La Contraloría General de la República finalizó esta semana un sumario administrativo por irregularidades en la compra de 18 mil cajas de alimentos para la Región de Arica y Parinacota. Cinco funcionarios de la ex Intendencia Regional –desde donde se realizó la compra por casi $900 millones– son apuntados como responsables, pero uno destaca: quien autorizó la adquisición, el delegado presidencial Roberto Erpel (UDI), nombrado por Sebastián Piñera como su representante directo en dicha región.

Cabe mencionar que con la elección histórica de gobernadores, los intendentes designados por Piñera dejaron sus cargos, pero muchos continuaron como delegados presidenciales regionales, la institución creada para mantener el poder central del Presidente en las regiones. Es el casoo de Erpel, que pasó a ser delegado de Piñera en Arica y Parinacota.

Es también precisamente el mandatario quien decidirá si se acoge o no las sanciones solicitadas por la entidad de control para la compra pública efectuada a mediados de 2020, durante los momentos más crudos de la pandemia y en el marco del programa del gobierno 'Alimentos para Chile'.

La millonaria licitación fue adjudicada vía trato directo a Tobar y Tobar Limitada, una empresa que no contaba con experiencia en el rubro –no tenía ni giro ni inicio de actividades relacionados a venta de alimentos– y que fijó sobreprecios para sus productos, lo que gatilló también una investigación penal en Fiscalía.

La millonaria licitación fue adjudicada vía trato directo a Tobar y Tobar Limitada, una empresa que no contaba con experiencia en el rubro –no tenía ni giro ni inicio de actividades relacionados a venta de alimentos– y que fijó sobreprecios para sus productos, lo que gatilló también una investigación penal en Fiscalía.

Para Eprel, quien al momento de la compra se desempeñaba como intendente regional, la Contraloría solicita la suspensión por un mes de su cargo con goce de sólo un 50% de su sueldo. Se suma a las sanciones el administrador regional de Arica y Parinacota en ese momento, Giancarlo Baltolú (Evópoli), a quién Contraloría solicita sancionar por ser quien se encargó de realizar la cotización de Tobar y Tobar. Baltolú se desempeñaba en el Gobierno Regional, no en la Intendencia –entidad que efectuó la compra–, por lo que no tenía facultades para realizar dicha gestión.

Para este último se propone una suspensión de dos meses, cuyo cumplimiento resulta complejo dado otra sanción que recayó recientemente en su contra. Contraloría destituyó a Baltolú el pasado 14 de enero como administrador regional luego de que en otro sumario se determinara que otorgó permisos irregulares a consejeros regionales y dirigentes vecinales para poder transitar durante la cuarentena de 2020.

Se suman a Erpel y Baltolú otros tres funcionarios de la ex Intendencia Regional que participaron en la compra pública irregular vía trato directo, con sanciones que van desde multas de un porcentaje de su remuneración a la suspensión por 30 días con goce de sólo el 50% de su remuneración.

El trabajo fiscalizador de Contraloría se da luego de una denuncia interpuesta por el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Luis Rocafull (PS), quienes a mediados de junio de 2020 presentaron reparos ante la Contraloría por la licitación. Insulza indicó a esta redacción que la denuncia fue interpuesta en su momento por dos motivos; los sobreprecios y porque la empresa no estaba en el rubro de alimentos. "Se compararon los precios y la verdad es que eran más baratos que lo que se pagó por las cajas, pero, además, la empresa que ganó el concurso se dedicaba a otras cosas”, dijo Insulza a esta redacción.

Ambas denuncias son constatables con información pública, lo que levanta sospechas por las motivaciones detrás de la decisión tomada por los funcionarios de gobierno.

Respecto a lo que debe decidir Piñera, si es que acata o no la sanción propuesta por Contraloría a Erpel, el senador socialista indicó que “debería hacerlo, corresponde que lo haga, pero ciertamente los plazos quizás jueguen en contra y le toque hacerlo al próximo presidente”, es decir Gabriel Boric.

Asesorías jurídicas y empresariales; pero no venta de comida

Según consta en la última escritura pública de Tobar y Tobar Limitada, con fecha 26 de enero de 2018, esta es propiedad de los hermanos Juan Pablo y Pedro Andrés Tobar León. No figura como objeto de la sociedad ningún tipo de actividad relacionada a la venta de alimentos. Por el contrario, se trata de actividades variadas pero de otros rubros las que se incluyen a desarrollar por Tobar y Tobar.

