El jueves pasado el presidente Gabriel Boric (CS) anunció por cadena nacional su propuesta para el Presupuesto 2024 que deberá discutir y aprobar el Congreso en las próximas semanas. Bajo el nombre Un Chile que avanza, el presupuesto supone un aumento del 3,5 % en el gasto público con enfoque en las partidas de Salud (8,1 %), Vivienda (11,9 %), Educación (4,2 %), Seguridad Pública (5,7 %), Emergencias (28 %), Cuidados (20 %) y Cultura (6,8 %). 

"Será un año de reactivación económica, Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales del 3 %", aseguró el mandatario en la ocasión.

Por otra parte, el ítem que mayor aumento considera en la propuesta presidencial es la partida de Salud que alcanzará aproximadamente los $1.200 millones de doláres. 

Con dicho aumento el Ejecutivo busca dar salida al problema de las listas de espera que hace años el país arrastra y que -con este financiamiento- podría traducirse en unas 48 mil cirugías pendientes. Además, el incremento implica la puesta en marcha de seis hospitales y el aumento de cobertura para la Atención Primaria Universal para nuevas comunas. 

Las discusiones presupuestarias suelen ser complicadas políticamente y el actual Gobierno sufrió los embates de un Congreso altamente polarizado, dividido y en minoría para la discusión presupuestaria del año anterior, donde la derecha rechazó -aunque luego fue restituido- el presupuesto del INDH y también la partida completa a Cultura.

Respecto a Educación, el presupuesto aumentará cerca de $660 millones de dólares equivalente a un 4,2 %, lo que financiará la educación de unos 39 000 estudiantes, consolidará el Plan de Reactivación Educativa y aumentará el monto de la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES) a $45.000 pesos.

Con todo, las discusiones presupuestarias suelen ser complicadas políticamente y el actual Gobierno sufrió los embates de un Congreso altamente polarizado, dividido y en minoría para la discusión presupuestaria del año anterior, donde la derecha rechazó -aunque luego fue restituido- el presupuesto del INDH y también la partida completa a Cultura. Incluso entonces, hubo resistencias a la partida de Seguridad, pese al aumento que propuso el Ejecutivo de un 4,4 %, uno de los más relevantes en los últimos años.   

Gremios en la mesa ¿y en la calle?

La arista política no es la única que el Ejecutivo debe gestionar, pues un tema que va de la mano de esta discusión presupuestaria es el reajuste de los trabajadores del sector público, negociación que se realiza entre el Ministerio de Hacienda, en especial la Dirección de Presupuesto (Dipres), y la Mesa del Sector Público, que agrupa a varios gremios de trabajadores como el Colegio de Profesores, la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), gremios de la salud, entre otros.

A pesar de que la negociación del año pasado terminó con un acuerdo entre los gremios y Hacienda, ahora el camino parece más pedregoso para Mario Marcel. La vez anterior los sindicatos llegaron a un acuerdo de un reajuste anual del 12 % para los trabajadores que reciben un salario menor a los $2.200.000 de pesos, además de otros beneficios como aguinaldos y bonos de término de conflicto.

Esta vez los gremios y Hacienda no llegan a una luna de miel, sino tras haber tenido roces, diferencias y movilizaciones. Aunque desde la ANEF, que es uno de los gremios más grandes de la Mesa del Sector Público, no ha habido movilizaciones, sí han estado en paro trabajadores que la conforman, como el Fosis y funcionarios de Desarrollo Social.

“Está compleja la negociación de este año. Creo que en Hacienda están complicados políticamente, porque las reformas no avanzan y por todo el contexto político desfavorable en el Congreso”, señaló a Interferencia una dirigente del sector público.

Esta vez los gremios y Hacienda no llegan a una luna de miel, sino tras haber tenido roces, diferencias y movilizaciones. Aunque desde la ANEF, que es uno de los gremios más grandes de la Mesa del Sector Público, no ha habido movilizaciones, sí han estado en paro trabajadores que la conforman, como el Fosis y funcionarios de Desarrollo Social.

A esto se suma la gran movilización del Colegio de Profesores, por sus demandas relacionadas al pago de la deuda histórica, que incluso le costaron el cargo al ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD). 

Se suman las paralizaciones de los gremios de la salud como la Fenats (Confederación de Trabajadores de la Salud), la Fenpruss (Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud) y la Confusam (Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada), relacionadas a diversas demandas.

En el caso de la Confusam, que agrupa a trabajadores de la salud primaria, el conflicto se relaciona con el paro de marzo de este año, el que si bien terminó en negociaciones con el Ministerio de Salud, quedaron aspectos irresueltos, como los cupos al incentivo al retiro. Luego, tuvieron otro paro en agosto y otro realizado a fines de septiembre.

El departamento de Hacienda que liderará esta negociación también se ha visto bajo fuego de la oposición, en especial su directora, Javiera Martínez (RD), quien ha sido cuestionada por el caso Convenios, al haber eliminado la norma que exigía dos años de experiencia para que las fundaciones reciban fondos públicos.

Si bien este gremio ya comenzó a negociar con Hacienda, sin embargo, el acercamiento con Salud aún no ha dado cuenta a la opinión pública de algún acuerdo entre ambas partes. 

Por otro lado, la Fenats y la Fenpruss han realizado paros en relación al término de la alerta sanitaria y el despido de miles de profesionales de hospitales. “Hay malestar en las bases de varios gremios y en algunas bases de trabajadores”, dice una dirigente.

A todo esto se suma el largo paro realizado por las trabajadoras de Fundación Integra, que tuvo casi un mes a las educadoras parvularias protestando y que finalizó a fines de agosto. Estos sindicatos de Integra también son parte de la Mesa del Sector Público.

El departamento de Hacienda que liderará esta negociación también se ha visto bajo fuego de la oposición, en especial su directora, Javiera Martínez (RD), quien ha sido cuestionada por el caso Convenios, al haber eliminado la norma que exigía dos años de experiencia para que las fundaciones reciban fondos públicos.

Este sería un factor que podría perjudicar la aprobación que en la Cámara pueda tener el presupuesto y el mismo reajuste del sector público acordado, eventualmente, con los gremios.