A continuación, se desarrollan el abecé de conceptos que suponen una discusión seria sobre políticas públicas en minería, y nuestros aportes al debate.

Industria minera

Los minerales son esenciales para la sociedad. Muchas necesidades básicas no pueden satisfacerse sin recurrir a ellos. Pero si la industria solamente responde a la demanda económica de minerales, está lejos de satisfacer lo que la sociedad espera.

El proceso de producción y utilización de minerales podría ayudar a la sociedad a alcanzar otros objetivos, como generar puestos de trabajo directos e indirectos, ayudar al desarrollo de las economías nacionales y asistir a las sociedades en el logro de metas de desarrollo sostenible.

En aquellos lugares donde la industria está lejos de satisfacer estos objetivos, se considera que no cumple con sus obligaciones y se genera un creciente rechazo hacia ella.

La minería difiere de otras industrias en varios aspectos. 

En primer lugar, las materias que está explotando —recursos minerales— a menudo son propiedad del Estado. Por esa razón, el país debería recibir una compensación por este insumo vital (más allá de los impuestos normales pagados), que contribuye al proceso minero.

En segundo lugar, los recursos minerales no son renovables. Como resultado, se incurre en un costo de oportunidad en el consumo minerales, ya que una vez explotados no están disponibles para uso en el futuro. Esto significa que la producción venidera dependerá de recursos de peor calidad y, en consecuencia, de recursos más caros o utilizar materiales alternativos.

En tercer lugar, en países como en Chile donde la minería es su principal industria tiende a atraer la atención del público y plantean preguntas sobre cómo riquezas que se basan en el legado geológico del país, deben dividirse equitativamente entre la empresa, el gobierno y sus habitantes

Las comunidades esperan que la industria genere además de empleos, infraestructura y otros beneficios que contrarresten los riesgos e impactos que experimentan y, en definitiva, quedar en una mejor situación que al inicio del proyecto.

Las organizaciones ambientales esperan un mejor desempeño y que la industria evite operar en zonas delicadas en términos ecológicos y culturales.

El gobierno debe definir las exigencias que espera de la industria, garantizar que tales exigencias sean alcanzadas y disponer una legalidad que estimule su cumplimiento. Tiene que prestar servicios más eficientes y proteger mejor los derechos de las comunidades.

Royalty minero

Una de las principales formas de ingresos gubernamentales derivados de la explotación mineral es el royalty, caracterizado como el pago debido al propietario soberano a cambio del derecho a extraer la sustancia mineral. Lo aquí expuesto en parte se basa en lo expresado en el texto Mining Royalties estudio de carácter mundial financiado por el Banco Mundial y BHP Billiton, efectuado por ocho expertos extranjeros en el 2006.

Los sistemas regulatorios y fiscales del sector mineral han sido objeto de importantes reformas en todo el mundo. Se ha estimado que durante los últimos 30 años más de 110 naciones han reemplazado su ley minera o han hecho enmiendas importantes a ella.

Garantes políticos y empresas deben asumir la responsabilidad conjunta de tratar el pago de regalías de manera transparente y promover la rendición de cuentas públicas.

En general, el objetivo debe ser que los ingresos generados por el sector minero contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social.

Desarrollo sostenible

Uno de los mayores desafíos enfrentados por el mundo actual es la integración de la actividad económica con la preservación ambiental, las preocupaciones sociales y sistemas eficientes de gobernanza. El logro de esta integración puede ser denominado desarrollo sostenible. Para el sector minero, dicho logro debe consistir en maximizar el aporte al bienestar de la generación actual de forma tal que garantice una distribución equitativa de costos y beneficios, sin reducir las posibilidades de satisfacción de necesidades de las futuras generaciones.

En septiembre del 2015 se acordó en Naciones Unidas establecer 17 objetivos para lograr un Desarrollo Sostenible. Esto, para erradicar la pobreza, asegurar acceso a servicios básicos (salud, agua, educación, alimentación, entre otros), eliminar la desigualdad, terminar con prácticas de consumo insostenibles y facilitar un crecimiento económico inclusivo, con desarrollo social y protección ambiental.

En el año 2002, la mayor parte de las empresas mineras internacionales (incluyendo muchas que operan en Chile), el PNUD, Banco Mundial, Cochilco y Codelco participaron en un estudio denominado: Abriendo brecha: Minería, minerales y desarrollo sustentable (MMSD). En ese estudio se mencionan los principios aplicables a la industria minera, algunos de los cuales van a continuación:

Aumentar al máximo el bienestar humano garantizando una distribución justa de los costos y beneficios del desarrollo entre todos los habitantes del país.

Fomentar una administración responsable de recursos naturales y medio ambiente, incluyendo la reparación de los daños del pasado. Reducir al mínimo desechos y daños ambientales en toda cadena de abastecimiento.

Actuar con prudencia cuando los impactos sean desconocidos o inciertos. Operar dentro de límites ecológicos y proteger el capital natural fundamental.

Evitar una excesiva concentración de poder mediante un sistema eficiente de controles y balances apropiados.

Garantizar la transparencia mediante acceso de todos los actores a información pertinente y precisa. Garantizar rendición de cuentas por decisiones y acciones, que deben fundamentarse en un análisis amplio y confiable.

Aporte a nuestro debate

Las actividades del ciclo de los minerales generan un significativo impacto en el medio ambiente. Para manejar estos impactos con efectividad es necesario abordar temas pendientes referidos al manejo de enormes cantidades de desechos, la elaboración de métodos para internalizar los costos del desagüe de ácido, el mejoramiento tanto de la evaluación de impacto como de los sistemas de gestión ambiental y la planificación efectiva del cierre de minas.

Hoy es imprescindible incluir un enfoque que considere un desarrollo sostenible respetando sus principios.

El acceso a la información es fundamental para generar mayores niveles de confianza y cooperación. La calidad de la información y su utilización, producción, transmisión, acceso y credibilidad influyen en conjunto en la interacción de todos los actores del sector. Una participación pública efectiva en la toma de decisiones, exige que la información esté disponible para el público en formas accesibles.

La mayoría de los países del mundo han iniciado una reforma regulatoria de su sector mineral en las últimas tres décadas. Una parte importante de estas iniciativas ha sido un examen del sistema fiscal impuesto a las actividades mineras.

En aquellos países que imponen royalty, los métodos y tasas varían ampliamente, y la justificación de dicho impuesto puede ser obtener una compensación por la pérdida permanente de un recurso nacional no renovable (es decir, un impuesto sobre la transferencia de propiedad), o generar ingresos a cambio del permiso del gobierno para extraer (un impuesto de uso).

En un país minero de clara importancia mundial, como es Chile, que decide estudiar el establecimiento de un royalty minero, es obvio que el aporte de la industria minera a su ciudadanía debe considerar las necesidades de su población hoy día afectada por una profunda desigualdad con enormes problemas de índole económica y que demanda un desarrollo sostenible para su territorio.

Se hace imperativo una discusión técnica seria, democrática y profunda para resolver los anhelos justos respetando la soberanía de este país.

 (*) José Cabello Lechuga es Geólogo, Diploma en Difusión de las Ciencias y Persona Competente (título otorgado por Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras)