El objetivo del proyecto Maratué es construir, en un plazo de 45 años, 14.180 viviendas en un terreno de 10,5 kilómetros cuadrados -superficie similar a la de la comuna de San Joaquín- para albergar un total de 60.000 personas en la comuna de Puchuncaví, la que, según el Censo de 2017, tiene un total de 18.546 habitantes. 

La iniciativa, es de propiedad de Agrícola El Refugio, empresa que tiene como gerente general a Marco Barrera Patirro, misma figura a cargo de las áreas de administración contable, tributaria y recursos humanos de Osler Inversiones, una sociedad que es -a su vez- del cuñado de Andrónico Luksic Craig y marido de Paola Luksic Fontbona, Óscar Lería Chateau, con quien Barrera tiene una relación de negocios que data de hace más de 25 años.

Osler Inversiones nació el año 2012 para desarrollar proyectos de primera y segunda vivienda, oficinas y renta de locales comerciales. Su primer gran hito, según describe su portal web, fue la compra de las 1.045 hectáreas ubicadas en Quirilluca, Puchuncaví, lugar donde Barrera tiene aprobado el anteproyecto de loteo y donde busca viabilizar su construcción.   

A pesar de que los vecinos celebran que la iniciativa inmobiliaria haya vuelto, prácticamente, a foja cero con su evaluación ambiental, la decisión no los dejó del todo satisfechos, ya que dicho dictamen es un abordaje parcial del recurso que ellos presentaron. Es decir, no atendieron a todas sus objeciones.

Sin embargo, varios vecinos de Puchuncaví se oponen a este megaproyecto que cambiaría para siempre la comuna al triplicar su población. De tal modo, están grupados en pos de resguardar el patrimonio arqueológico natural, material e inmaterial de la zona.

Recientemente la agrupación vecinal consiguió que el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), retrotrajera la evaluación ambiental del proyecto Maratué, la que contaba con Resolución de Calificación Ambiental desde 2019. Esto significa que la empresa El Refugio tendrá que realizar una nueva consulta ciudadana para redactar el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).

A pesar de que los vecinos celebran que la iniciativa inmobiliaria haya vuelto, prácticamente, a foja cero con su evaluación ambiental, la decisión no los dejó del todo satisfechos, ya que dicho dictamen es un abordaje parcial del recurso que ellos presentaron. Es decir, no atendieron a todas sus objeciones.

Por lo anterior es que tras conocerse el fallo del SEA, los vecinos decidieron presentar dos recursos de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental, los que fueron rechazados, manteniendo, en definitiva, en pie el fallo del Comité de Ministros. 

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Proyección del emplazamiento de Maratué en Puchuncaví.

La acción más reciente de los vecinos fue el pasado 5 de octubre, fecha en que presentaron dos recursos de casación ante la Corte Suprema, los que tienen como objetivo revocar el dictamen del Comité de Ministros y solicitar que se declare anulado el desarrollo inmobiliario proyectado por El Refugio. 

Parte fundamental de la argumentación de los vecinos es el nivel de contaminación de los suelos y aire que se producirá en el sector donde se pretende emplazar el proyecto promovido por el cuñado de Andrónico Luksic.

Asimismo, los demandantes alegan que debe haber mayor cantidad de áreas de conservación en la comuna, puesto que al ser Puchuncaví una zona saturada de contaminación, lugares como los acantilados de Quirilluca, se trasforman en el último pulmón verde de la localidad y un espacio para la reproducción ecológica de flora y fauna endémica y protegida.  

La acción más reciente de los vecinos fue el pasado 5 de octubre, fecha en que presentaron dos recursos de casación ante la Corte Suprema, los que tienen como objetivo revocar el dictamen del Comité de Ministros y solicitar que se declare anulado el desarrollo inmobiliario proyectado por El Refugio. 

Según dijo a INTERFERENCIA, el abogado de los vecinos y director de la ONG Defensa Ambiental, Ricardo Frez, “el que le revocaran la RCA [resolución de calificación ambiental] al proyecto es un logro para nosotros, sin embargo, estamos convencidos que se debe desistir de construir esta mega obra, ya que es incompatible con la situación ambiental del territorio. Esperamos que la Corte Suprema falle a nuestro favor y que el proyecto Maratué pierda toda viabilidad. De lo contrario, estaremos atentos al nuevo proceso de evaluación ambiental que tendrá que emprender esta iniciativa”.   

Conforme estipuló la Superintendencia de Medio Ambiente, la ampliación de la Ruta F20 se encuentra ejecutando parte de las obras del proyecto, tanto al interior como próximas al humedal urbano Los Maitenes-Campiche; y cercanas al humedal urbano Humedales de Quirilluca, motivo por el que el proyecto deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Respecto de las infracciones graves, la Ley Orgánica de la SMA  dispone que éstas podrán ser objeto de Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Clausura o Multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

*Este artículo fue desarrollado en colaboración con Matias Fierro, estudiante de periodismo de la Universidad Andrés Bello.