Martes 12 de noviembre, 2019 

La Moneda 

22:30 horas

—Perdimos el control de la calle, presidente. 

La frase del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, no era metafórica. Unos minutos antes, el general Mario Rozas le había notificado que Carabineros se estaba retirando de Plaza Dignidad y sus alrededores. Pero también de otros puntos críticos en la ciudad, como la avenida Grecia, en Peñalolén, la Plaza de Armas de Puente Alto y la avenida Las Rejas en las comunas de Estación Central y Maipú.

Eran las 20:45 del martes 12 de noviembre y durante el día habían vuelto a estallar violentos enfrentamientos, incendios y saqueos, como no se habían visto desde el primer fin de semana del estallido social.

Ese martes, el vigésimo sexto día de las protestas, Sebastián Piñera se había ido de La Moneda a las cinco de la tarde para continuar trabajando en su casa en Las Condes. Pero durante las horas siguientes la violencia había recrudecido tanto, que el mandatario se vio obligado a retornar al palacio. En la sala de reuniones al lado de su despacho lo estaba esperando su equipo más cercano: el ministro Blumel, la vocera Karla Rubilar, el ministro de Defensa Alberto Espina, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, el jefe del segundo piso Cristián Larroulet, la jefa de gabinete del presidente Magdalena Díaz y el abogado de confianza y asesor de asuntos internacionales de Presidencia Benjamín Salas Kantor.

El ministro del Interior le repitió lo que el jefe de la Policía le había dicho: que sus efectivos se habían quedado sin lacrimógenas, que apenas les quedaban balines y perdigones, que debido a todos los daños sufridos en las jornadas anteriores ya no contaban con suficientes vehículos blindados y que, simplemente, había demasiados focos de disturbios en la ciudad.

La reunión no era secreta y una hora antes el equipo de prensa del palacio había dado a conocer que se efectuaría este encuentro y que después Piñera haría “importantes anuncios”. La presencia del ministro Espina dejaba en claro que La Moneda estaba pensando en sacar nuevamente a los militares para contener los desórdenes.

—Perdimos el control de la calle, presidente —repitió el ministro Blumel—. Me informan que desde las 20:00 horas se están retirando de Plaza Baquedano. 

—¿Cómo es eso? —espetó el mandatario.

El ministro del Interior le repitió lo que el jefe de la Policía le había dicho: que sus efectivos se habían quedado sin lacrimógenas, que apenas les quedaban balines y perdigones, que debido a todos los daños sufridos en las jornadas anteriores ya no contaban con suficientes vehículos blindados y que, simplemente, había demasiados focos de disturbios en la ciudad.

Sin embargo, lo mismo estaba pasando en otras ciudades. En Concepción, en Valparaíso y en Antofagasta, Carabineros también estaba abandonando las calles. De hecho, en esos momentos, la corresponsal de radio Cooperativa en Iquique informaba que el centro de la ciudad estaba a merced de saqueadores debido a la nula presencia policial.

—Creo que están haciendo “la vuelta larga” —intervino el ministro Espina.

Todos se miraron con preocupación. En la jerga de Carabineros, “la vuelta larga” era llegar, a propósito, tarde o con pocos efectivos a un llamado de emergencia. Era, en definitiva, una forma de transmitir la molestia de la institución. No llegaba a ser una huelga de brazos caídos, pero era lo más cercano a ello sin caer derechamente en una insubordinación al poder civil.

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a revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile (Planeta), de Laura Landaeta y Víctor Herrero.

La situación en las calles también llamó la atención de muchos ciudadanos. Por redes sociales se multiplicaban fotos y videos de tiendas que estaban siendo saqueadas e incendiadas —en San Miguel, Pudahuel, Macul, La Pintana y en muchas otras comunas—, mientras los usuarios denunciaban la ausencia total de la policía. Cuando la prensa le consultó al general Enrique Monrás, jefe de la Zona Oeste de Carabineros, respecto de la ausencia de uniformados en varios puntos de la capital, este respondió de manera seca: “Hay la cantidad de carabineros suficiente. Hay una gran cantidad de manifestantes y se tienen que dar prioridades”.

