Este viernes 17 de junio concluyó el trabajo de la Comisión de Armonización, última instancia que quedaba activa dentro de la Convención. En su última sesión, Armonización trabajó sobre el articulado aprobado en Normas Transitorias y dispuso el texto final que será presentado el próximo jueves 23 de junio y que recién comenzará a ser votado el martes 28 por el Pleno.
Dentro del apartado de Disposiciones Transitorias se aprobaron 57 artículos para regular la transición institucional hacia la nueva Constitución. Esto incluye fechas de futuras elecciones, la entrada en vigencia de las nuevas instituciones y la aplicación de nuevas normativas para cargos públicos, como paridad y escaños reservados.
Así también se determinaron los plazos para la tramitación de las leyes que regularán los nuevos derechos consagrados en la Constitución, así como sus respectivos sistemas nacionales e instituciones garantes. Interferencia explicó esto en el artículo Así es la hoja de ruta de la nueva Constitución que funcionará en plenitud en 2030.
Por todo esto, es importante destacar que para realizar esta transición hacia el nuevo orden constitucional, la Comisión de Normas Transitorias encargó al Presidente Gabriel Boric la responsabilidad de presentar 21 proyectos de ley para regular la nueva institucionalidad y derechos.
Además, se le encomendó citar a tres comisiones especiales para la implementación de la nueva Constitución: la de Transición Ecológica, la Territorial Indígena y el Consejo de Gobernadores, así como la realización de dos plebiscitos para la creación de las nuevas regiones autónomas de Aconcagua y Chiloé.
De todas formas, se trata de proyectos de ley que deberán ser tramitados por el actual Congreso -Cámara de Diputados y Senado- y no de decretos con fuerza de ley adecuatorios como propusieron en un primer momento Contraloría y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
De todas formas, se trata de proyectos de ley que deberán ser tramitados por el actual Congreso -Cámara de Diputados y Senado- y no de decretos con fuerza de ley adecuatorios como propusieron en un primer momento Contraloría y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esto, aún cuando convencionales de todo el espectro de izquierda acordaron disminuir las atribuciones presidenciales.
Lo más destacado del trabajo de la Convención fue la aprobación de nuevos derechos ciudadanos, entre ellos, derechos laborales, de la niñez, a la vivienda digna y ciudad. Por lo que la Comisión de Normas Transitorias juzgó necesario implementarlos a través de nuevas leyes que deberá presentar Boric en el plazo de un año luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Nuevas instituciones
Con la constitucionalización de los derechos a la salud, educación y seguridad social se estipuló un plazo de uno a dos años para que la Presidencia presente sus respectivos proyectos ante el actual Congreso.
Según lo aprobado en el artículo 29° transitorio, el primero de ellos será el sistema garante de Seguridad Social y Cuidados, cuya presentación ante las cámaras será en el plazo de año desde la promulgación de la nueva Constitución.
El siguiente sistema será el de Salud, con su respectiva proposición a un año y medio. El último en enviarse para su trámite será el de Educación a dos años.
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De todas formas, el Congreso dispondrá de dos años para tramitar cada proyecto desde su entrada en el poder legislativo. O sea, deberán ser promulgados antes del término del período presidencial de Gabriel Boric, momento en que ya deberíamos contar con los tres nuevos sistemas.
Además de los sistemas nacionales, la nueva Constitución estipula la creación de cuatro nuevas instituciones que serán normadas mediante un proyecto de ley presidencial: la Corte Constitucional, el Consejo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y la Agencia Nacional de Aguas.
De todas formas, el Congreso dispondrá de dos años para tramitar cada proyecto desde su entrada en el poder legislativo. O sea, deberán ser promulgados antes del término del período presidencial de Gabriel Boric, momento en que ya deberíamos contar con los tres nuevos sistemas.
Según lo planeado por Normas Transitorias, Boric deberá enviar el proyecto para el funcionamiento y organización de la nueva Corte Constitucional dentro de los primeros dos meses. Esto pensado que la Corte debe sustituir las labores del Tribunal Constitucional el semestre siguiente a la promulgación de la Constitución.
Aquí vale destacar que, si bien la Corte se plantea como un órgano nuevo que reemplace al cuestionado Tribunal Constitucional y su cuoteo político, en caso de no promulgarse el proyecto de ley del Presidente antes de seis meses, la Corte deberá comenzar a trabajar con las leyes del derogado TC. Es decir, la Ley Orgánica Constitucional.
Asimismo, de forma transitoria y por única vez, le corresponderá a Boric nombrar a tres de los once ministros de la nueva Corte. Uno durará tres años, un segundo durará seis años y un tercero durará nueve años. Por su parte, el Congreso nombrará cuatro ministros, mientras que la Corte Suprema o el Consejo de Justicia a otros cuatro.
Este último órgano, el Consejo de Justicia, también es de las nuevas instituciones creadas por la nueva Constitución. En un principio este organismo buscaba sustituir al Fiscal Nacional, cuestión que finalmente no sucedió.
En el texto final se contempla que el Fiscal Nacional y el Comité del Ministerio Público sean órganos paralelos al Consejo, que estará encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.
