El Salón Elíptico del Senado colombiano estaba lleno esa mañana del 18 mayo de 2005. Congresistas, periodistas y muchos estudiantes esperaban el informe sobre la infiltración de los paramilitares en la política colombiana. Vestido de un terno gris y una camisa rosa, Gustavo Petro Urrego, un novel senador del Polo Democrático Alternativo hace poco electo con la tercera mayoría nacional, daría cuenta de las relaciones entre grupos armados dedicados al exterminio de campesinos con autoridades políticas del departamento Sucre.
Un informe publicado en 2012 dio cuenta que hasta esa fecha de 13 ex-presidentes del Senado, 12 habían sido investigados o condenados por parapolítica, involucrando en total a 97 senadores y otros 102 diputados.
La seguidilla de casos de vínculos entre políticos y paramilitares se conocería a partir de esa fecha como la parapolítica. En la ocasión Petro presentó fotografías, contratos, testimonios de trabajadores de los jefes ‘paras’ y de jefes policiales como pruebas. Los datos daban cuenta de matanzas de centenares de personas y la existencia de fosas clandestinas con 500 cadáveres. En la ocasión el senador acusó la implicancia de dos gobernadores (uno de los cuales era embajador en Chile en la época), varios alcaldes y un senador. Un informe publicado en 2012 dio cuenta que hasta esa fecha de 13 ex-presidentes del Senado, 12 habían sido investigados o condenados por parapolítica, involucrando en total a 97 senadores y otros 102 diputados, de los cuales 40 habían recibido condena.
Al comenzar el informe entregado en 2005, Petro advirtió que los datos que iba a presentar eran desesperanzadores. Sin embargo, dijo que estaba convencido que algún día la batalla pacífica por la democracia iba a ganar, de la mano de “la plena garantía de derechos ciudadanos y un Estado social de derecho en todo el territorio nacional”.
Diecisiete años después, Petro es el favorito de las elecciones colombianas a celebrarse el próximo 29 de mayo y, de resultar electo, significaría un giro radical en la política del segundo país más grande de Sudamérica.
Las acusaciones de Petro fueron una bomba para la política colombiana, dominada desde 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe, promotor de la ‘Política de seguridad democrática’, un eufemismo para emprender una guerra sucia contra las guerrillas de izquierda.
En 2007, Petro volvió a la carga con informes sobre el paramilitarismo en Antioquia, mostrando evidencias de los vínculos de Uribe con los paramilitares a través de su primo. La gran mayoría de los implicados en la parapolítica militaban en los partidos que apoyaban a Uribe o eran próximos, lo que implicó una sangría de congresistas y hasta de la canciller, María Consuelo Araújo, en 2007. La corrupción y graves violaciones a los derechos humanos tienen en la actualidad a Uribe con más de 200 procesos judiciales abiertos en los tribunales colombianos.
La muerte zumbando al oído
Petro nació en la región de Ciénaga (Córdoba) en una familia de maestros liberales. Su primera militancia fue en el Movimiento 19 de abril (M-19), formado en 1970 tras un fraude electoral que permitió llegar al poder al conservador Misael Pastrana y dejó fuera a Gustavo Rojas Pinilla. Si bien el M-19 se planteó como un movimiento de guerrilla urbana, Petro se abocó al trabajo con organizaciones sindicales de Zipaquirá, una localidad en los extrarradios de Bogotá, siendo electo concejal en 1984.
Los más reconocidos militantes de la UP serían asesinados desde que, con su participación en las elecciones de 1986, rompieran con el bipartidismo que dominaba la política colombiana desde fines de los cincuenta, eligiendo a más de treinta parlamentarios.
El M-19 promovió la ocupación de predios urbanos para crear barrios para los sin techo, siendo su acción más conocida la toma del Palacio de Justicia en 1985, en reclamo por el incumplimiento de los acuerdos de paz. La intervención militar dejó un saldo de cien muertos, entre magistrados y guerrilleros. La masacre desembocó en acuerdos de paz y en la participación de varios militantes de la organización en un proceso de paz, conformando la colectividad Unión Patriótica (UP).
Consultado una vez si había disparado alguna vez en la vida, Petro contestó:
- ¿Disparé? No, estaba en las barricadas con los trabajadores. Después, en las montañas, caminé cerca de año y medio por las montañas sin disparar. De hecho, una de las discusiones de mi contingente era qué hacemos subiendo y bajando montañas, como el Quijote, si nosotros lo que queríamos era hacer una revolución.
Sin embargo, en los años siguientes los más reconocidos militantes de la UP serían asesinados desde que, con su participación en las elecciones de 1986, rompieran con el bipartidismo que dominaba la política colombiana desde fines de los cincuenta, eligiendo a más de treinta parlamentarios. Entre 1984 y 2016, según informes de la Comisión Verdad, fueron asesinados 5.733 militantes de la UP.
En 1987 fue asesinado el primer candidato de la colectividad, Jaime Pardo Leal, quien el año anterior había obtenido un 10 por ciento de los votos. Tres años después, en plena contienda electoral fueron asesinados Luis Carlos Galán, cuya candidatura era la que tenía más chances de llegar a la presidencia en 1990; y los también candidatos presidenciales de la UP, Bernardo Ossa Jaramillo y Carlos Pizarro, militante del M-19 y protagonista de los acuerdos de paz. Los responsables de los asesinatos eran paramilitares o narcotraficantes, aunque recientemente se supo de la complicidad del director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, que debilitaba los esquemas de seguridad de las víctimas.
A comienzos de mayo Petro suspendió un evento de campaña en la zona cafetera al conocerse un plan para su eliminación de parte de paramilitares de la región vinculados con un empresario uribista y que en mayo de 2021, en medio de intensas protestas contra el gobierno de Iván Duque, asesinaron a un dirigente estudiantil.
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En una entrevista hecha por AFP recientemente, Petro se definió como un digno sobreviviente de “una larga tradición de asesinato político”.
Para ser activista social en Colombia hay que ser valiente. Desde la firma de los acuerdos de paz, en noviembre de 2016, hasta noviembre de 2021 se habían asesinado a 1.039 personas, además de 234 excombatientes que se habían desmovilizado.
Un informe emitido el 14 de mayo reciente por Indepaz, detalla que en lo que va de 2022 hasta el 22 de abril, se han producido 36 masacres en Colombia, las que arrojan un saldo de 133 víctimas, de las cuales 48 fueron asesinadas.
En una entrevista hecha por AFP recientemente, Petro se definió como un digno sobreviviente de “una larga tradición de asesinato político”. Luego agregó que “no deja de aparecer como un fogonazo, cuando me mezclo entre la multitud, cuando estoy en una tarima y hay una plaza llena, que en cualquier lugar podría alguien disparar”.
Deligarse de los lugares comunes
En un país en que cualquier expresión de izquierda ha sido etiquetada desde el uribismo como ‘castrochavista’, Petro ha sorprendido por denunciar los crímenes de las FARC; plantear una postura crítica al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y denunciar la corrupción en política, incluso cuando se trata de compañeros de partido.
Al igual como había denunciado la parapolítica en el Congreso, en noviembre de 2007 hizo lo mismo respecto del asesinato del político liberal Diego Turbay Cote y su familia y unos 56 testigos del crimen en la región del Caquetá por parte de las FARC. Según Petro la guerrilla es antidemocrática en las zonas que domina, acusando incluso a los dirigentes de su partido de la época, el Polo Democrático Alternativo (PDA) de ser tibios en condenar a las FARC.
Coherente con dicha postura fue un férreo partidario de los acuerdos de paz promovidos por el ex-presidente liberal Juan Manuel Santos. Petro argumentó que tanto Uribe como la guerrilla se necesitaban mutuamente, por lo que el fin de la violencia armada desarmaba la narrativa del terror de la derecha.
