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Viernes, 4 de diciembre de 2020
Crisis política

"Siembra vientos y cosecha tempestades": Qué le pasó a Chile según Carlos Huneeus

Carlos Huneeus

El abogado y académico de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, hace un recorrido sobre la historia política reciente de Chile, buscando responder cuándo -y cómo- se jodió el país. 

Muchos se preguntan en el exterior, ¿qué le pasó a Chile? ¿cómo fue posible que, sorpresivamente, dejó de ser “un modelo” en América Latina?

Escasos días atrás, el presidente Piñera, en una entrevista al Financial Times, se enorgulleció de que Chile era “un oasis” en América Latina. Los acontecimientos desde el viernes 18 de octubre lo desmintieron.  No comparte la idea que la nuestra es una democracia semisoberana.

Los cambios de y en los regímenes políticos son gatillados por hechos puntuales, que actúan como precipitante de carencias y limitaciones del sistema político. Bajo una aparente normalidad, un conflicto latente en la sociedad, no percibido por los gobernantes, sorpresivamente se transforma en un conflicto sistémico por el impacto de un hecho puntual. El aumento de la tarifa del Metro fue el precipitante de la protesta social que remeció al país y paralizó al gobierno.

Reconstruyamos, brevemente, el perfil del conflicto social latente: por qué se produjo ahora y cuál puede ser su evolución.

Una crisis integral

Piñera volvió por segunda vez a La Moneda como un presidente doblemente minoritario.

Electoralmente, porque ganó con una mayoría fabricada por la segunda vuelta, con 26,5% del padrón electoral; y parlamentariamente, sin mayoría en el Congreso. Es un presidente políticamente débil, aunque el orden constitucional dé a entender lo contrario.

Formó un gabinete con un perfil similar al primero. Predominan empresarios, directores o consultores de empresas y académicos de think tanks de derecha (tres ministros eran de la Fundación para el Progreso), que miran la política desde la empresa y la economía.

El contexto político el 2018 fue diferente al del 2010. No hubo un terremoto que congelara la competencia política durante el primer año. El gobierno de la presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría (NM) (2014-2018) impulsó un programa de reformas – tributaria, laboral y educación – para disminuir las desigualdades, que cambió el rumbo del proceso político.

Olvidó las movilizaciones sociales del 2011, que golpearon a su gobierno y cuestionaron el sistema económico. Se oponían a la construcción de la central hidroeléctrica Hidroaysén, cuestionaban las debilidades de la educación y estaban contra las AFP (No + AFP).

En vez de corregir los errores de las reformas de Bachelet, Piñera se propuso revertirlas.  Comenzó con la educación, nombrando ministro a un directivo de la Fundación para el Progreso, que emplearía un estilo confrontacional hacia los alumnos y la oposición, impropio de una cartera tan importante como sensible. Sería acentuado por la ministra Marcela Cubillos, ex diputada de la UDI, cuestionando la ley de inclusión y criticando a los alumnos del Instituto Nacional. No fue casual que éstos iniciaran las protestas contra el gobierno en el Metro.

Para revertir la reforma tributaria, propuso un proyecto de ley que bajaba los impuestos a las empresas.

La reforma laboral había sido antes reducida en sus alcances a favor de los trabajadores por una decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional (TC). Éste tiene una mayoría de ministros de derecha, y sus decisiones podrían acentuar el conflicto político.

Los partidos se desplomaron en su imagen ante la ciudadanía el 2015 cuando el Ministerio Público demostró la práctica ilegal de financiamiento de la política por importantes empresas. Ello puso de manifiesto la estrecha relación entre los legisladores y los empresarios, de lo cual daba cuenta una agenda legislativa y de gobierno amistosa con estos. Los partidos el 2018 eran considerablemente más débiles que el 2011, especialmente el PDC y el PS.

También se conoció la colusión de precios por empresas, destacando el conforgate, que se extendió entre 2000 y 2011. Este abuso reafirmaba anteriores casos de colusión de farmacias y pollos.