Complicando aún más el panorama para La Moneda, ese día también se produjeron fuertes disturbios, incendios y saqueos en Providencia e incluso en Vitacura.

Hacía varios días Carabineros le venía advirtiendo al Gobierno que se estaba quedando sin insumos y que le era cada vez más difícil controlar las manifestaciones. El general Rozas así se lo había hecho saber al presidente Piñera en la sesión del Cosena la semana anterior. Pero no era solo eso. El alto mando también estaba molesto de ser acusado de infligir violaciones a los derechos humanos y de que se comenzara a procesar uniformados. Unos días antes, el miércoles 6 de noviembre, el fiscal regional Manuel Guerra había formalizado a catorce carabineros por el delito de tortura. Y durante la tarde de este violento martes, el general Enrique Bassaletti aseguró a la prensa que al menos tres funcionarios habían sufrido graves daños oculares durante su labor de control del orden público, pero que “están fuera de riesgo vital”.

Al escuchar de “la vuelta larga” de Carabineros, una sensación de pánico se apoderó de Piñera. ¿Caería esta noche su gobierno? ¿Estaría viviendo los últimos días en La Moneda?

Al comienzo de la crisis, el diputado de Evópoli Juan Francisco Undurraga le había recordado el desenlace del presidente Fernando de la Rúa en Argentina. Pero en la mente de todos los presentes estaba un hecho mucho más reciente. Apenas dos días antes, el domingo 10 de noviembre, Evo Morales había renunciado a la presidencia de Bolivia. El país vecino, al igual que Chile, llevaba varias semanas de fuertes protestas, pero el desenlace ocurrió en apenas tres días. El viernes comenzaron a amotinarse unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y el domingo la Policía pidió la renuncia de Morales. Cuando las Fuerzas Armadas apoyaron ese llamado para poner fin a las violentas protestas opositoras, el gobernante no tuvo más opción que abandonar el Palacio Quemado.

Hacía varios días Carabineros le venía advirtiendo al Gobierno que se estaba quedando sin insumos y que le era cada vez más difícil controlar las manifestaciones. El general Rozas así se lo había hecho saber al presidente Piñera en la sesión del Cosena la semana anterior. Pero no era solo eso. El alto mando también estaba molesto de ser acusado de infligir violaciones a los derechos humanos y de que se comenzara a procesar uniformados.

El presidente sintió que la única opción que le quedaba era volver a decretar el estado de emergencia. Sin embargo, sabía que los militares no querían. En la reunión del Cosena el jueves anterior, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, había sido claro. “El orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía”, enfatizó. “Y si las policías y los militares salimos a la calle, no es para producir daños”, continuó, según constaba en el acta de la sesión. Y agregó: “Pero tampoco para que nos hagan daño a nosotros”.

Esto último era una preocupación central del Ejército. Poco antes de volver a La Moneda esa noche de martes, el presidente Piñera habló por teléfono con el general Martínez para indagar el ánimo de los uniformados en caso de que pidiera su regreso a las calles. Para subrayar la preocupación de los uniformados, el comandante en jefe le recordó los sucesos de Bolivia en 2003, según consignó el diario digital ExAnte en un reportaje publicado en marzo de 2021. El 17 de octubre de ese año, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyo del país tras graves disturbios sociales que dejaron sesenta y cuatro muertos. Pero los únicos condenados por la represión, y que recibieron penas de hasta quince años de prisión, fueron los mandos militares que cumplieron la orden presidencial de frenar y controlar las protestas.

