La Brigada de Homicidios de Arica de la Policía de Investigaciones (PDI) lo fue a buscar hace unos días al domicilio que él había registrado en esa ciudad norteña, pero no lo encontró. Desde ese entonces que Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto, procesado en varias causas por violación a los derechos humanos, no ha sido habido por la PDI. En otras palabras, se encuentra prófugo.

Pasó poco tiempo entre que la Corte de Apelaciones de San Miguel le dio la libertad provisional, hasta que este mismo tribunal le revocó esa medida, obligando a que volviera al régimen de prisión preventiva que cumplía en la Primera Brigada Acorazada "Coraceros", de Arica.

Así lo explica la ministra en visita de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, en entrevista con Interferencia. Primero, comienza diciendo que Ricardo Soto Jerez “tiene varias causas en tramitación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Varios episodios, Tejas Verdes el principal, y varios episodios adicionales siendo alrededor de quince casos”.

Acorde a lo que dice la ministra, la defensa de Soto Jerez ha estado pidiendo la libertad provisional en cada una de las causas que tiene. “El tribunal de primera instancia, que soy yo como ministra en visita extraordinaria, le ha denegado siempre la libertad provisional estimando que es un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de la pena de los delitos que se le imputan y el hecho de cometer múltiples delitos”, dice Cifuentes.

Soto Jerez apeló en cada una de las causas donde se le denegó la libertad. En todos estos casos, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que funciona como segunda instancia en estas investigaciones, revocó las resoluciones, ordenando así la libertad provisional bajo una fianza que debía fijar este mismo tribunal.

Pero había una última causa en la que no se le había otorgado la libertad. La ministra Marianela Cifuentes se la volvió a denegar en ese caso, el pasado 20 de mayo, pero Soto Jerez apeló nuevamente y se fue a la Corte de San Miguel, que, otra vez, le dio la libertad y ordenó que se fijara una fianza. “Como era la última causa que quedaba él aprovechó y pagó todas las fianzas, o sea los $7 millones 500 mil pesos y Alondra Castro (suplente de la ministra Marianela Cifuentes) obviamente le dio la orden de libertad”.

Estando ya en libertad, la parte querellante –el Programa de Derechos Humanos y un privado– pidieron la nulidad de la sesión de esta última causa en donde se le otorgó la libertad a Soto Jerez, indicando que la Corte de Apelaciones de San Miguel jamás debió haber llevado a cabo esa jornada en la que se debatió la libertad del encausado, ya que la causa estaba mal anunciada.

“Ordenaron que se viera la causa en otra sala y esa otra sala confirmó la resolución en la que yo había denegado la libertad, entonces, como confirmó mi resolución denegatoria de libertad ordenó que se despachará la orden de detención, porque ya se había materializado la orden de libertad y esa orden se despachó el mismo día que se anuló la vista y se dispuso confirmar mi resolución y él no fue habido y está con una orden pendiente”.

Soto Jerez en Tejas Verdes

En marzo de 2023, Cifuentes condenó en primera instancia a Soto Jerez, en ese entonces teniente del Ejército, y al médico Vittorio Orvieto Tiplitzky por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos a Juan Antonio Betancourt Román por ilícitos ocurridos entre el 12 de septiembre de 1973 y abril de 1974 en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en la comuna de San Antonio. 

Se estableció la pena de tres años y un día tras establecer que Betancourt, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), fuera detenido en su domicilio en Llolleo por efectivos de Tejas Verdes quienes lo trasladaron hasta la unidad militar. 

Con posterioridad fue llevado a la cárcel de San Antonio, pero en reiteradas ocasiones era trasladado hasta Tejas Verdes donde era interrogado y sometido a apremios ilegítimos con electricidad en su cuerpo, encerrado en una cámara frigorífica que produjeron secuelas psicológicas como neurosis de angustia. Dichos interrogatorios eran realizados por Soto Jerez y Orvietto Tiplitzky.

Posteriormente en septiembre de 2023, Cifuentes condenó en primera instancia a Soto Jerez por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado contra el estudiante de arquitectura Juan Manuel Lanata Zanoni ocurrido entre enero y febrero de 1974 en Tejas Verdes.

Junto con Soto Jerez, teniente del Ejército en ese entonces, fueron también condenados el sargento primero, Ramón Luis Carriel Espinoza; el subteniente de reserva, Raúl Pablo Quintana Salazar y el médico del Ejército, Vittorio Orvieto Tiplitzky a 20 años de presidio efectivo en su calidad de autores del delito. 

Según informó el Poder Judicial, la ministra Cifuentes establece que en enero de 1974, Lanata Zanoni, militante de las Juventudes Comunistas fue detenido en el cajón del Maipo por efectivos del Ejército, trasladado hasta el Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Montaña de Puente Alto, luego al centro clandestino Londres 38 y finalmente a Tejas Verdes.

Allí, fue recluido en el subterráneo del campo de prisioneros, interrogado, sometido a apremios ilegítimos, golpes y aplicación de electricidad en distintas partes de su cuerpo. Según lo establecido, los condenados eran quienes en ese entonces estaban a cargo de los interrogatorios realizados en dicho centro de detención.