Estos ilícitos no serían sancionados. El Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó las querellas por los delitos tributarios por emitir boletas por trabajos no realizados (“ideológicamente falsas”). El nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, congeló las investigaciones. Un ex senador del PS criticó la labor del Ministerio Público que denunció estos hechos, afirmando que “los fiscales están para hacer justicia, no para gobernar”.

No hubo sanción social a los líderes empresariales que incurrieron en estas conductas. Uno de los directores de la empresa involucradas en el conforgate, CMPC Tissue, fue elegido presidente de la Sofofa, acompañado por consejeros elegidos que son altos ejecutivos de empresas que dieron financiamiento ilegal a parlamentarios y políticos.

Ello acentuó la baja confianza en empresas y empresarios, dañando la imagen del sistema económico.

¿Quién y para quién se gobierna? La acumulación de las desigualdades

El “modelo” no es la principal columna que sostiene al sistema político, como afirman algunos economistas y políticos. Por el contrario, es parte de la “crisis integral”. Tiene un rostro amigable, la prosperidad de los chilenos, pero con otro oscuro, por el pecado original de haber sido impuesto por la fuerza durante la dictadura. Se caracteriza, además, por la concentración económica y de la riqueza, que tiene enormes consecuencias políticas.

Esto se debe a que las desigualdades económicas no están dispersas, como ocurre en otras democracias, sino que acumuladas, porque los “superricos” tienen poder político directo.  Destaca el presidente Piñera, con una fortuna de 2,8 billones de dólares, que corresponde al 0, 94% del PIB. Es uno de los once billonarios chilenos según la revista Forbes 2018, (tienen un patrimonio de más de un billón de dólares, USD), los cuales reúnen 41, 9 billones de USD, que representan 14% del PIB. 

Su fortuna sobresale en términos relativos, siendo muy superior a la del presidente de EE. UU., el “magnate” Donald Trump, con un patrimonio de 3,1 billones, que representa un 0,02% del PIB de su país. El porcentaje de la fortuna de Piñera en el PIB de EE. UU. significaría aproximadamente 200 billones, muy superior a los 112 billones de dólares de Jeff Bezos – el principal billonario en los EE. UU. –, que es el 0,5 % del PIB del país norteamericano. El porcentaje del patrimonio de Trump en el PIB de EE. UU., aplicado al de Chile, lo reduciría a 59,6 millones, menor al que poseen varios empresarios que entraron a la política chilena.

La acumulación de las desigualdades también se da en la dirección de los grupos de presión empresarial, como la Sofofa, con su presidente, líder del grupo Matte, acompañado por consejeros elegidos que son controladores o altos ejecutivos de otros grupos económicoa.

También se produce a de los think tank de derecha, financiados por los billonarios, que desarrollan una activa labor de influir en la opinión pública. Destaca el CEP (Centro de Estudios Públicos) que desarrolló una activa labor, con investigadores, publicaciones y un programa de encuestas financiado con un endowment de U$ 42 millones, aportado por diez grandes empresarios. 

La Constitución de la democracia protegida

Chile tiene un problema constitucional porque la carta fundamental de 1980 refleja los valores e intereses de la minoría que apoyó a sus “constituyentes” y no de la sociedad. Entrega un poder de veto a la minoría que permite su continuidad, a pesar de las 40 reformas constitucionales.

Las Constituciones son compromisos en las disputas entre partidos y grupos, con valores e instituciones acordadas entre sus representantes a través de complicadas negociaciones (Klaus von Beyme).  Ellas no se reducen a un conjunto de artículos que conocen los expertos y aplican los jueces, como escribió Dolf Sternberger, sino que es una realidad expresada en las decisiones de las autoridades del Estado, de las organizaciones (sindicatos, partidos, asociaciones voluntarias) y en la vida de las personas. Es una Constitución viva y vivida, agrega Sternberger, que lleva al patriotismo constitucional, es decir, a un respaldo racional a su letra y a su espíritu.

La Constitución de 1980 no produce patriotismo constitucional. Sus disposiciones son motivo de conflictos entre altas autoridades del Estado. El incidente entre la Corte Suprema (CS) y el Tribunal Constitucional (TC) con acusaciones recíprocas de no respetar la Constitución, es un ejemplo reciente de ello. Habrá otro el 2020 con la elección de los gobernadores regionales, sin haberles entregado atribuciones, que actuarán ante delegados del presidente que poseerán poder entregado por éste.