De forma transitoria y por única vez, le corresponderá a Boric nombrar a tres de los once ministros de la nueva Corte. Uno durará tres años, un segundo durará seis años y un tercero durará nueve años. Por su parte, el Congreso nombrará cuatro ministros, mientras que la Corte Suprema o el Consejo de Justicia a otros cuatro.
En ese debate quedó pendiente la organización y funcionamiento del Consejo de la Justicia, por lo que se dejó como norma transitoria el proyecto de ley para su regulación. Este fue encargado al Presidente y deberá presentarse en el primer año luego de la promulgación de la nueva Constitución.
Otros proyectos de ley presidenciales respecto a justicia, serán para normar la nueva Defensoría de la Naturaleza y Defensoría del Pueblo, que además necesitará la tramitación de las acciones de tutela, que sustituirán a los recursos de protección, las que también serán responsabilidad de la administración Boric.
En Justicia, la tramitación más extensa y que sobrepasa el periodo presidencial de Apruebo Dignidad es el proyecto para sustituir los juzgados de policía local por los tribunales de justicia vecinal. Para presentar el proyecto, transitorias estipuló hasta cinco años para su envió al Legislativo, es decir, para 2027, año para el que deberán funcionar la Cámara de las Regiones y habrá un nuevo Presidente.
Comisiones especiales
Fuera de los proyectos de ley, Normas Transitorias también encargó a Boric citar por primera vez al Consejo General de las Gobernaciones dentro de los primeros tres meses luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
A este Consejo deberán asistir todos gobernadores regionales para trabajar con el Presidente y el Gobierno de turno principalmente en “la coordinación, la complementación y la colaboración en la ejecución de políticas públicas en las Regiones”, así como en “la coordinación económica y presupuestaria entre el Estado y las Regiones Autónomas”. Esto en vista del proceso de descentralización y redistribución fiscal que plantea la nueva carta fundamental.
En esta línea, durante el primer año Boric también deberá citar a la Comisión Territorial Indígena, la que elaborará políticas, programas y presentará propuestas para “la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas”.
Esta Comisión funcionará por cuatro años y estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas. Para ser citados, el Gobierno deberá convocar un proceso de participación indígena para que sean electos los miembros de comunidades representativas y en concordancia con el Convenio 169 de la OIT.
Dos años después de la promulgación de la nueva Constitución vencerá el plazo para que Boric envié el proyecto de ley para regular las nuevas Autonomías Territoriales Indígenas, las que también serán determinadas luego de un proceso previo de participación y consulta indígena
Además, la Comisión Territorial Indígena estará integrada por representantes del Estado y “por personas de reconocida idoneidad”, quienes serán nombradas por el presidente Boric.
En esta línea, vale mencionar que dos años después de la promulgación de la nueva Constitución vencerá el plazo para que Boric envié el proyecto de ley para regular las nuevas Autonomías Territoriales Indígenas, las que también serán determinadas luego de un proceso previo de participación y consulta indígena.
Asimismo, en los doce meses siguientes a la promulgación de la nueva Constitución, el Presidente citará a la Comisión de Transición Ecológica, la que si bien será citada por Boric, dependerá del Ministerio del Medio Ambiente. La instancia estará integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y por los organismos públicos pertinentes.
Al igual que la Comisión Territorial Indígena, la Comisión de Transición Ecológica se encargará de “diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de naturaleza y medioambiente”, aunque no se determinó su periodo de funcionamiento, pudiendo prorrogarse según establezca el Presidente en el respectivo decreto de ley.
Un último organismo que deberá evaluar Boric es uno que realizará sugerencias al Congreso para mejorar la distribución fiscal y descentralización. Este será enviado en forma de proyecto de ley dentro de los primeros seis meses desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y aunque no se establece un tiempo exacto para su tramitación y promulgación, la disposición transitoria espera que este comience a funcionar “desde la discusión de la Ley de Presupuestos del año 2025”.
Consultas y elecciones
Respecto a elecciones para el primer año desde la promulgación de la nueva carta magna, Boric ya deberá haber iniciado el trámite legislativo para regular el nuevo sistema electoral que debe considerar un Registro Electoral Indígena y escaños reservados para la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados, a elegirse en noviembre de 2025.
Así también, el Gobierno de Apruebo Dignidad deberá organizar tres plebiscitos.
El primero será una consulta indígena para la creación de la Asamblea Territorial Rapa Nui, la que se constituirá “con el objeto de elaborar el estatuto que regulará el ejercicio de la autonomía del territorio”.
Mientras que en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se convocará a dos consultas vinculantes en las comunas de la provincia de Chiloé y las provincias de San Felipe, de Los Andes y de Petorca.
En estas consultas se busca ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua.
Cada cédula electoral contendrá la pregunta: “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Chiloé?” y “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Aconcagua?”, con opciones de “Apruebo” o “Rechazo”.
Sin embargo, y a diferencia de estos 22 proyectos de ley que serán enviados por el Presidente Boric en los próximos cuatro años, esta vez será el Poder Legislativo el que, en el plazo de dos años, deberá expedir una ley para la implementación de las Regiones Autónomas de Aconcagua y de Chiloé en caso de que se aprueben los respectivos plebiscitos.
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