Lo que el general Martínez le había insinuado al presidente era que, de producirse una situación similar en Chile, el eventual costo de la represión no podía recaer solo sobre los uniformados. De hecho, los abogados del Ejército se habían dado cuenta de que, en medio del apuro y el caos de la noche del viernes 18 de octubre, los papeles legales dejaban como principal responsable de cualquier delito a los jefes de la Defensa Nacional y no al presidente de la república. Como no había memoria reciente de un procedimiento de esa naturaleza en Santiago desde septiembre de 1986 —después del fallido atentado a Pinochet—, la comandancia en jefe mandó a desempolvar los archivos de esa época. Y, en efecto, los documentos legales estipulaban que el responsable final de cualquier acto imputable durante el estado de emergencia era el presidente.

En palabras simples, si se les pedía salir nuevamente a las calles, los documentos debían decir de manera clara que el responsable legal era Sebastián Piñera. A la luz de que ya se habían iniciado acciones judiciales en contra del mandatario por violaciones a los derechos humanos, esta era una pésima noticia. “Por ningún motivo podemos hacer eso”, le habría comentado al presidente el abogado Benjamín Salas al enterarse de ello.

Sin embargo, la situación en las calles estaba cada vez más fuera de control. A las cinco de la tarde una muchedumbre de manifestantes había atacado la gobernación provincial en Concepción, prendiéndole fuego al edificio. Una hora después, manifestantes en San Antonio atacaron con piedras y bombas molotov el Cuartel N° 2 de la Escuela de Ingenieros Militares. Conocido como Tejas Verdes, ese recinto fue un campo de detención, torturas y ejecuciones tras el golpe de Estado de 1973.

Mientras los manifestantes prendieron fuego a un camión en ese cuartel, en Viña del Mar un grupo de encapuchados trató de saquear la Fiscalía, pero fueron repelidos a escopetazos por agentes de la PDI.

En esas ciudades era más fácil volver a decretar estado de emergencia, ya que los encargados serían oficiales de la Armada. El almirante Julio Leiva había sido el único comandante en jefe que en la reunión del Cosena dijo que su institución se sentía preparada para, en estado de emergencia, asumir funciones de control público. “La experiencia de la Armada en misiones de paz nos ha permitido contar con personal entrenado para enfrentar las situaciones vividas”, aseguró.

Piñera se sentía perdido. Sus ministros le insistían en que no era buena idea volver a llamar a los militares, ya que con ello se quemarían definitivamente los endebles puentes políticos que el Gobierno había logrado construir con la oposición en el Congreso. Pero, con Carabineros actuando a media máquina y sin militares en las calles, ¿podría sobrevivir La Moneda?

Al comienzo de la crisis, el diputado de Evópoli Juan Francisco Undurraga le había recordado el desenlace del presidente Fernando de la Rúa en Argentina. Pero en la mente de todos los presentes estaba un hecho mucho más reciente. Apenas dos días antes, el domingo 10 de noviembre, Evo Morales había renunciado a la presidencia de Bolivia. El país vecino, al igual que Chile, llevaba varias semanas de fuertes protestas, pero el desenlace ocurrió en apenas tres días.

Por otro lado, asesores de confianza que ya no trabajaban en el palacio le insistían en que la salida de los militares era la única manera de frenar, de una vez por todas, la anarquía que —según ellos— se había apoderado de las calles las últimas semanas.

Ya eran casi las diez de la noche y mientras una parte del país estaba protestando en las calles, la otra estaba pegada a sus televisores y radios esperando el anticipado anuncio de Piñera. Pero pasaban los minutos y el presidente seguía encerrado con sus ministros y asesores, sin dar señales de qué decisión tomaría.

* * *

En los días anteriores, la Mesa de Unidad Social y decenas de otras organizaciones hicieron un llamado a un paro nacional para este martes 12 de noviembre. Además, cientos de agrupaciones anunciaron marchas en todas las grandes ciudades del país. La convocatoria en Plaza Dignidad se fijó para las once. Las cosas apuntaban a que sería un día de protesta continua, desde la mañana hasta la madrugada del día siguiente.

