El pasado 30 de agosto, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales denominado Ley de Usurpaciones. En ese momento, el Ejecutivo anunció un veto al proyecto de ley y tras cumplirse los 30 días que la Constitución otorga, presentó un oficio con cambios.

En el detalle. el presidente Gabriel Boric (CS) presentó 14 cambios dentro del veto, cuatro aditivos (que añade elementos al texto), cinco supresivos (que suprime parte del texto) y cinco sustitutivos (que reemplaza parte del texto por otra). El principal cambio y preocupación por parte del Ejecutivo es la mirada sobre el 'autotutelaje' que algunas figuras políticas interpretaban que podía desencadenar un enfrentamiento entre civiles. 

Este martes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado recibió el veto que presentó el pasado viernes La Moneda, lo que da inicio a su tramitación. La composición de dicha Comisión es favorable a la oposición, pues está presidida por el senador Felipe Kast (Evópoli), y la integran Manuel José Ossandón (RN), Alejandro Kusanovic (Ind-RN), Iván Flores (DC) y Paulina Vodanovic (PS). 

Con todo, la discusión que se inauguró con el veto presidencial crispó los ánimos en la oposición, que veían en la facultad presidencial un intento por 'desnaturalizar' el espirítu del proyecto. En ese contexto, Interferencia conversó con el senador Flores.

"Lo más peligroso es que establece la flagrancia permanente, y en esto lo equipara al delito de secuestro de menores, siempre persiste el delito, mientras no se desocupe el predio o el inmueble tomado. Y en ese caso concurre la legítima defensa e incluso la legítima defensa privilegiada en el caso de que vecinos, amigos o parientes lleguen a defender un bien ajeno. O sea, no están defendiendo la propiedad de uno, ni la vida de uno". 

- ¿Cómo ve la discusión política al interior de la Comisión sobre el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones? 

- Para comenzar, con la legislación actual, si una persona entra a una propiedad, rompe el portón y se instala allí, no es un delito, es una falta. Por lo tanto, como falta, solamente considera una multa. Ahora bien, en el caso de haber violencia en contra de personas, la multa considera montos que van desde los $700 mil pesos hasta un millón de pesos. Por otra parte, si se salta el cerco, pero no lo rompió, ni dañó el portón y se instaló allí, también es una falta, pero al no ejercerse violencia, la multa es menor y podría ir desde $380 mil pesos hasta $600 mil pesos.

Por consiguiente, lo que este proyecto hace es considerar la usurpación o la ocupación como un delito. Eso es nuevo. Al ser un delito violento se establece cárcel de hasta cinco años cuando hay violencia o se emplea fuerza en la ocupación. Eso no existe hoy en el Código Penal y este proyecto incluso establece una gradualidad dependiendo del valor del daño. Si el daño es superior a las 40 UTM (unos $2,5 millones de pesos) tiene de 541 a 3 años de presidio.

Pero el problema surge en el caso de la no violenta y ahí hay un debate. El proyecto decía presidio en su grado mínimo medio que varía entre 61 días hasta tres años. El veto dice presidio menor en su grado mínimo hasta 540 días o una multa de 6 a 10 de UTM (entre unos $380 mil y unos $6,3 millones de pesos). Entonces, hay visiones que buscan que siempre haya cárcel, mientras que el Gobierno dice un presidio mínimo y multas. Ahí está el nudo del debate. 

- También generó discusión la figura del autotutelaje.

- Creo que eso es lo más peligroso, porque, como se establece la flagrancia permanente, y en esto lo equipara al delito de secuestro de menores, siempre persiste el delito, mientras no se desocupe el predio o el inmueble tomado; sea un departamento, una casa o un campo. Y en ese caso concurre la legítima defensa e incluso la legítima defensa privilegiada -que quieren homologar a la ley Naín Retamal- en el caso de que vecinos, amigos o parientes lleguen a defender un bien ajeno. O sea, no están defendiendo la propiedad de uno, ni la vida de uno. 

- Como una especie de cuadrillas ciudadanas.

- O detenciones ciudadanas... Lo que hace el veto es establecer que dentro de las primeras 12 horas, que es la norma general, puede haber legítima defensa del propietario, pasadas las 12 horas, actúa la policía. Eso está así al día de hoy y el veto propone mantenerlo para que sean las policías las que actúen y no las defensas ciudadanas que pueden ser bien complicadas a la hora de establecer esta legítima defensa de algo que no le es propio. 

En donde estamos todos de acuerdo es en la restitución anticipada, que yo valoro positivamente. O sea, no hay que esperar el resultado de una acción legal de recuperación para que le puedan restituir el bien si es que se demuestra que tal o cual persona es la propietaria.

