‘El P es una mierda de ser humano’, escribió a fines de 2022 la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, a su compañera de colectividad, Irací Hassler, refiriéndose al presidente de la República, Gabriel Boric.

Más allá de los problemas que pueda tener la hasta hace poco presidenta de la Cámara de Diputados con el mandatario, el mensaje en cuestión desató un debate nacional respecto del uso político de las filtraciones de la Fiscalía, esto porque las palabras de Cariola, publicadas en La Tercera, fueron extraídas precisamente de la investigación –secreta en lo formal–, que lleva el Ministerio Público en contra de la congresista por presunto tráfico de influencias.

Sí, es un hecho que la Fiscalía filtra información a la prensa con tal de empujar casos. Si bien no estamos acá para revelar fuentes en particular, el Ministerio Público no tiene un actuar diferente al de cualquier institución relevante en el país, desde donde siempre emanan datos.

Pero esto no es un mal para la democracia per se. Por ejemplo, sin estas mismas, no sabríamos que el senador Iván Moreira pedía un “raspado de olla” al ex gerente del grupo Penta, Hugo Bravo, con tal de financiar una de sus campañas políticas. 

Sin las filtraciones tampoco sabríamos que el mismo Caso Penta fue prácticamente enterrado por el ex fiscal Manuel Guerra, basándonos en los chats que se conocen de este antiguo persecutor con el abogado y operador de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla.

Sin las filtraciones tampoco sabríamos que el mismo Caso Penta fue prácticamente enterrado por el ex fiscal Manuel Guerra, basándonos en los chats que se conocen de este antiguo persecutor con el abogado y operador de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla.

Si los antecedentes de los casos de relevancia pública no pasaran por la prensa y posteriormente a la ciudadanía, existiría un riesgo de que los mismos se manejen en secreto entre poderosos. Y si bien Chile es un país acostumbrado a los sobreseimientos de personajes relevantes, la información es una herramienta fundamental para que las personas tomen sus decisiones, por ejemplo, a la hora de votar.

El problema con el mensaje de Karol Cariola a Irací Hassler es que se da en el contexto de una investigación penal pero no tiene nada que ver con la misma, sino que sólo con la opinión privada de la congresista, pero de igual forma influye en la opinión pública en el marco del caso y fue uno de los ingredientes que significaron la renuncia de la diputada a la presidencia de la Cámara.

Las sospechas de esta filtración apuntan a la Fiscalía. 

El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, paradójicamente presentó una denuncia en el Ministerio Público y de pasada acusó públicamente al mismo Ministerio Público.

"Aquí se ha pasado un límite en la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos", dijo el parlamentario.

Y el funcionario que ha sido apuntado tácitamente es el que está a cargo de la investigación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Este personaje ha saltado a la fama en los últimos meses por estar a cargo de casos vinculados a la política. Metió mucho ruido mediático al allanar a Karol Cariola a horas de haber dado a luz a su hijo y a la vez ha mostrado muy pocos avances en el Caso Procultura, del cual también es responsable.

En entrevista con CNN Chile, Cooper se defendió de las sospechas en su contra señalando que “Si hubiese querido filtrar, lo habría hecho mucho antes y no ahora”.

Lo que se esconde detrás de todo esto es algo de lo que poco se habla públicamente, que es el hecho de que la Fiscalía es un órgano administrador de poder y tiene claros intereses políticos, independiente de quién esté a cargo.

Lo que se esconde detrás de todo esto es algo de lo que poco se habla públicamente, que es el hecho de que la Fiscalía es un órgano administrador de poder y tiene claros intereses políticos, independiente de quién esté a cargo.

Es lógico si se considera que el cargo de fiscal nacional es propuesto por el presidente de la República y elegido por el Senado. De hecho, el ex titular del Ministerio Público, Jorge Abbott, carga con la mala fama de haber sido nombrado por los congresistas con tal de que enterrara los casos de financiamiento ilegal de la política como Penta, SQM, Corpesca y Asipes, algo que efectivamente ocurrió durante su gestión.

Pero las sospechas de intereses políticos no sólo apuntan a la figura del fiscal nacional.

Por ejemplo, un caso reciente es el de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. La persecutora, conocida a nivel nacional por cerrar la arista Asipes sin determinar responsables, se ha visto beneficiada con las filtraciones.

En junio de 2023, un grupo de diputados solicitó la remoción de Cartagena a raíz de su mal manejo en variados casos, entre ellos la muerte del niño Tomás Bravo en la comuna de Arauco.