La permanente represión de las semanas anteriores no había ahuyentado a la gente. Al contrario, los reportes de heridos oculares, de torturas, de detenciones violentas, de autos civiles llevándose a manifestantes... todo ello parecía darle energía al movimiento social. “No tenemos miedo” fue uno de los eslóganes de esos días. Y eso que ahora los vendedores ambulantes en torno a las manifestaciones ya no vendían limones, agua y pañuelos —como solía ser—, sino máscaras de gas, cascos y lentes de seguridad. La receta tóxica de los gases disuasivos de Carabineros parecía más fuerte que nunca. Una especialización que obedecía a una ciudadanía cada vez más preparada para resistir la represión.

Y en la Alameda, además de las brigadas de salud y de la primera línea, los manifestantes se habían perfeccionado en otras tareas durante el paso de las semanas. Una de estas era andar con bidones de agua oxigenada, recortados en la parte superior, con la cual atrapaban y encapsulaban las bombas lacrimógenas. Otros circulaban con botellas de spray para aliviar el fuerte escozor en la cara que producían los gases. En contra de los chorros lanzaagua —que, como después se supo, contenían elementos tóxicos expresamente prohibidos— no había mucho que hacer. Así, se volvieron frecuentes las imágenes de jóvenes con sus brazos y espaldas quemadas con esos líquidos. Otros se especializaban en vender cigarrillos y cerveza, mucha cerveza. Pese a la brutalidad de los eventos, el estallido nunca dejó de tener un tono festivo.

Por ejemplo, la práctica de “el que baila, pasa” se había vuelto un fenómeno cultural. Los manifestantes solo dejaban pasar por las barricadas a aquellos automovilistas que salían de sus vehículos y bailaban brevemente. Muchos se lo tomaron con humor, pero otros con temor. Pasadas las tres de la tarde de este martes, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín denunció esa práctica en su cuenta de Twitter. “Están obligando a bailar a las personas que pasan en auto. Se tienen que bajar, si no les pegan”. Esa última afirmación no era del todo cierta, ya que los que no querían participar eran abucheados, aunque se supo de algunos casos en que hubo golpes. Con posterioridad, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que el municipio daría apoyo legal y psicológico a los vecinos afectados en su comuna.

Piñera se sentía perdido. Sus ministros le insistían en que no era buena idea volver a llamar a los militares, ya que con ello se quemarían definitivamente los endebles puentes políticos que el Gobierno había logrado construir con la oposición en el Congreso. Pero, con Carabineros actuando a media máquina y sin militares en las calles, ¿podría sobrevivir La Moneda?

Sin embargo, de alguna extraña manera, la mayoría de los residentes en torno a las zonas más conflictivas se habían acostumbrado al caos. Hay casos de niños pequeños en el centro de Santiago, por ejemplo, que gritaban “feliz cumpleaños” cuando oían retumbar la explosión de una bomba lacrimógena, para después quejarse del “aire pica-pica”. Otros ya se habían acostumbrado a salir corriendo del Parque Forestal con sus padres cuando las Fuerzas Especiales inundaban la zona con gases lacrimógenos o hacían redadas.

La vida se adaptaba a la contingencia. Y, en las noches, mientras decenas de barricadas incendiarias cortaban las calles del centro y grupos de Fuerzas Especiales corrían detrás de manifestantes, los bares seguían funcionando y los comensales se habían acostumbrado al griterío, al ruido de las sirenas y al humo, y observaban desde sus mesas el caos en torno a ellos... con un schop de cerveza en la mano.

Muchas veces los locatarios sufrieron daños, en especial cuando los propios comensales tiraban sillas y mesas a la calle para impedir el paso de los vehículos policiales que, más de una vez, pasaban gasificando a la gente sentada sin motivo alguno. Aun así, al día siguiente los locales volvían a abrir.

En esta disímil situación, la prensa tradicional daba un megáfono a los vecinos que se quejaban de los manifestantes. Pero la molestia de la mayoría de los vecinos era con Carabineros por el uso excesivo y constante de gases tóxicos, aunque esas voces nunca fueron escuchadas en las cartas al director o artículos de El Mercurio, o en los despachos televisivos de TVN.

