Cumpliendo su promesa de promover una "nueva era" guiada por los valores confesionales y tradicionales, en junio de 2021 el régimen ultraderechista húngaro de Viktor Orbán aprobó una ley que prohíbe la "propaganda homosexual" y establece que “los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad, no deben ser accesibles a menores de 18 años". Más al norte, cientos de comunas polacas se autoproclaman “zonas libres de ideología LGBT”, respondiendo a las políticas homofóbicas del gobierno ultraderechista de Mateusz Morawiecki, quien califica la inclusión de minorías homosexuales como “neobolchevismo”.

En Italia, la admiradora de Benito Mussolini y presidenta del consejo de ministros, Giorgia Meloni, acaba de abolir el registro municipal de hijos de parejas homosexuales, para limitar los derechos parentales únicamente al progenitor biológico.

Pero al igual que en Europa, la ultraderecha se nutre de la reacción social adversa a los valores liberales, que emergen ante las crisis económicas y migratorias.

A diferencia de estos radicalismos ultraconservadores en Europa, Chile había transitado en la dirección inversa, registrando avances civilizatorios para el respeto a la diversidad sexual, como la ley de identidad de género, aprobada en diciembre de 2018; el matrimonio igualitario, convertido en ley a fines de 2021; y otros esfuerzos de educación no sexista ni discriminatoria, a través de distintos instrumentos de formación en las comunidades educativas.

Pero al igual que en Europa, la ultraderecha se nutre de la reacción social adversa a los valores liberales, que emergen ante las crisis económicas y migratorias. “Las tendencias culturales más liberales y laicas entre los jóvenes, combinadas con movimientos que defienden los derechos de las mujeres, las minorías sexuales y los pueblos indígenas han desencadenado una reacción cultural entre conservadores y religiosos que crea nuevas oportunidades para la movilización populista en el flanco derecho”, escriben los politólogos de la Universidad de Cornell, Lisa Zanotti y Kenneth Roberts, en un artículo sobre la particular fuerza que ha tomado la derecha populista radical en Chile y Brasil.

Desde el año 1990, cada 17 de mayo se celebra en todo el mundo la eliminación de la homosexualidad como una de las enfermedades mentales incluidas en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud. Con ocasión de esa conmemoración, los ministerios de Educación y Mujer presentaron hace unas semanas las Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes de la diversidad sexual y de género, que corresponden a una actualización de guías de años y administraciones anteriores, entre ellas las de 2017. Durante seis años, incluidos los cuatro del gobierno de Sebastián Piñera, este material para la educación afectiva y sexual en etapa preescolar no causó ninguna alteración, hasta que el debate cultural se retrotrajo al de los años noventa, con vientos conservadores que soplan en favor del emergente Partido Republicano.

En ese contexto, la derecha anunció su cuarta acusación constitucional en menos de 15 meses, esta vez con una declarada inspiración homofóbica.

“Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales en nuestro país", dijo el diputado de la UDI Sergio Bobadilla, refiriéndose a la homosexualidad del titular de educación, Marco Antonio Ávila, y a las guías de la discordia.

Esta vez también fue El Mercurio el que inició la controversia: en la portada del lunes pasado se “denuncian” las recomendaciones de la guía de orientación sexual. De nuevo el diario manipuló información.

"Realmente tiene una obsesión con meter a las aulas de clases la hipersexualización de los niños, cuando es algo que le corresponde a los padres de educar", remató la diputada de RN Camila Flores.

El guion de esta comedia es calcado al de las polémicas Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), que comenzaron a implementarse en los colegios durante el Gobierno de Eduardo Frei. En septiembre de 1996 el diario El Mercurio publicó una extensa información sobre aquel programa, ilustrada con una fotografía en que dos escolares mostraban en sus manos unos paquetes de condones. Los preservativos se los había otorgado el mismo fotógrafo del diario para producir su imagen. El ministro de Educación de la época, Sergio Molina, denunció un montaje y tanto los niños como sus padres ratificaron que el reportero gráfico les entregó los preservativos a los menores para que posaran.

Esta vez también fue El Mercurio el que inició la controversia: en la portada del lunes pasado se “denuncian” las recomendaciones de la guía de orientación sexual. De nuevo el diario manipuló información, al poner especial interés en uno de los ejercicios que ya se había eliminado del material educativo.

No está de más indicar que la rutina en cuestión consiste en poner a los niños y niñas en fila, para que masajeen sus espaldas; una actividad parecida a las rondas y los trencitos, que solo en mentes perturbadas o interesadas puede connotarse eróticamente.

El Mercurio faltó a la verdad, al dar por presente un hecho del pasado, y distorsionó el ejercicio para alimentar la morbosa moral sexual ultraconservadora.

No todos los niños y niñas tiene acceso a la educación sexual temprana en sus familias y el Estado tiene el deber de entregar orientaciones desde que ratificó, en agosto de 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sus cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y su participación en decisiones que les afecten.

La derecha repudia el material que hace más accesible a las comunidades educativas los conocimientos necesarios para atender a la diversidad y prevenir discriminaciones, violencia y abuso de menores.

Una de las peores caras de la vulneración de estos principios es la que se produce en el seno de la familia, justamente por la ausencia de educación sexo afectiva. Según la Defensoría de la Niñez, el 80% de las causas por abuso sexual de menores identifica a un agresor de la familia o vinculado al hogar. Muchas de las pequeñas víctimas carecen de la formación sexual que les permitiría comunicar los aberrantes hechos que sufren; ni siquiera saben nombrar sus partes íntimas y, por supuesto, no entienden que el abuso no es un acto afectivo.

Existen tomos de literatura científica sobre la incidencia de la educación sexual y la formación no sexista en la prevención de abusos, discriminaciones, enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente. Sin embargo, la derecha repudia el material que hace más accesible a las comunidades educativas los conocimientos necesarios para atender a la diversidad y prevenir discriminaciones, violencia y abuso de menores, reconociendo expresamente “el derecho de los padres, madres y progenitores como educadores y a la escuela como agente de socialización”.

Chile ostenta el prestigio de haber sido el primer país latinoamericano en abordar la sexualidad como asunto público, con programas de planificación familiar. La educación sexual tiene larga data, desde el plan “Vida Familiar y Educación sexual” creado en los `70 por el gobierno de Eduardo Frei Montalva e interrumpido por la dictadura de Augusto Pinochet.

A 33 años de haber recuperado la democracia y sus avances civilizatorios de inclusión, no discriminación y protección de la infancia, se expande el delirio sobre la sexualización de los niños y prolifera el relato distorsionado de los derechos humanos de las minorías sexuales; lo peor es que esa amenaza se ha instalado en el máximo foro representativo de la República: el Congreso Nacional.