¿Cuándo y por qué se jodió Chile?

Los factores que llevaron al malestar político son múltiples y de diversa envergadura. Intervinieron factores estructurales y decisiones estratégicas que están en su origen.  Destacan dos decisiones de los gobiernos de la Concertación.

La primera fue la estrategia de legitimación democrática en torno al crecimiento económico y optando por la continuidad y no por la reforma del sistema económico heredado. Se empleó una lógica tecnocrática, es decir, una visión racional y de expertos de la política y la economía. Se creyó que esta estrategia produciría bienes políticos para alcanzar una democracia plena.

Ignoraron que el mayor bienestar no producía bienes políticos, ni siquiera cuando la economía creció un 7% anual. La satisfacción con la democracia, en vez de aumentar, cayó, como lo mostraron las encuestas del CERC. Este contraste fue confirmado por las encuestas del Latinobarómetro.

La segunda también tuvo que ver con “el modelo”.  El programa de “crecimiento con equidad” del gobierno Aylwin siguió un camino por etapas, una después de la otra. Primeramente, había que crecer, y sólo después avanzar a la segunda etapa, que era disminuir las desigualdades. Los gobiernos de la Concertación no avanzaron a la segunda etapa.

Albert Hirschman, que integró el consejo asesor de Cieplan, advirtió de la inviabilidad de un programa de reformas por etapas, sugiriendo que debería desarrollarse simultáneamente. El primer camino conduciría a un atasco, es decir, a la detención de los programas de reformas, por la resistencia que llevarían a cabo los actores beneficiados en la primera etapa. Habría una primera, pero no una segunda etapa.

Esta tesis fue confirmada por la oposición al programa de reformas contra las desigualdades de la Presidente Bachelet, que provino no solo de la derecha, sino también de la ex Concertación.

Tropezar en la misma piedra

La historia no se repite, pero los gobernantes pueden empujar a sus pueblos a tropezar en piedras que cumplen funciones comparables a las que obstruyeron el camino democrático en el pasado. El anticomunismo y la perseverancia en defender el latifundio y la prohibición de los sindicatos en el campo por un sector de la derecha, impidió que la modernización política ocurriera antes que su modernización económica, para aquella apoyara a ésta.  El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) incurrió en este error histórico, que llevará al desplome de los partidos tradicionales de derecha.

Un error funcionalmente equivalente cometen la UDI, un sector de RN, Evópoli y el presidente Piñera en su obstinación por desconocer la importancia de las desigualdades en la estabilidad social y política.

Conclusiones

El presidente Piñera, los partidos de Chile Vamos y los de la ex NM a se encuentran en un momento decisivo. Las democracias ahora no se desploman por un golpe militar; tampoco mueren sorpresivamente. Se debilitan y decaen, convirtiéndose en democracias delegativas (O¨Donnell, 1992) o populistas, en un proceso que se puede prolongar en el tiempo.

No hay recetas mágicas para salir de esta crisis. Es indispensable el liderazgo, especialmente del presidente Piñera. Debiera cuidar cada una de sus decisiones y palabras, que hasta ahora no ha hecho, y tomar decisiones que demuestren su voluntad de querer sacar al país de la crisis.

Estas podrían comenzar con otro gabinete, sin empresarios y hombres de negocios, sino políticos, que impulse un programa de reformas, con énfasis en la reducción de las desigualdades, cambiar el sistema de AFP por otro y buscar una nueva Constitución. Para ello, Piñera deberá tomar distancia de sus intereses económicos.

Estas reformas no debieran impulsarse “una después de la otra”, sino que simultáneamente, con mesura y serenidad en la preparación de la nueva Constitución, que debe ser de todos, no sólo de la minoría que sale a las calles a exigirla.  No se debe tropezar en la misma piedra. En una palabra, Chile debe avanzar de una democracia semisoberana a una sin adjetivo.

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Parece que esta nota no es actual... Habla del comienzo del Estallido como de hace unos días atrás...

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