También se daban otros fenómenos asociados a las protestas: en ciertas poblaciones y villas bandas de narcotráfico le pagaban a gente —en especial adolescentes— para que levantara barricadas en determinadas calles y a horas específicas. Esto les permitía transportar con mayor facilidad su mercancía, mientras la policía reprimía a los manifestantes.

El paro nacional programado para este día no fue exitoso. La mayoría de las empresas y comercios abrieron y funcionaron de manera normal. Sin embargo, las marchas fueron masivas y el enojo de mucha gente también. Tal como ocurrió la tarde del viernes 18 de octubre, el sistema de transporte colapsó y dejó a cientos de miles de trabajadores con dificultades para retornar a sus casas.

Después de la quema de cuatro buses —dos en Cerro Navia, uno en Quilicura y otro en San Bernardo—, Transantiago anunció que iba a suspender la mayoría de sus servicios. Y recién eran las tres y media de la tarde.

Muchos comenzaron a sospechar que algo extraño estaba sucediendo ese día. El nivel de violencia incluso sorprendió a muchos manifestantes y simpatizantes del estallido social.

Tras decretar el cierre casi total del transporte de buses, hacia las ocho de la tarde permanecían abiertas y semivacías algunas estaciones del metro, ya que el sistema había sido clausurado una hora antes. El alcalde de Recoleta Daniel Jadue posteó una foto a las 20:34 que lo mostraba a él frente a la estación. “Metro de Santiago deja abierta estación Patronato en Recoleta [cercana a Plaza Dignidad]. Realmente no sabemos cuál es la intención. Nos quedaremos cuidando hasta que lleguen a cerrar”.

El servicio del Metrotren Santiago-Rancagua, que diariamente transportaba casi setenta y cinco mil pasajeros, también se suspendió temprano en la tarde debido a “objetos en la vía”. Pero el transporte no fue la única contingencia. Esa tarde también ardieron algunos templos católicos y la antigua iglesia de la Veracruz en el barrio Lastarria fue apedreada e incendiada, al igual que la iglesia de San Francisco en Valdivia, ambas monumentos nacionales. Y en Talca se quema, por segunda vez desde el inicio de las protestas, la iglesia María Auxiliadora.

Los canales de televisión habían vuelto a transmitir sin cortes los disturbios de ese día. En el lapso de dos horas y media se informaba de hechos como estos, por ejemplo:

15:41, Llay-Llay: peaje Las Vegas queda destruido y quemado tras paso de manifestantes.

15:57, Viña del Mar: turbas saquean supermercado Santa Isabel y le prenden fuego.

16:05, Curicó: barricadas incendiarias afectan el sector del cruce Aguas Negras.

16:14, Santiago Centro: varios heridos con perdigones y bombas lacrimógenas en fuertes incidentes en la Alameda.

16:19, Iquique: manifestantes entran a saquear al menos cuatro tiendas en el centro de la ciudad luego de las manifestaciones pacíficas

16:25, Antofagasta: Subcomisaría Norte de Carabineros fue atacada por desconocidos.

16:36, Valparaíso: saqueos de varias farmacias y supermercados en el Plan.

16:45, La Granja: se incendia Banco Estado del paradero 24 de Santa Rosa

17:02, Conchalí: Ruta 5 Sur parcialmente cortada en el sector Cardenal Caro por manifestaciones y barricadas en la vía.

17:44, Viña del Mar: un grupo de manifestantes apedrea e intenta ingresar al hotel O’Higgins. Se levantan barricadas en el sector.

17:50, Las Condes: cientos de personas esperan en las afueras del metro Escuela Militar en busca de locomoción.

17:55, Santiago Centro: bomberos trata de controlar incendio que afecta un edificio en avenida Vicuña Mackenna con calle Carabineros de Chile.

18:00, Rancagua: fuertes enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en la plaza Los Héroes.

Hacia las ocho de la tarde, el país era un hervidero de rumores sobre lo que estaba pasando y qué podía ocurrir.

