Para la gestión financiera de las comunas de Chile, la actual Constitución considera en su artículo 122 la creación del Fondo Común Municipal como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". Este fondo, que en la práctica es la principal forma de financiamiento de los municipios más pobres, es donde van a parar y son distribuidas las contribuciones que deben pagar el 23 % de las propiedades habitacionales con mayor avalúo fiscal de Chile.
Sin embargo, con la aprobación de la enmienda del Partido Republicano que elimina el pago de contribuciones de la primera vivienda en el Consejo Constitucional el viernes pasado, varios alcaldes y municipios ya alertaron que la exención tributaria compromete directamente su capacidad operativa.
Al respecto, un estudio de la Universidad Católica del Norte (UCN) calculó en cerca de $56.931 millones el impacto a las nueve comunas de la Región de Antofagasta, en caso de la eliminación del pago de contribuciones, en el Fondo Común Municipal.
El análisis de la UCN indica que el impacto más fuerte lo sufrirá la comuna de Antofagasta, dejando de percibir $36.704 millones. Ello significa una pérdida estimada del 76 % del Fondo Común Municipal.
Las estimaciones, publicadas por El Mercurio de Antofagasta, fueron realizadas a través del estudio Optimum Fiscal Equalization and Welfare in Chile, liderado por Dusan Paredes y Alicia Chávez (ambos del Departamento de Economía de la UCN), Sebastián Cuellar y Jorge Littin del Departamento de Matemáticas de la UCN.
Según constató El Mercurio regional, el análisis de los investigadores de la UCN indica que el impacto más fuerte lo sufrirá la comuna de Antofagasta, dejando de percibir $36.704 millones. Ello significa una pérdida estimada del 76 % del Fondo Común Municipal. En tanto, el segundo y tercer puesto en pérdidas se lo llevan las comunas de Calama, con $11.606 millones, y Tocopilla con $1.245 millones.
El listado lo completan San Pedro de Atacama ($726 millones), María Elena ($533 millones), Sierra Gorda ($644 millones) y Taltal ($343 millones). Por otra parte, en el caso de Mejillones y Ollagüe, los montos que dejarían de percibir son $3.185 millones y $1.944 millones, según datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).
Con estos datos, el académico de la UCN, Dusan Paredes, explica que una menor recaudación "significará una menor provisión de bienes públicos. Es decir, calles más sucias, plazas menos mantenidas, luminarias sin revisar, menor inversión en actividades sociales, culturales y recreacionales, que son los gastos que tiene el municipio”.
En esta línea, Paredes estima que con una menor provisión de bienes públicos “las personas se moverán a las ciudades más grandes [que se puedan valer de otro tipo de contribuciones como patentes comerciales]. De hecho, nuestras estimaciones sugieren que cerca de medio millón de personas de aquí a largo plazo preferirán vivir en ciudades como Santiago”.
El académico UCN estima que con una menor provisión de bienes públicos “las personas se moverán a las ciudades más grandes", como Santiago.
“Esto generará un shock de oferta laboral en estas ciudades, es decir, va a haber más gente dispuesta a trabajar. Cuando hay un exceso de oferta, bajan los precios ¿y cuál es el precio del trabajo? El salario. Curiosamente, cuando se fundamenta esta decisión, se hace bajo la lógica de que esto va a beneficiar positivamente a los salarios. La evidencia muestra de que eso lamentablemente, no es verdad", comentó el académico a El Mercurio de Antofagasta.
Del otro lado, el consejero republicano, Jorge Ossandón, defendió la propuesta, afirmando que el efecto en los ingresos municipales sería acotado. Según Ossandón, de aprobarse el texto constitucional “el legislador buscaría un mecanismo alternativo de financiamiento [municipal], pero que no fuera nunca a costa de un derecho fundamental".
Cabe señalar que Jorge Ossandón es uno de los siete consejeros que declararon como domicilio una propiedad sujeta a pago de contribuciones y que eventualmente sería beneficiado por su propia enmienda. (Revisa el artículo Consejeros republicanos que aprobaron eliminar contribuciones de vivienda principal reportan varias propiedades que pagan este impuesto).
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