La Comisión de Ética de la Corte Suprema se reactivó la semana pasada con una puesta en escena en la oficina de Pleno, donde el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, apareció rodeado de 12 ministros que se cuadraron detrás de la máxima autoridad del Poder Judicial.

La tríada aparece en comunicaciones de WhatsApp, que revelan posibles conductas de corrupción y se encuentran en dos indagatorias que sustancia el Ministerio Público. Una de ellas los audios del abogado Luis Hermosilla y la segunda en la operación topógrafo, donde un ex ministro de la Corte de Santiago (hoy en prisión preventiva), entregaba autorizaciones ilegales de interceptación a la inteligencia militar.

Sin embargo, la instancia disciplinaria integrada por Blanco y las magistradas Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich, aún no establece cuáles serían las primeras diligencias para investigar a sus pares Mario Carroza, María Teresa Letelier y Ángela Vivanco. La tríada aparece en comunicaciones de WhatsApp, que revelan posibles conductas de corrupción y se encuentran en dos indagatorias que sustancia el Ministerio Público. Una de ellas los audios del abogado Luis Hermosilla y la segunda en la operación topógrafo, donde un ex ministro de la Corte de Santiago (hoy en prisión preventiva), entregaba autorizaciones ilegales de interceptación a la inteligencia militar.

De esta manera, la Comisión de Ética deberá actuar, ya sea para acreditar o descartar los hechos contrarios a la probidad, en un contexto nunca antes visto.

Ocurre que uno de los medios de prueba debieran ser las comunicaciones digitales que constan en sendas las carpetas investigativas que tramitan las fiscalías Oriente y Centro Norte, las que hoy tienen el carácter de reservadas.

En este sentido -y siguiendo las reglas del debido proceso-, la Comisión de Ética no podría incluir en el expediente solo los artículos de de prensa que dan cuenta de los WhatsApp, sino una copia cuya idoneidad esté certificada.

El problema es que en el actual sistema de persecución penal, los antecedentes de una investigación no pueden ser entregados a terceros que no son parte de un caso.

Por esta razón, una de las posibilidades para resolver el problema, podría ser una solicitud al fiscal nacional, Ángel Valencia, para acceder a la información, explicaron fuentes judiciales a Interferencia.

El mecanismo, si bien no está totalmente definido, pone a Valencia en un problema, ya que incluso desde la testera del organismo, está imposibilitado por ley para dictar órdenes particulares a los perseguidores regionales.

Destitución

No es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta una crisis de probidad. A principios del Siglo XXI, el entonces supremo Luis Correa Bulo enfrentó una acusación constitucional por hechos de corrupción. Esta última fue rechazada en la Cámara de Diputados.

No es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta una crisis de probidad. A principios del Siglo XXI, el entonces supremo Luis Correa Bulo enfrentó una acusación constitucional por hechos de corrupción. Esta última fue rechazada en la Cámara de Diputados por 60 votos a 45, en septiembre de 2000.

Sin embargo, al año siguiente el Pleno del máximo tribunal le abrió un cuaderno de remoción, lo suspendió por cuatro meses del ejercicio de su ministerio y lo destituyó.

Para llegar a la decisión, distintas personas declararon en el expediente que sirvió de sustento para expulsar a Correa Bulo de las filas de la judicatura.

Desde entonces hasta ahora han transcurrido más de veinte años; el sistema de persecución penal cambió y avanzó la tecnología a pasos agigantados.

Para el caso que afecta a las ministras Letelier y Vivanco, como también a Carroza, distintas personas podrían entregar su testimonio libremente; o bien funcionarios judiciales o notarios que estarían obligados.

Como sea, la instancia ético-disciplinaria aún no tiene definido cómo se desarrollará la indagatoria, pero -como suelen argumentar los jueces- las “máximas de la experiencia” indican que la forma de investigar un hecho, es siempre la misma.