La situación para la persecutora era desfavorable política y mediáticamente, pero pocas semanas después le cayó del cielo una historia que la ayudaría a salir del fango: el ‘Caso Lencería’.

La investigación en contra de la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, en el marco del Caso Convenios fue fuertemente cubierta en medios de comunicación en base a filtraciones que coincidían con la tesis de la Fiscalía de que la mujer había cometido el delito de estafa, falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y lavado de activos a raíz de un convenio de $250 millones entregado por el Gobierno Regional del Biobío.

Más allá de si Polizzi es culpable o no, las filtraciones repercutieron de manera importante. 

Por ejemplo, sirvieron a Cartagena para sacarse un poco de encima el estigma de mala fiscal por su manejo en la investigación respecto de Tomás Bravo. 

Pero también, ayudó a que, por ejemplo, la agenda mediática hablara mucho menos de otros casos que ocurrían en paralelo, como por ejemplo, Procultura, arista de la cual ya se sabía en ese entonces que había un nexo con la, por aquellos días, primera dama, Irina Karamanos.

Asimismo, el hiperfoco puesto por Cartagena en Polizzi benefició a altos empresarios involucrados en convenios denunciados, quienes pudieron pasar desapercibidos. 

Particularmente, el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio que agrupa a la gran industria presente en el Biobío, fue denunciada el mismo día que Camila Polizzi y se le acusó de haber recibido fondos del Gobierno Regional del Biobío gracias a que un funcionario del organismo estaba casado con una trabajadora de la entidad.

A esto se suma que existían nexos directos entre el entonces gobernador, Rodrigo Díaz, con Irade, puesto que el presidente del gremio de empresarios, Paul Esquerré, había trabajado en la campaña de la misma autoridad y posteriormente se adjudicaron tres convenios que ascienden a $2.397 millones.

Finalmente, Polizzi terminó condenada públicamente, en arresto domiciliario hasta hoy, convertida en el emblema nacional del Caso Convenios, sin tener las redes políticas ni familiares de personajes como los de Irade, Karamanos o el ex gobernador Rodrigo Díaz, quien hasta el día de hoy sigue sin ser formalizado.

Tal como hace unos meses la discusión era en torno al exceso de la prisión preventiva en casos políticos, el debate por las filtraciones hoy nace a partir de que la élite se ve afectada.

Pero quienes han sufrido constantemente por esto son los mapuche acusados por delitos violentos en el contexto de reivindicaciones territoriales. 

Hay casos emblemáticos en que militantes de la causa pasaron largos períodos en prisión preventiva sin antecedentes reales que acreditaran su participación en los delitos.

Hay casos emblemáticos en que militantes de la causa pasaron largos períodos en prisión preventiva sin antecedentes reales que acreditaran su participación en los delitos. En estos, un factor común es la filtración constante de los antecedentes en la prensa, frecuentemente con la tesis que impulsa la Fiscalía.

Por ejemplo, el Caso Luchsinger-Mackay es reconocido por la acusación que se hizo en 2013 en contra de la machi Francisca Linconao de haber participado en la organización del atentado que terminó con la vida del matrimonio que vivía en la comuna de Ercilla. Linconao estuvo alrededor de 19 meses en prisión preventiva y pese a que mediáticamente se le posicionó como parte de una organización terrorista, finalmente fue absuelta junto con 8 de los acusados.

Pero sin duda el que mayor impacto causó en la opinión pública fue la llamada Operación Huracán, la cual consistió en la detención de una supuesta organización terrorista que era supuestamente liderada por Héctor Llaitul e integrada por diversos dirigentes mapuche.

Los acusados fueron detenidos el 24 de septiembre de 2017. Poco después, el 3 de octubre, Canal 13 publicó un reportaje con supuestos mensajes intercambiados por los mapuche en los cuales hablaban de compras de armas, los cuales eran antecedentes de Fiscalía.

Pero todo cambió a fines de ese año, cuando la Fiscalía descubrió que esos mensajes habían sido falsificados por Carabineros con tal de construir un caso. Entonces, el Ministerio Público abandonó la teoría del caso, Huracán se derrumbó judicialmente, los acusados fueron sobreseídos en febrero de 2018 y Canal 13 terminó por eliminar el reportaje que había publicado.

Sobre el problema actual de las filtraciones, el fiscal nacional, Ángel Valencia, es pesimista:

“La consecuencia de un problema estructural, que tiene su origen en un mal diseño legal, y que la Fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas”, dijo a Radio ADN.