La larga lista para el objeto de esta sociedad contempla “actividades empresariales y de profesionales prestadas a empresas N.C.P [no clasificado previamente].; actividades jurídicas y de asesoramiento empresarial en general, fabricación de componentes electrónicos; fabricación y reparación de lámparas y equipo de iluminación; generación, captación y distribución de energía eléctrica, fabricación y reparación de otros tipos de equipo eléctrico N.C.P.; organizaciones y órganos extraterritoriales, otras actividades servicios, otros tipos de intermediación financiera, reciclamiento de desperdicios y desechos; servicios informáticos; y venta al por mayor en almacenes de artículos usados”.

No figura como objeto de la sociedad ningún tipo de actividad relacionada a la venta de alimentos. Por el contrario, son actividades variadas pero de otros rubros las que se incluyen a desarrollar por Tobar y Tobar.

Por otro lado, luego de consultar la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), se constató que Tobar y Tobar tampoco contaba con inicio de actividades relacionada a la venta de alimentos en la entidad. Sólo en agosto de 2020, a tres meses de adjudicarse la millonaria licitación, la sociedad de los hermanos Tobar León obtuvo su inicio de actividades para “venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos.

Actividades económicas de Tobar y Tobar. Fuente: SII

Actividades económicas de Tobar y Tobar. Fuente: SII

Por otro lado, el trato directo, disponible en la plataforma de Mercado Público, indica que se pactó un precio de $33.605 pesos por cada canasta, las que contaban con una serie de productos. INTERFERENCIA cotizó los alimentos en dos cadenas de supermercados distintas, disponibles en todo Chile, constatando que la misma canasta cuesta $30 mil y $32,6 mil pesos.. (Revise acá la licitación).

Tobar y Tobar Limitada cuenta con otras cuatro ventas a entidades estatales.

El trato directo indica que se pactó un precio de $33.605 pesos por cada canasta, las que contaban con una serie de productos. INTERFERENCIA cotizó los alimentos en dos cadenas de supermercados distintas, disponibles en todo Chile, constatando que la misma canasta cuesta $30 mil y $32,6 mil pesos.

22 días antes de adjudicarse la licitación con la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota, la empresa se adjudicó una orden de compra para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), esta vez por $563 mil pesos a cambio de 500 mascarillas N95, un termómetro, antiscépticos y guantes quirúrgicos.

No fue el único negocio con Conadi. En septiembre de 2020, cuando ya habían iniciado actividades para venta de alimentos, consiguieron una orden de compra por $39 millones a cambio de 900 cajas de alimentos. Tres meses después, en diciembre, Conadi pagó $70 millones a Tobar y Tobar por la “compra de 1.500 cajas de alimentos y 1.500 cajas con útiles de aseo para el Programa Alma, GORE Antofagasta”.

Por último, la Municipalidad de General Lagos, comuna perteneciente a la región de Arica y Parinacota, pagó en septiembre $11,4 millones a Tobar y Tobar por 230 canastas de alimentos. El alcalde de la comuna es  Alex Castillo Blas, militante de RN desde 2019.

En total, la empresa objetada por Contraloría se adjudicó en 7 meses $1.120 millones de pesos en compras públicas, todas relacionadas a productos necesarios para la pandemia, como cajas de alimento de emergencia o insumos médicos básicos.

Todas, también, fueron en Arica y Parinacota, región donde los dos hermanos Tobar León tuvieron trabajo relacionado a entidades públicas.

Viejos conocidos

De acuerdo con el portal de Transparencia Activa de la Municipalidad de Arica, Pedro Andrés Tobar León ingresó a trabajar a contrata para aquella entidad comunal en noviembre de 2014. Como profesional “ingeniero en administración de empresas”, Tobar percibió un sueldo de $1 millón 480 mil pesos durante siete meses, dejando de trabajar para la comuna en julio de 2015.

De acuerdo con el portal de Transparencia Activa de la Municipalidad de Arica, Pedro Andrés Tobar León ingresó a trabajar a contrata para aquella entidad comunal en noviembre de 2014.

Juan Pablo Tobar León, en tanto, se adjudicó la licitación de un software para el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en noviembre de 2009. Como titular de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Juan Pablo Tobar León; el otro dueño de Tobar y Tobar, vendió un sistema “para registro, seguimiento y archivos de documentos” al GORE, según consta de la resolución exenta N° 1775 de aquella entidad. El negocio le reportó una ganancia de $3,5 millones.

Comparados con el lucrativo 2020, ambos trabajos significaron ingresos menores para los Tobar León. La pandemia fue lo que los llevó a ligas mayores.