En un momento se habló de estado de sitio, pero ello era improbable, ya que una medida como esa —que incluye la censura a la prensa— debía contar con la aprobación del Congreso. En otro momento se especuló que Piñera estaba preparando el escenario para propiciar un autogolpe. Otros especulaban que era al revés: que el paulatino retiro de carabineros de las calles significaba que habían dejado caer al presidente. Unos hablaban de un gobierno de transición encabezado por el ministro Blumel, otros de un gobierno de unidad nacional. Y otros que en realidad debería ser el presidente del Senado el que debía asumir, de manera transitoria, el poder

En palabras simples, si se les pedía salir nuevamente a las calles, los documentos debían decir de manera clara que el responsable legal era Sebastián Piñera. A la luz de que ya se habían iniciado acciones judiciales en contra del mandatario por violaciones a los derechos humanos, esta era una pésima noticia. “Por ningún motivo podemos hacer eso”, le habría comentado al presidente el abogado Benjamín Salas al enterarse de ello.

Lo que sí se sabe es que hacía días personeros de la comunidad de inteligencia y líderes en la derecha venían recomendando una tarea urgente: había que conseguir separar a los manifestantes pacíficos de los más violentos. Varios reportes de Inteligencia de Carabineros cifraban en unas cinco mil personas al núcleo más duro de las protestas. “El problema era que terminábamos por reprimir a los doscientos mil de Plaza Italia, en vez de enfocarnos en esos cinco mil”, recordó un importante asesor político de la presidencia.

La tarea, entonces, era conseguir que la mayoría se fuera para sus casas. Un modo de lograrlo pudo haber sido exacerbar la violencia y el vandalismo, algo que ya antes había generado roces e incluso enfrentamientos entre los propios manifestantes. Otro modo era entregarle a la población lo que la clase política consideraba era el trofeo mayor: una nueva constitución para Chile.

Y ese era precisamente el dilema que en esos momentos se discutía en La Moneda: ¿sacamos de nuevo a los militares o entregamos la constitución?

* * *

Más allá de La Moneda, en los pasillos del Congreso y en las sedes de los partidos políticos también se vivía un martes infernal. Y al igual que el Gobierno y los partidos de derecha, la mayoría de las tiendas políticas de la centroizquierda no tenía mayores vínculos con los cientos de miles de manifestantes que se habían tomado las calles del país, pero comprendían que el descontento y la rabia de la población se dirigía hacia toda la clase política.

Sin embargo, también sabían que estaba en sus manos buscar maneras de salir de una crisis que no parecía tener fin. Como La Moneda no estaba dispuesta a realizar reformas radicales en las áreas más sentidas de la población —como pensiones, salud, educación, vivienda y medioambiente—, la oposición apostó a una nueva carta fundamental. De hecho, las encuestas mostraban que una amplia mayoría de los ciudadanos estaba a favor de redactar una nueva constitución.

Piñera había intentado unos días antes descomprimir el ambiente al abrirse a la posibilidad de reformas constitucionales. “Por supuesto que estamos dispuestos a discutir cambios a la Constitución; de hecho, en nuestro programa de gobierno hay una propuesta de cambios a la Constitución”, afirmó en una entrevista que dio a El Mercurio el viernes anterior. Aunque no era efectivo que en su programa había propuestas de cambios constitucionales, el mandatario aseguró: “Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos, y los vamos a discutir”.

Como había ocurrido durante toda la crisis, las palabras del mandatario no solo llegaron tarde, sino que erraron el foco. La población no quería más reformas, sino una constitución completamente nueva. Es más, la exigencia en las calles era convocar derechamente a una asamblea constituyente. Pero ello era algo casi imposible de tragar para el oficialismo.

De hecho, en la tarde de este martes 12 de noviembre, la UDI cavó una trinchera aun más profunda. En una declaración pública que difundió a las cuatro de la tarde, ese partido proclamaba: “La izquierda extrema y antidemocrática no entiende que a través de la violencia solo genera mayor pobreza y desigualdad [...]. Queremos decirle a Chile y a nuestro Gobierno: la UDI no está disponible para negociar mientras no cese la violencia. Cualquier conversación democrática solo se puede llevar a cabo en un ambiente de paz. La UDI pone como condición para cualquier diálogo el restablecimiento del orden público”.

