Ayer, Anderson Rayo Andrade (19 años) fue condenado a 300 días de cárcel por romper un vidrio y lanzar maderas al interior de un banco en Punta Arenas – junto a una decena de personas – bajo el contexto del estallido social. Ayer, también, Rayo volvió a ser un hombre libre. Luego de permanecer en prisión preventiva por 366 días, la pena del joven fue conmutada, quedando solo con firma quincenal y arraigo nacional. Más de la mitad del tiempo en prisión (en total, 206 días) fue cumplido sin ningún tipo de visitas; situación que viven todos los privados de libertad en el país desde el 11 de abril, cuando Gendarmería de Chile cortó con este derecho.

La medida de no aceptar visitas fue adoptada para hacer frente a la pandemia del coronavirus, buscando impedir que se generaran brotes al interior de los recintos penitenciarios. De igual forma, hace siete meses se instauraron cuarentenas totales en buena parte del territorio nacional, prohibiendo las visitas a restoranes, centros comerciales y parques, entre otros. Estas últimas restricciones se han ido paulatinamente retirando. La prohibición de visitas a los presos, no.

La visita de seres queridos es un factor importante para la salud mental de los privados de libertad. Haydee Oberreuter, exprisionera política en dictadura y dirigente del Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares, entiende las razones iniciales para suspender el derecho a visitas, pero asegura que  es un aspecto esencial de la vida en la cárcel. "Te garantizo que estar dentro de un espacio carcelario y no tener régimen de visitas es un tipo de castigo sobre castigo", indicó.

En su lugar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con Gendarmería de Chile, instauraron un sistema de visitas no presenciales a través de videollamadas. Consultados por INTERFERENCIA respecto a cuándo volverá el régimen presencial de visitas, el ministerio indicó que no existe aún una fecha determinada, pero que el viernes pasado se llevó a cabo una reunión para coordinar el “‘Plan Paso a Paso’ que permita retomar de acuerdo a la realidad sanitaria de cada localidad, las visitas presenciales de familiares de personas privadas de libertad”. Gendarmería, en tanto, explicó que, a pesar de la crisis sanitaria, "las personas privadas de libertad han mantenido el contacto con sus seres queridos y familiares" gracias al sistema de "visitas virtuales". 

De momento y sin saber hasta cuándo, las videollamadas son el único contacto que tendrán los presos con sus familiares; pero ¿qué tan frecuente es este contacto virtual entre los privados de libertad y sus cercanos?

“Es un tema casi al dedillo. No tengo claro cada cuánto es, pero es aleatorio. Una vez uno, otra vez otro. Más o menos cada dos semanas debe ser que estamos conversando con los chicos”, indica Jorge Ulloa, padre de un detenido político que acusa de montaje a Carabineros al implantarle pruebas para inculparlo. Es también vocero de la Coordinadora 18 de octubre, organización que vela por la libertad de los detenidos durante el estallido social.

Si bien las visitas son un derecho que ha sido arrebatado – bajo criterios sanitarios – a todos los presos, la medida es aún más perjudicial para los privados de libertad por causas relativas al estallido social, dado que en su mayoría arriesgan penas bajas que probablemente les serán conmutadas luego de un año en prisión preventiva.

Sin condena, sin libertad y sin visitas

“Al día de hoy son aproximadamente 2.200 personas, ya sea privados de libertad o con medidas cautelares, que aún esperan su debido proceso”, explica Ulloa. Respecto al catastro de detenidos en prisión preventiva, el vocero indica que no tiene claridad, pero asegura que son muchos más que los que indicó el día de ayer el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli.

En entrevista con radio Cooperativa, Galli indicó que sólo son tres los detenidos durante el estallido que se encuentran en prisión preventiva. “Él habla exclusivamente de las personas imputadas por ley de seguridad del Estado, pero en un mayor porcentaje están imputados por ley de armas”, asegura Jorge Ulloa.

En paralelo, el senador Alejandro Navarro (Mas) anunció que presentaría una ley de amnistía para los presos del estallido. “Tengo la convicción de que la actual situación de miles de esos jóvenes encarcelados, con prisiones preventivas abusivas y, en varios casos con montajes, […] requiere una salida política y no una judicial”, declaró.

La iniciativa fue apoyada por Benito Baranda, ex director del Hogar de Cristo y actual director internacional de America Solidaria; quien explicó que “esas personas [los presos de la revuelta] lo que hicieron fue poner, de manera violenta, sobre la mesa algo que ya estaba violentando a nuestras poblaciones”. De forma similar, el sacerdote Felipe Berrios también anunció su apoyo a la amnistía.

En el plano internacional, la proposición de una ley de amnistía fue apoyada por miembros de Alemania, Suecia, Italia, Suiza, Inglaterra y Francia del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos de la Revuelta en Chile; quienes a través de una carta abierta demostraron su apoyo a Navarro y su proyecto.

Además de llevar en torno a un año encarcelados sin condena y de los siete meses – y contando – sin visitas, los presos del estallido social también tienen que hacer frente a otro castigo adicional: forman parte de un grupo de más de 13 mil privados de libertad con derecho a voto a quienes el Servicio Electoral no les entregó ninguna opción para ejercer esta facultad democrática.

Sin votar, un castigo extra

“Son 13.100 los condenados bajo pena no aflictiva, es decir, menos de 3 años, que constitucionalmente están habilitados para votar”, explica el sociólogo Pablo Pinochet Ábalos, presidente del directorio de Leasur, una ONG fundada el 2014 que trabaja “por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad”.

Quienes están en prisión preventiva, en tanto, también están facultados para ejercer su derecho a voto. Así lo determinó la Corte Suprema el año 2017, determinando que no existen razones para limitar el derecho a sufragio por la imposición de la prisión preventiva o por una condena que no implique que se pierda ese derecho. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó al Servicio Electoral adoptar medidas para que las personas privadas de libertad ejercieran su derecho, según informó El Mostrador.

Sin embargo, eso jamás ocurrió, y los presos facultados para votar, incluidos quienes se encuentran privados de libertad acusados de alterar el orden público durante el estallido social; no pudieron votar para el plebiscito.

Para Pinochet Ábalos, esto se debe a un impasse institucional. “Está el respaldo constitucional para que lo hagan [votar], pero no así para sortear los temas logísticos que conlleva”, explica el director de Leasur, siendo el problema “un tema de circunscripciones para las votaciones, ya que los privados de libertad no tienen una circunscripción válida para Servel”.

El sociólogo comenta que “hay una intención por parte de los internos de participar de estas instancias democráticas”, una que se notó especialmente para la votación del plebiscito y que, aún así, no fue considerada. “Según ellos [Servel] se deben hacer cambios legales, pero para ello se necesita voluntad política”, cierra Pablo Pinochet.