La Ley Miscelánea aterrizó este miércoles en el Congreso, pero lo hizo magullada. El proyecto que el gobierno de José Antonio Kast presentó como el corazón de su agenda económica —un paquete de más de 40 medidas que mezcla una rebaja de impuestos a las grandes empresas del 27% al 23%, ajustes fiscales y recursos para la reconstrucción post incendios— llegó al Parlamento después de días de negociaciones caóticas, con el texto modificado sobre la marcha y los votos contados con lupa.

Finalmente este miércoles el PDG anunció su respaldo tras arrancarle concesiones concretas al Ejecutivo: devolución del IVA en medicamentos y pañales, mantención permanente del impuesto del 12,5% para las pymes, entre otros.

El PDG como partido bisagra

El gobierno llegó a esta semana con un problema concreto: no tenía los números. Con apenas 76 votos amarrados y la necesidad urgente de alcanzar al menos 78 para que la idea de legislar sobreviviera, la meta interna de 90 apoyos ya sonaba lejana. En ese escenario, el Partido de la Gente se convirtió en la bisagra del proyecto. 

Mientras Franco Parisi dinamitaba públicamente la iniciativa, en el Congreso su bancada abría la puerta a negociar. El lunes García Ruminot almorzó con los diputados del partido; esa misma noche hubo una reunión telemática que terminó sin acuerdo pero con diálogo abierto. El martes la bancada deliberó hasta pasadas las 21:00 y volvió a postergar su decisión. Finalmente este miércoles el PDG anunció su respaldo tras arrancarle concesiones concretas al Ejecutivo: devolución del IVA en medicamentos y pañales, mantención permanente del impuesto del 12,5% para las pymes, entre otros.

Déficit hasta 2035: lo que proyecta la propia Dipres

El informe financiero de la Dipres pone números a lo que la oposición describe en términos políticos. Sin considerar el efecto del crecimiento económico, el saldo para las finanzas públicas sería negativo desde el primer año hasta 2050, con un déficit que oscilaría entre $838.430 millones en 2026 y $2.774.807 millones en 2050. 

La medida de mayor impacto es la rebaja del impuesto de Primera Categoría, que explicaría una caída en la recaudación de $2.845.363 millones al año 2050. Solo a corto plazo —mirando hacia 2030— las medidas tributarias reducirían la recaudación en $2.972.298 millones, dejando un saldo neto deficitario de $1.236.741 millones. El gobierno apuesta a que el mayor crecimiento económico revierta ese cuadro: según sus propias proyecciones, el saldo se volvería positivo recién en 2035.

Más allá del Congreso, hay un problema más profundo para el gobierno: la ciudadanía no le cree al proyecto. Según DataInfluye, un 38% cree que la reforma beneficiará principalmente a los más ricos y un 25% a las grandes empresas, mientras solo un 23% estima que favorecerá a la mayoría. En cuanto a quién pagará la cuenta, un 42% apunta a los consumidores vía alzas de precios y un 22% a los sectores más pobres. 

La oposición se articula

Con el PDG a bordo, el gobierno tiene los votos mínimos para arrancar el trámite. Pero la oposición ya está pensando en la siguiente jugada: el Tribunal Constitucional. El jefe de bancada socialista Raúl Leiva fue directo: todas las bancadas opositoras coordinarán acciones ante el TC, apuntando a la cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años que incluye el proyecto, la cual según Leiva bloquearía cualquier modificación al sistema para ciertas empresas durante seis gobiernos, lo que calificó como abiertamente inconstitucional. 

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez apuntó al fondo del argumento económico, señalando que el corazón del proyecto sigue siendo un beneficio tributario a los sectores de mayores ingresos, comparándolo con la teoría del chorreo y advirtiendo que el costo fiscal podría golpear directamente el financiamiento de salud, educación y trabajo. 

La diputada Gael Yeomans confirmó que revisarán cada una de las más de 200 páginas del proyecto en busca de vicios de constitucionalidad. Desde el PPD advirtieron al PDG que no "dilapide su capital político", y en el PS hablaron de "pirquineo antidemocrático" de votos. 

Más allá del Congreso, hay un problema más profundo para el gobierno: la ciudadanía no le cree al proyecto. Según DataInfluye, un 38% cree que la reforma beneficiará principalmente a los más ricos y un 25% a las grandes empresas, mientras solo un 23% estima que favorecerá a la mayoría. En cuanto a quién pagará la cuenta, un 42% apunta a los consumidores vía alzas de precios y un 22% a los sectores más pobres. 

El dato más duro: un 60% considera que estas medidas no reactivarán la economía. Cadem confirma el diagnóstico: un 49% está en desacuerdo con el Plan de Reconstrucción y ese mismo porcentaje cree que sus principales beneficiarios son los más ricos. Pulso Ciudadano sitúa el respaldo a Kast en 33,3%, con una desaprobación del 53,3%, mientras el gabinete registra 27% de aprobación y 59,5% de desaprobación, su nivel más alto desde que asumió el gobierno. Respecto a la Ley Miscelánea específicamente, solo un 32,7% está de acuerdo con el uso de este tipo de normas que agrupan materias diversas, frente a un 35,4% que lo rechaza.

Kast defiende su proyecto estrella

Kast lo firmó pasadas las 7:30 de la mañana en La Moneda y salió a responderle directamente a quienes ya anunciaban su rechazo sin haber leído el texto. "La peor manera de legislar es no haber conocido el proyecto de ley y decir que uno se va a oponer a la idea de legislar", cuestionó, antes de lanzar su desafío al Congreso: "cada parlamentario tendrá que decidir si va a estar al lado del empleo o del estancamiento, si van a estar con las familias o con un eslogan". 

Horas más tarde, en el evento financiero Latam Focus, el tono se endureció. Kast apuntó directamente a la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet para marcar distancia con la oposición: acusó que esa reforma "no la pagaron los más ricos, la pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables", y advirtió que quienes hoy critican su proyecto son "los mismos de siempre" que "han engañado a Chile por mucho tiempo". También reconoció, sin eufemismos, que su gobierno está dispuesto a ir contra las encuestas cuando estima que seguirlas sería dañino para el país.