- Desde la oposición se sostiene que el veto presentado por el Ejecutivo desnaturaliza el corazón del proyecto, ¿lo considera así?

"Desnaturalizar el corazón del proyecto significa decir: 'sabe qué más, no estamos de acuerdo en que sea delito', y nadie quiere que sigan habiendo usurpaciones o ocupaciones ilegales, sean con violencia o sin violencia. Nadie quiere que se metan a la propiedad de otro a ocuparla".

- No, para nada. Porque desnaturalizar el corazón del proyecto significa decir: 'sabe qué más, no estamos de acuerdo en que sea delito', y nadie quiere que sigan habiendo usurpaciones o ocupaciones ilegales, sean con violencia o sin violencia. Nadie quiere que se metan a la propiedad de otro a ocuparla.

Entonces la idea matriz del proyecto es que la usurpación de un bien ajeno es un delito. Esa es la idea matriz, ese es el corazón del proyecto. En esa lógica, los pulmones del proyecto serían que la ocupación puede ser violenta o puede ser no violenta.

Como ejemplo, una familia que es expulsada de su departamento, ve que hay un sitio vacío y se instala de forma no violenta en un terreno sin nada construido o sea un terreno fiscal, también va a ser un delito porque no le es propio. Nadie puede ocupar lo que no le es propio, independientemente si sabe o no sabe de quién es y ahí está el debate hoy día. Pero la idea matriz no cambia en nada. Todos estamos de acuerdo en que la usurpación tiene que ser un delito y castigado como tal.

- Pero existe posibilidad de diálogo o acuerdos, considerando que la oposición tomó una postura muy cerrada al respecto y hay una intención de echar abajo el veto. 

- La derecha ha endurecido sus posiciones no solamente en este proyecto, sino que en otro tipo de materias también. Y respecto de esto, yo acabo de ver el proyecto original y allí se habla de usurpaciones no violentas.

Por lo tanto, no solamente la ministra Carolina Tohá repitió algo que a mi manera de ver es incorrecto, porque una usurpación por definición es quitarle algo a alguien y eso tiene una violencia implícita. pero la ministra no es la única culpable, porque en el proyecto original, firmado por, entre otros, el presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, se habla de usurpación no violenta.

Entonces no le echen la culpa a uno, cuando en realidad el concepto viene equivocado de antes. El verdadero concepto es ocupación no violenta. 

"Aquí tenemos un gallito político que es muy jodido porque todos están jugando al todo o nada y eso es un absurdo, no podemos seguir con eso".

- ¿Pero es posible que el veto se caiga considerando la minoría oficialista en el Senado?

- Sí, claro, es una posibilidad absoluta, pues para ser rechazado requiere la mayoría simple de los presentes en Sala. Otra cosa es que rechazado el veto, supongamos, se pida la insistencia de volver al proyecto antes del veto, eso requiere 2/3, y yo no estoy seguro que estén los 2/3, por lo tanto nos quedaríamos sin ley. 

- ¿Qué tan grave es eso?

- Nos quedamos tal como estamos hoy día, que tomarse un predio de golpe y raja rompiendo el cerco, pegándole al propietario y lo demás, es una falta y por lo tanto la pena máxima que hay para esa falta es cercana al millón de pesos. Si el juez es buena gente, puede bajar hasta $700 mil pesos. 

Entonces aquí tenemos un gallito político que es muy jodido porque todos están jugando al todo o nada y eso es un absurdo, no podemos seguir con eso. Necesitamos una ley que castigue el delito de usurpación, sea violenta o no violenta, y nos estamos enredando en la aplicación de algunas penas.

Si se rechaza el veto y no están los votos para poder reponer el proyecto original, no hay ley, ni la una ni la otra, ni la original de los parlamentarios, ni la del veto del gobierno, nada. Nos quedamos colgados y seguiremos teniendo un delito que no es un delito, sino que una falta. Flor de escenario.

- Hay organizaciones que han acusado que en la naturaleza de esta ley se esconde una intención de castigar precisamente las usurpaciones pero con un enfoque respecto a lo que sucede en la denominada macro zona sur y la recuperación territorial que ejercen organizaciones mapuche. ¿Ve algo de eso en el espíritu de la ley?

- No, yo creo que independientemente de cuál fue la causa, una usurpación es una usurpación. Hay casos como uno ocurrido en Valparaíso en que un grupo de personas se tomaron un predio y empezaron a venderlo a otras personas y cuando el dueño quiso rescatarlo por la vía judicial, le pegaron un tiro y lo mataron.

Entonces aquí hay de todo en la viña del Señor. Lo que hay que hacer es establecer que la ocupación ilegal de algo que no es propio es un delito.