Sin embargo, casi a la misma hora la oposición también sacó una declaración en la que fijó una posición clara: el país requiere una carta fundamental nueva y que esta sea redactada por representantes elegidos por el pueblo.

Como La Moneda no estaba dispuesta a realizar reformas radicales en las áreas más sentidas de la población —como pensiones, salud, educación, vivienda y medioambiente—, la oposición apostó a una nueva carta fundamental. De hecho, las encuestas mostraban que una amplia mayoría de los ciudadanos estaba a favor de redactar una nueva constitución.

La carta opositora causó impacto en el equipo político de La Moneda. Era la primera vez en que los catorce partidos, incluyendo la DC, hacían un frente común. “La única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasa por una Nueva Constitución [...] cerrar la puerta sería un grave error del presidente Piñera”, afirmaban los catorce firmantes. Estos eran: Revolución Democrática, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Partido Ecologista Verde, Partido Radical, Partido Igualdad, Partido País Progresista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunes, Partido Liberal, Partido Convergencia Social y Partido Humanista.

Rayando la cancha ante un pasivo Gobierno, la declaración opositora señalaba: “La Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso. Dicho órgano deliberativo e institucional [...] debe ser convocado única y exclusivamente para redactar un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a referéndum”.

Una hora después, Renovación Nacional dio a conocer su propia declaración, en la que se distanciaba de la UDI y se acercaba a la oposición. “Chile necesita volver a trabajar, volver a estudiar, volver a funcionar, pero necesita hacerlo con la certeza de que se harán las reformas sociales que la gente nos demanda, y que abriremos el camino dentro de nuestra tradición republicana para tener una nueva Constitución que sea fuente de unidad para todos”, decía el texto que, sin embargo, dejaba en el aire la forma de redactar la nueva carta magna.

Mientras gran parte de la clase política empujaba a Piñera a aceptar los hechos, el mandatario sabía que todas esas declaraciones —emitidas mientras se quemaban iglesias y edificios— no iban a lograr apaciguar el descontento en las calles. Al menos no ese día.

Ya eran las diez de la noche de este martes 12 de noviembre y toda una nación seguía esperando el anuncio del presidente. 

* * *

Poco pasadas las veintiuna horas, uno de los autores de este libro sostuvo una conversación telefónica con un importante asesor político que pertenecía al círculo de confianza de Piñera. Aunque no se desempeñaba en La Moneda, el mandatario había recurrido varias veces a esta persona para obtener sus consejos.

Nuestro diálogo fue, en líneas generales, el siguiente:

—¿Crees que Piñera sacará hoy en la noche a los militares a la calle?

—Hoy no he hablado con él, pero si me llama, mi consejo sería decirle que sí —contestó el asesor. 

—Pero eso puede ser una locura, con la cagá que está, capaz que esta vez salgan a disparar de verdad, con balas de plomo. 

—Y bueno, si hay que hacerlo para poner fin a esto, tendrá que ser así nomás. 

—Pero puede morir mucha gente. 

—Mira, si tienen que morir cincuenta, cien o doscientos sería terrible, pero si ese es el costo por pacificar el país, habrá que hacerlo. ¡Si esto no puede seguir así! — replicó el consejero.

—Entonces, ¡menos mal que Piñera no te ha llamado hoy! 

—Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que esto siga así semanas, meses? Igual casi todos los días muere gente en medio de esta cagá, mejor que sean todos de una y punto, se acabó. Pero, como te digo, no me ha llamado y tampoco creo que lo haga.

En La Moneda los ministros Blumel, Rubilar y Espina abogaban con insistencia por no decretar la salida de los militares. Pero varios de ellos habían recibido en esas horas decenas de mensajes de gente que, como el asesor, les pedían mano firme para poner un violento fin al estallido social.

