Ayer, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, Hugo Torres, dictó prisión preventiva para la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Lo hizo argumentando que Barriga, acusada de defraudar en más de $33 mil millones al municipio y falsificación de instrumento público, “constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad” en caso de estar en libertad. 

Durante su exposición, el magistrado Torres explicó que los nuevos detalles entregados por el Ministerio Público y los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y la actual administración de la Municipalidad de Maipú, “me siento autorizado para ponderar el mérito de la medida cautelar” de Barriga. 

Torres destacó que la defensa de Barriga no ha negado la existencia de los delitos imputados, sino que “le ha dado un matiz distinto"

En ese sentido, Torres destacó que la defensa de Barriga no ha negado la existencia de los delitos imputados, sino que “le ha dado un matiz distinto, con argumentos tales como la habitualidad de este tipo de conductas o de modos de actuar incluso en otras municipalidades, con el desconocimiento de la imputada por la actividad que realizaba antes y después de postular al cargo y ser elegida alcaldesa”, entre otros”. 

Agregó que se han entregado “mayores, mejores, más abundantes, precisos y detallados antecedentes” tanto en septiembre como en la audiencia de revisión de cautelares de ayer, lo cual le permite “considerar que la teoría del caso de la fiscalía y que sostienen los querellantes es plausible, es válida y se ajusta”, indicando que la participación de Barriga en los delitos “está documentada”. 

Otro elemento que Torres tomó a la hora de ponderar su decisión fue la gravedad de los delitos investigados, la cual fue puesta en duda durante momentos de la audiencia por el abogado defensor de Barriga, Cristobal Bonacic, quien comparó la intencionalidad de los delitos que son imputados a su defendida —y, por tanto, su gravedad— con otros como el robo. “Es necesario señalar que la función pública, el servicio público, es la actividad más elevada a la que pueda dedicarse un ciudadano”, explicó el juez Torres, agregando que “constituye la consagración del ejercicio democrático en la designación de las autoridades para el gobierno, de la comuna en este caso”. 

De acuerdo con el juez Hugo Torres, “quebrantar el sublime ejercicio de la función pública mediante actos ilícitos, o al margen de sus delicados controles, acarrea como consecuencia el reproche más intenso del ordenamiento público”.

El magistrado continuó explicando que del ejercicio de cargos como el que ejercía Barriga “dependen expectativas fundamentales de la gente, por lo tanto, la pesquisa del correcto desempeño de las autoridades, con apego irrestricto a la ley, pero también al decoro, a la sobriedad en el gasto y a la administración, es requisito sine qua non en la persecución de los fines encomendados, porque ahí, en el ejercicio del poder, siempre hay un mandato”, siendo el mandato en este caso, “de los vecinos de Maipú a su alcaldesa”. De acuerdo con el juez Hugo Torres, “quebrantar el sublime ejercicio de la función pública mediante actos ilícitos, o al margen de sus delicados controles, acarrea como consecuencia el reproche más intenso del ordenamiento público”.

Luego de la audiencia y con Barriga siendo trasladada a la cárcel de San Miguel, Bonacic aseguró que presentán un recurso de apelación a la brevedad, estimando que la medida cautelar de prisión preventiva es “arbitraria” y “no se ajusta al mérito de los antecedentes”, argumentando que “el tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro juez, por este mismo tribunal, entendido que no era suficiente la prisión preventiva”. 

Varias de las irregularidades por las que imputan el delito de fraude a Barriga vienen denunciándose desde 2017. Tanto concejales como prensa comunal y medios independientes realizaron una labor fiscalizadora del municipio de la ex alcaldesa, detectando gastos insólitos al tiempo que se dejaban de lado obligaciones municipales. 

Ejemplo de esto es un artículo de El Dínamo, en mayo de 2017, donde se da cuenta de ‘onces’ de $40 millones y otros festejos que realizaba Barriga como alcaldesa; la primera cuenta pública en 2018 de $48 millones —muy por sobre la de Las Condes por esa fecha, que costó $20, Providencia, que costó $12 o Vitacura, que costó $3— denunciada por el medio comunal La Batalla de Maipú; el “complot” para fingir robos en jardínes infantiles de Maipú para justificar la contratación de una empresa de seguridad que reveló La Voz de Maipú o la nula inversión en el Plan de Desarrollo de la empresa sanitaria de Maipú aún cuando esta ya había sido pagada a través de la cuenta de agua, dada a conocer por Interferencia en 2019.