“La política de la extrema derecha y la corrupción necesitan de la guerra, el narcotráfico necesita de la guerra. El uribismo necesita de la guerra para sacar votos, no importa cuántos miles de inocentes mueran. Por eso querían rearmar las FARC”, sostuvo.
Petro responde sin ambages que la experiencia socialista venezolana ha sido un fracaso, advirtiendo además sobre el crecimiento del autoritarismo que está acabando con las libertades públicas.
La misma distancia ha planteado respecto del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, siendo crítico con la persecución política de opositores y de una economía basada en la explotación petrolera. Ante los periodistas que acostumbran a sacarlo al pizarrón consultando sobre el país vecino, Petro responde sin ambages que la experiencia socialista venezolana ha sido un fracaso, advirtiendo además sobre el crecimiento del autoritarismo que está acabando con las libertades públicas.
“A Venezuela se la está corroyendo la corrupción y el autoritarismo”, dijo.
De igual modo, advierte que el peor escenario es el colapso de Venezuela por la crisis migratoria que ha generado, por lo que plantea la importancia de mantener buenas relaciones diplomáticas.
Petro ha denunciado la corrupción, incluso al interior de su partido. En 2009 comenzó a denunciar a una de las principales figuras del partido, el alcalde de Bogotá Samuel Moreno por contratos irregulares de obras públicas en lo que se conocería después como el Carrusel de la contratación. Las críticas a su propio partido lo llevaron a renunciar para formar otra colectividad, el Movimiento Progresistas, su base política que lo llevó a la alcaldía de Bogotá en 2012.
Agenda progresista
La gestión de Petro como alcalde de la capital colombiana se caracterizó por reinstalar la importancia de lo público, tras décadas de políticas neoliberales, desplegando varias iniciativas innovadoras bajo el sello ‘Bogotá Humana’. En vivienda desarrolló directrices habitacionales con el fin de construir 70 mil viviendas sociales en un marco de integración social que obligaba a cada nuevo proyecto inmobiliario a destinar un 30% de superficie para moradas populares. Fue pionero en abrir ciclovías y un sistema de préstamo de bicicletas público; así como también clausuró la Plaza de toros La Santamaría debido al maltrato animal; creó el Centro de Ciudadanía LGBTI; y nombró por primera vez en Colombia a personas transgénero en cargos públicos.
En política de drogas, inauguró un enfoque de reducción del daño, hecho a través de Centros de Atención Médica para Drogadictos (Camad), en donde usuarios de drogas inyectables recibían jeringas y dependientes de la pasta base iniciaban tratamientos, atendiendo en dos años de funcionamiento a 11.292 personas.
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Su principal propuesta es avanzar hacia el fin de la explotación petrolera en Colombia, reemplazando dicha matriz productiva con la expansión agrícola e industrial, junto con impuestos a las 4 mil personas más ricas de Colombia.
Sin embargo, en diciembre de 2012, cuando Petro intentó implementar su programa ‘Basura Cero’, destinada a volver a la gestión pública del aseo de la ciudad, enfrentó un boicot de las empresas de basura, lo que fue aprovechado por sus detractores para mover los resortes institucionales en su contra. Un año después, el procurador general, Alejandro Ordóñez, un católico de extrema derecha, destituyó al alcalde y lo inhabilitó por 15 años de ejercer cargos públicos.
Tras una demanda ante la CIDH, el 15 de noviembre de 2017 el Consejo de Estado revocó la decisión.
Convertido en la actualidad en el candidato del Pacto Histórico, su programa de gobierno mantiene las orientaciones que tuvo su gestión alcaldicia. Su principal propuesta es avanzar hacia el fin de la explotación petrolera en Colombia, reemplazando dicha matriz productiva con la expansión agrícola e industrial, junto con impuestos a las 4 mil personas más ricas de Colombia y programas de financiamiento con créditos flexibles para fomentar la economía popular. También propone la legalización del cannabis, del aborto y de la eutanasia; en tanto que en pensiones propone una reforma que implemente un sistema universal de reparto y ampliar la actual cobertura de pensiones.