El ministro Blumel sabía que un nuevo estado de emergencia terminaría por romper las frágiles negociaciones con la oposición y, tal vez, hasta con el partido oficialista Renovación Nacional. Su timonel, el diputado Mario Desbordes, había sido uno de los políticos en la derecha que supo sintonizar un poco mejor con las demandas de la calle. Tal vez se debía a que, a diferencia de los líderes de ese sector, él no provenía de una familia de élite, sino que de una familia de clase media de La Cisterna, al sur de Santiago

Unas horas antes, Blumel había sondeado con el senador Jaime Quintana la posibilidad de un nuevo estado de emergencia. “Jaime, ¿qué pasaría si las Fuerzas Armadas salen de nuevo a la calle?”, le preguntó, según consignó La Tercera. “Se acaba el diálogo”, respondió de inmediato el presidente del Senado.

El ministro Espina, en tanto, le insistió al mandatario que los militares acatarían su orden de volver a las calles. Pero le hizo notar que los problemas que hubo en su primera salida en octubre, incluyendo las muertes, se debieron a que no contaban con una regla del uso de la fuerza para situaciones de control del orden interno. “Y le recuerdo, presidente, que aún no tenemos esas reglas”, dijo Espina.

Además, había que tomar en cuenta otro elemento. En dos días más, el jueves 14 de noviembre, se iba a cumplir el primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. No había que ser experto en inteligencia para imaginar otro día violento que, con soldados en las calles, podría incluso terminar en un baño de sangre.

Finalmente, poco pasadas las diez de la noche, Piñera se decidió: los militares no retornarían a las calles y aceptaba iniciar un proceso que llevara a una nueva constitución. Sabía que los sectores más duros de la derecha política y el empresariado lo iban a detestar por entregarle a la calle y a la izquierda una de las obras cumbre del modelo chileno impuesto por ellos y las Fuerzas Armadas en los años ochenta.

A las 22:30 horas en punto, las radios y canales de televisión interrumpieron sus transmisiones para pasar urgentemente a los anuncios que Sebastián Piñera haría desde La Moneda. Flanqueado por los ministros Gonzalo Blumel y Karla Rubilar, un pálido Piñera con rostro de cansancio se dirigió al país. “Esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora”, dijo en un momento, pero no en su habitual tono enérgico, sino que en uno notablemente debilitado.

El discurso que le puso la lápida a la Constitución de Pinochet duró poco más de ocho minutos.

Muy buenas noches, chilenas y chilenos: 

Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción que, estoy seguro, ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas. 

A pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio y abnegación desplegados por nuestros Carabineros y nuestra Policía de Investigaciones en cumplimiento de su mandato y obligación constitucional, el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada [...].

Esta grave situación de violencia y delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de derecho y, sobre todo, atenta y vulnera las libertades y los derechos de todos los chilenos, pero muy especialmente de los más vulnerables y de nuestra clase media necesitada.

Estos son tiempos de unidad, son tiempos de grandeza. Eso es lo que todos nuestros compatriotas nos piden y con tanta razón. Por eso tenemos que hacernos el firme propósito de que esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora, y tomar plena conciencia de que eso depende del esfuerzo y del compromiso que pongamos cada uno de nosotros.

Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales.

Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño, y que también condene con la misma fuerza a todos quienes directa o indirectamente la impulsan, la avalan o la toleran.

Segundo, un acuerdo para la justicia, para poder impulsar todos juntos una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios.

Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita.

Una hora después, la ministra vocera de gobierno Karla Rubilar publicó en su Twitter: “La decisión fácil hoy es usar la fuerza, la difícil apostar por la paz y el diálogo. En medio de la prepotencia y el odio, que se levante la democracia y los acuerdos. La historia nos juzgará si estuvimos a la altura”.

¿Resultaría? Nadie lo sabía con certeza esa noche, pero todos en La Moneda y en el Congreso pensaban que se estaban jugando sus últimos cartuchos. La suerte estaba echada.

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