Convención Constituyente, y pese a su currículum centrado en el área penal, es enfático en que la solución para la violencia en La Araucanía y Arauco es política.

El vocero de la CAM dice que valora la reciente propuesta de Francisco Huenchumilla, en especial la idea de que observadores internacionales sean garantes de una mesa de diálogo. Las propuestas actuales emanadas desde el gobierno, en cambio, sólo generarán un conflicto “más profundo, más encarnizado, más agudizado”.*

El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.

La abogada de CIDSUR representa a los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, y a Armando Henriquez, quienes demandaron al Estado por 2.000 millones por haber sido detenidos e imputados a través de falsificación de pruebas, en el marco de la Operación Huracán en 2017 por las acciones de Carabineros y el Ministerio Público.

David Gaete Beltrán fue parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) en la Provincia de Arauco y participó de los allanamientos del bullado montaje que encarceló a un grupo de mapuche, fue denunciado por torturas en 2017 y hoy acusa a tres jóvenes de lanzar bombas molotov en Plaza Dignidad.