Enfrentar el fraude y el miedo
Petro obtuvo cuatro millones quinientos mil votos en las primarias realizadas en marzo, consolidando su candidatura presidencial, y doblando la votación del candidato oficialista Federico ‘Fico’ Gutiérrez. El éxito del candidato de izquierda se ha cimentado con una ágil campaña territorial y la gestión de las redes sociales por millennials, quienes promueven la participación juvenil a través de ágiles formatos.
En el plano territorial, la campaña deberá hacer frente al fraude acostumbrado en las elecciones colombianas. Así ocurrió en las parlamentarias ocurridas en marzo, cuando en 29 mil mesas no se marcó ningún voto del Pacto Histórico y tras una auditoría se contabilizaron 500 mil dejados fuera del conteo final. Este fraude ocurre principalmente en zonas controladas por paramilitares. El reconteo permitió al pacto de izquierda obtener 3 senadores, los que se sumaron a los 16 ya confirmados, además de 25 representantes en la Cámara, constituyendo la bancada más importante.
Según datos del MOE, ya en las parlamentarias hubo riesgos de fraude y violencia en 131 municipios de Colombia, localizados principalmente en Antioquia.
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Según las últimas encuestas Petro si bien lleva la delantera, aún no consigue vencer en primera vuelta, por lo que tendría que ir al balotaje el 19 de junio. El sondeo hecho por Ivamer da al candidato del Pacto Histórico un 40,6% de respaldo.
“El fraude es habitual en Colombia”- comenta el politólogo Sebastián Ronderos, quien destaca que en todas las elecciones hay un mayor o menor nivel de fraude, producto de la falta de un software para el recuento de votos, el que se hace manual y luego es llevado a los colegios electorales para su autentificación. Según Ronderos, en el recuento de votos se hace fraude con testigos comprados con platas de narcos y paramilitares, un potente aparato que podría movilizarse en contra de Petro.
Los otros candidatos son el representante del uribismo y oficialismo, ‘Fico’ Gutiérrez, quien antes fue alcalde de Medellín y se presenta en campaña como candidato “sin ideología”; el independiente Rodolfo Hernández, un empresario de Santander con un discurso contra la corrupción; el representante de la Coalición Centro Esperanza, el ex-alcalde de Medellín Sergio Fajardo; Enrique Gómez, un disidente conservador; y el predicador evangélico John Milton Rodríguez.
Según las últimas encuestas Petro si bien lleva la delantera, aún no consigue vencer en primera vuelta, por lo que tendría que ir al balotaje el 19 de junio. El sondeo hecho por Ivamer da al candidato del Pacto Histórico un 40,6% de respaldo, seguido por el oficialista Fico Gutiérrez (27,1%); luego, Rodolfo Hernández (20,9%) y en cuarta posición estaría Sergio Fajardo (5,1%).
Petro disputó ya en 2018 una presidencial, llegando a la segunda vuelta, que lo enfrentó al actual presidente Iván Duque, obteniendo más de 8 millones de votos, representando un 41,77% de respaldo. Pese a la derrota, Petro en esa oportunidad casi dobló el respaldo de la primera vuelta.
El esperado triunfo de Petro, de no mediar el asesinato o el fraude masivo, marcaría un nuevo ciclo en Colombia y en el continente. Por primera vez un hombre de izquierda accedería al poder, en un proceso que tiene como hitos previos los Acuerdos de Paz de 2016, que iniciaron el fin de la narrativa de un enemigo interno promovida por el uribismo, lo que implica la crisis de su hegemonía política; y el gran Paro nacional del 21 de abril de 2021 que hizo temblar por primera vez en muchas décadas a un gobierno colombiano.
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