El año 2009, una década antes del estallido social, se publicó el libro La igual libertad, del articulador de la transición chilena a la democracia, Edgardo Boenninguer. “Soy totalmente contrario a sustituir la actual Constitución por una nueva(…) A mi entender, las reformas de 1989 y del 2005 borraron la ilegitimidad de origen”, escribió el exministro. Aunque Boenninger reconoció que la razón de algunos para abogar por el cambio constitucional era “el deseo de introducir normas que conduzcan al Estado Social de Derecho”, se manifestaba refractario a una nueva Constitución, porque creía que las demandas sociales se resolvían por la vía de estatutos de garantía o programas de gobierno, soslayando que el Tribunal Constitucional nunca los aceptó.

Seis años después, cuando en 2015 la Presidenta Michelle Bachelet procuraba cumplir su promesa de nueva Constitución, su ministro del interior Jorge Burgos -reconocido discípulo de Boenninguer- se preocupaba de tranquilizar al empresariado abogando por un cambio acotado a la Constitución, porque “ha sido la carta fundamental con la que nos hemos relacionado los chilenos, donde hemos resuelto nuestros conflictos. Yo creo que desde esa perspectiva ha sido una carta que ha servido, porque le ha dado buenos 25 años a este país". Este era el punto de vista de dos de los principales referentes del partido eje de la Concertación, que garantizaban a la derecha una quinta columna en las filas de sus adversarios.

Las consecuencias de aquella negativa al cambio fueron intensamente advertidas y sistemáticamente ignoradas por un establishment que incluso se opuso a la Constitución redactada por Mario Fernández, después del proceso participativo que impulsó la Presidenta Bachelet, cuyo contenido fue el epítome de la moderación. La aversión al cambio se prolongó hasta el estallido social e incluso más allá, cuando gran parte de la derecha se jugó por el Rechazo en el Plebiscito de entrada y observó con terror su derrota por 80 a 20.

Más tarde, el amplio triunfo del rechazo en el plebiscito de salida y la recuperación de la agenda por las fuerzas conservadoras impuso varias cuñas en el llamado “Acuerdo por Chile”, reinstalando la amenaza del statu quo, cada vez con mayor intensidad.

El diseño del nuevo proceso parecía razonable para un contexto de crisis social y económica post pandemia, pues la centralidad de los partidos políticos podría darle una conducción responsable y consensuada a las necesidades de cambio. Pero la tentación de preservar su dominio se apoderó de la derecha, hasta el punto de instalar en el comité de expertos que redactará el anteproyecto de nueva constitución a connotados representantes del establishment, con indiscutida impronta conservadora.

Lo que asombra es que el 91% de los expertos  de la derecha estuvo por el rechazo en el plebiscito de entrada, es decir, son figuras destacadas de ese 20% del electorado que nunca quiso cambiar la Constitución. No hablamos de “una que nos una”, sino definitivamente de “ninguna”.

La derecha designó a doce de los 24 comisionados, uno de ellos Republicano y otro del PDG. A nadie puede sorprender la mayoría relativa que acapara ese sector sobre los diez expertos del oficialismo y dos de la DC.  Lo que asombra es que el 91% de los expertos  de la derecha estuvo por el rechazo en el plebiscito de entrada, es decir, son figuras destacadas de ese 20% del electorado que nunca quiso cambiar la Constitución. No hablamos de “una que nos una”, sino definitivamente de “ninguna”.

También llama la atención que cinco de los comisionados de derecha se desempeñaron como ministros o subsecretarios del Gobierno de Sebastián Piñera. A pesar de los numerosos centros de estudio, universidades y académicos del mundo conservador, sus partidos prefirieron garantizar el control de las deliberaciones a través de representantes con menor trayectoria académica pero vasta experiencia en el ejercicio del poder; auténticos expertos en operaciones políticas.

Las decisiones de esta Comisión de Expertos requieren la aprobación de 3/5 de sus miembros, o sea, 14 votos de un total de 24. Eso significa que la mayoría de derecha no basta para imponer sus términos, a menos que consiga los dos votos de la DC, lo que puede no ser fácil considerando que una de aquellas consejeras, Alejandra Krauss, estuvo por el apruebo en el plebiscito de salida; aunque la otra, Paz Anastasiadis, engrosó las filas del rechazo.

Sin embargo, los quorum supramayoritarios tienen doble filo: por una parte, hacen necesarias grandes mayorías para tomar acuerdos, pero también permiten que la minoría los bloquee. El requisito de 3/5 supone que bastan once comisionados, es decir 2/5, para impedir que prospere alguna iniciativa de norma constitucional. Y la derecha tiene ese piso de sobra, incluso prescindiendo de las comisionadas DC. Pero la estrategia del bloqueo funciona en ambas direcciones, porque la centroizquierda también podría alcanzar los 2/5 necesarios para evitar una norma, gracias al voto de Alejandra Krauss.

La mayor garantía de la derecha para dominar el proceso no radica tanto en la Comisión de Expertos como en el Comité de Admisibilidad. Esta instancia, de catorce miembros, estará a cargo de admitir o rechazar los reclamos en contra de cualquier propuesta de norma que se considere contraria a los doce principios constitucionales acordados por los partidos políticos. ¿Y cuál es su quorum? Simple mayoría, es decir, ocho. La derecha tiene siete, el oficialismo seis y la DC uno.

Se comienza a materializar un proceso constitucional donde el bloqueo entre las coaliciones de gobierno y oposición puede ser una constante amenaza para el cambio. La gran diferencia es que cualquier traba a los acuerdos funciona en favor del statu quo. El “no cambio” es, finalmente, el objetivo último de las fuerzas conservadoras; por eso el proceso constituyente se juega con dados cargados.

En síntesis, se comienza a materializar un proceso constitucional donde el bloqueo entre las coaliciones de gobierno y oposición puede ser una constante amenaza para el cambio. La gran diferencia es que cualquier traba a los acuerdos funciona en favor del statu quo. El “no cambio” es, finalmente, el objetivo último de las fuerzas conservadoras; por eso el proceso constituyente se juega con dados cargados. Si la derecha logra formar mayoría en el Consejo Constitucional habrá conseguido sanear para siempre los cuestionamientos al origen de la Constitución del 80, sin alterar sus principios. Si, por el contrario, no se alcanzan los quórum requeridos, el conservadurismo podrá observar satisfecha cómo la deliberación concluye sin resultados sustantivos, manteniendo el orden establecido.

Así, tras enterarnos de que entre los candidatos de ChileVamos al Consejo Constitucional figuran el ex presidente de la CPC, Juan Sutil, y el líder del ala dura de RN, Carlos Larraín, no queda sino observar con pesimismo el proceso que se inicia. Una partida que se juega en una cancha inclinada, tan cargada al status quo como la reciente selección de los pretendidos expertos.

Nota de la Redacción: nuestra columnista Yasna Lewin no publicará durante el mes de febrero, pero retomará sus columnas semanales a partir de marzo.