Mediante un comunicado de prensa, el diputado Cristián Araya (Republicanos) informó que oficiará a Presidencia, Cancillería y la Secretaría General de Gobierno con el propósito de que se "esclarezca con qué 'canal oficial' del Gobierno de Estados Unidos habló el Ejecutivo en su momento para desmentir nota de prensa que afirmaba que la entonces jefa de asesores de La Moneda, Lucía Dammert, había sido llamada a declarar voluntariamente por la justicia norteamericana en caso de narcotráfico".

Según indica el comunicado, el diputado republicano llamó al Ejecutivo a "no seguir mintiendo en este caso" y transparentar con qué personero del Gobierno de Estados Unidos hablaron para desmentir información de prensa.

"El Gobierno se negó durante meses a dar la información y ahora respalda su comunicado oficial con una supuesta llamada del embajador Valdés que es imposible de verificar", agregó Araya.

Según Araya, aquí "ha habido un claro ocultamiento de información del Gobierno chileno en este episodio, negándose a entregar la información que se le solicitó vía Ley de Transparencia, para que indique cuál fue la versión oficial que obtuvieron del Gobierno estadounidense para sacar luego un comunicado desmintiendo que Dammert había sido llamada a declarar".

"Hoy [ayer, 25 de mayo de 2023]] nos enteramos por la prensa que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, habría realizado una llamada telefónica a un personero del Gobierno de Estados Unidos para conocer si era cierto lo que se publicó en prensa sobre la ex asesora, pero no especifica con quién del Gobierno de ese país habló, lo que sigue generando un manto de duda en este caso", dice el comunicado respecto del artículo de Interferencia Caso Dammert: telefonazos de embajador Valdés a funcionarios de EE.UU. fueron la comunicación ‘oficial’ de Chile para desmentir artículo de Interferencia.

"El Gobierno se negó durante meses a dar la información y ahora respalda su comunicado oficial con una supuesta llamada del embajador Valdés que es imposible de verificar", agregó Araya, para quien el Gobierno de Chile le debe una explicación al país, "porque ha afectado la fe pública y la libertad de prensa, pero también ha comprometido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, al realizar afirmaciones poco claras y sin sustento e inmiscuirse en una investigación del FBI", agrega.