Poco después de cumplirse el último aniversario de la Constitución del ’80, la Convención Constitucional aprobó en general su reglamento, mediante un quorum de mayoría absoluta que garantiza la ratificación del quorum de 2/3 para escribir los contenidos constitucionales. De este modo, se reitera la mayoritaria voluntad de respetar el acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

Sin embargo, la campaña de denostación y mentira no cesa. Por el contario, se une a ella el propio Presidente Sebastián Piñera, justamente después de haber sacado pecho durante su reciente periplo por Europa, donde recibió profusas alabanzas de los líderes mundiales al proceso constituyente.

A través de su cuenta de Twitter, Piñera faltó flagrantemente a la verdad, al sostener que la Convención había rechazado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Lo que hizo el Constituyente fue la sensata decisión de omitir en el reglamento un asunto que corresponde abordar cuando se escriba el texto constitucional. 

Entre otras tantas falsedades, también el presidente de la UDI Javier Macaya aportó la suya: “algunos en la Constituyente hasta le quieren cambiar el nombre al país”. Quién sabe de cuál de sus fantasiosas pesadillas habrá tomado esa acusación.

En las redes sociales la campaña es más agresiva. Los académicos Patricio Durán y Tomás Lawrence publicaron en CIPER un análisis de lo que denominan “guerrilla digital contra la Convención Constituyente”, donde constatan que un 6,6% de los autores de referencias en twitter han escrito el 40.6% del total de las menciones. Estos prolíficos twitteros, junto a sus numerosos bots, levantaron hashtags como #circoconstituyente, #constituyentesflaites y #basuraconstituyente. Las menciones analizadas no plantean opiniones políticas ni reflexiones jurídicas, sino expresiones procaces  como ‘picante’, ‘flaite’, ‘rasca’, ‘cuma’, ‘flaitongo’, ‘torrante’, ‘simio’, ‘zurdo’, ‘resentido’, ‘lacra’, ‘mugriento’, ‘hediondo’, ‘incompetente’ y ‘basura’.

A la luz de los recuerdos documentados en la Batalla de Chile y de las cuestionables prácticas para escamotear la Convención Constitucional, cabe preguntarse cuál será el propósito de quienes buscan un rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito de salida.  Qué grado de responsabilidad cívica existe entre quienes pretenden preservar un viejo orden institucional que colapsó en el estallido del 18 de octubre de 2019 y fue rechazado por el 80% de la ciudadanía, en el plebiscito de octubre de 2020. 

El efecto de este despliegue comunicacional se ha notado en las encuestas de opinión que han medido valoraciones y expectativas sobre la Convención, detectando un declive en el aprecio al Constituyente. Aunque la encuesta CEP sitúa a la institución en niveles muy superiores a los poderes constituidos, también revela desconfianzas que probablemente responden a las tensiones de un debate convuIsionado pero eficiente; a la campaña de desprestigio; a los desaguisados de la ex Lista del Pueblo, como el escándalo del falso cáncer de Rodrigo Rojas Vade; y al desgaste natural de un cuerpo deliberativo que dejó de ser novedad y se convirtió en institución establecida. Es cierto que ha habido errores y tropiezos. En qué grupo humano no los hay. Por eso la ciudadanía debe “rodearla”, con participación  y escrutinio público. 

Sin embargo, y a pesar de las encuestas adversas, la prestigiosa revista Time reconoció a la Presidenta de la Convención, Elisa Loncón, como una de las cien lideresas y líderes más influyentes del mundo.  

Todas estas señales se produjeron después de la histórica transmisión por la Red del documental La Batalla de Chile.  La obra de Patricio Guzmán muestra con meridiana claridad la conspiración interna e internacional contra el Gobierno de la Unidad Popular. Aquel sabotaje no pretendía impulsar una salida pacífica a la crisis política, sino un cruento golpe de Estado. La irresponsable conducta de la oposición a Salvador Allende condujo a la peor tragedia en la historia de Chile. Repetir la estrategia bloquea la esperanza de paz social.  

A la luz de los recuerdos documentados en la Batalla de Chile y de las cuestionables prácticas para escamotear la Convención Constitucional, cabe preguntarse cuál será el propósito de quienes buscan un rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito de salida.  Qué grado de responsabilidad cívica existe entre quienes pretenden preservar un viejo orden institucional que colapsó en el estallido del 18 de octubre de 2019 y fue rechazado por el 80% de la ciudadanía, en el plebiscito de octubre de 2020. 

¿Qué aprendizaje han hecho los partidarios de la Constitución del 80 después de tantas demostraciones de agotamiento de la institucionalidad que desean proteger? ¿Habrán imaginado cuántos estallidos sociales volverían a producirse si fracasa el proceso constituyente? ¿Creerán que habría gobernabilidad posible si todo sigue como antes?. Eso no es patriotismo, es ceguera, irresponsabilidad o simple desdén por la Democracia.

Treinta años después, los recuerdos de la Batalla de Chile y los rasgos similares de la estrategia de denostación del actual proceso constituyente hacen releer una frase de Carlos Marx, escrita en “El 18 de brumario de Luis Bonaparte”: “la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa”.  Arriesgando una interpretación libre de la cita, pareciera que algunos pretenden repetir la tragedia de 1973 mediante las farsas sobre el proceso constituyente.