Luego de que, en octubre del año pasado, el proyecto inmobiliario Maratué lograra obtener la aprobación del Comité de Evaluación Ambiental (Coeva) se desplegó un intenso lobby para enfrentar su próxima etapa: el Comité de Ministros, instancia que deberá resolver dos reclamaciones presentadas en su contra. 

En ese contexto, la estrategia desplegada por Óscar Lería en el proyecto de viviendas vinculado a su family office buscó presentar el proyecto a las carteras ministeriales de Hacienda, Minería, Medio Ambiente y Agricultura con el fin de destrabar los retrasos provocador por reclamaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental presentadas por vecinos de la comuna de Puchuncaví en 2019 y 2024. 

En concreto, el proyecto contempla la edificación de más de 14 mil viviendas en un período de 45 años, lo que se estima en la llegada de unas 56 mil personas nuevas a la zona costera en que busca ubicarse. 

Aquello preocupa a los vecinos del sector por las consecuencias que podrían generarse en materia de producción y consumo de agua potable, flujo de tránsito y afectación a la flora y fauna en los roqueríos de la zona. 

Así las cosas, un grupo de 24 vecinos, liderados por el abogado Francisco Astorga Cárcamo presentaron un recurso de reclamación ante la autoridad ambiental para frenar el proyecto con las mismas características del documento presentado en 2019. 

Con ese trasfondo, las entidades públicas han emitido informes con el objetivo de que el consejo de ministro del gobierno de Gabriel Boric se reúna para resolver si aprueba o no el megaproyecto.

Cabe destacar que a raíz del reclamo presentado en 2019, el comité bajo la administración del ex presidente Sebastián Piñera, se reunió en 2021 acogiendo de manera parcial el recurso e instruyendo a la inmobiliaria a realizar nuevas mediciones asociadas a la contaminación ambiental producto de las faenas en Puerto de Ventanas. 

Los lobistas

La estrategia de lobby desplegada por Lería, la lidera Felipe Lizana, gerente del proyecto, y Claudia Lería, su directora ejecutiva. Pero también ha sido parte de las conversaciones el ex senador Patricio Walker (DC) quien representa al empresario a través del bufete de abogados Vergara Galindo Correa Abogados Limitada (VGC).

Según La Tercera, el proyecto necesita en su etapa inicial al menos de 300 permisos sectoriales estima el titular, además de tramitar múltiples Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) y dialogar con las autoridades del Servicio de Evaluación Ambiental. 

2023

Según la Plataforma de Ley del Lobby, en mayo de 2023 se concretó el primer acercamiento con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. A la cita llegaron Felipe Lizana, Claudia Lería, Óscar Lería, José Fuenzalida y Patricio Walker. Sobre la mesa pusieron el proyecto Maratué, que por entonces todavía transitaba por las etapas de su tramitación ambiental.

2024

Un año después, en mayo de 2024, el proyecto volvió a escena, esta vez ante la Subsecretaría de Medio Ambiente. Con especialistas presentes, se discutieron aspectos vinculados a normas de suelo.

Para julio, la conversación se trasladó hasta la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, donde Lizana y Lería presentaron nuevamente la iniciativa, sumando detalles sobre viviendas sociales, la inversión prevista en la comuna y el estado de la tramitación ambiental, ya en su recta final.

En agosto, los gestores de intereses se sentaron frente a la Subsecretaría de Servicios Sociales, con la misma misión: presentar Maratué. Un mes más tarde, la Subsecretaría de Minería recibió el proyecto y entregó observaciones, dejando claro que aguardaba el informe final del Servicio de Evaluación Ambiental antes de tomar una posición técnica.

Diciembre fue particularmente movido. Primero, el Ministerio de Hacienda escuchó un balance sobre el estado de la tramitación y recibió el compromiso de un reporte posterior para anticipar posibles trabas en la obtención de permisos sectoriales. Luego, la Subsecretaría de Minería revisó el seguimiento de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada por la Coeva de Valparaíso en octubre. Finalmente, la Subsecretaría de Agricultura abordó las mismas materias.

2025

El nuevo año arrancó en enero con una reunión en la Subsecretaría de Energía, enfocada también en el seguimiento de la RCA aprobada por la Coeva de la región.

Ya en mayo, se multiplicaron los encuentros: la Subsecretaría del Medio Ambiente abordó materias consultadas a la cartera por el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y los representantes del proyecto expusieron sobre la información que pudiese dar respuesta a los aspectos reclamados. Asimismo, se manifestó preocupación por la fecha de puesta en tabla del proyecto ante el Comité de Ministros. 

Luego, el Ministerio de Hacienda evaluó el proyecto ante una posible sesión del Consejo de Ministros; la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo discutió la actualización del plan regulador de Puchuncaví y el estado de la iniciativa; y el Ministerio de Obras Públicas trató un recurso de reclamación interpuesto en contra del proyecto inmobiliario.

Comunidades en la zona

En conversación con Interferencia, el abogado Ricardo Frez, de la ONG Defensa Medioambiental, señaló sobre el estado de la reclamación que "Estamos en la primera etapa esperando a ver qué dice el Comité de Ministros y la Dirección Ejecutiva del SEA, porque son dos las reclamaciones que presentamos. Un recurso de reclamación por el proceso de participación ciudadana y un recurso de invalidación. Ambos buscan anular la RCA y acusar que en la aprobación ambiental de Maratué se incurrieron en diversas ilegalidades que a nuestro juicio ameritan que la RCA se anule".

Consultado sobre las ilegalidades apunto que "Speaker2: Lo más sustancial son los riesgos a la salud de las personas, que es una de las variables que deben evaluarse ambientalmente por la presencia de arsénico. En los suelos donde se pretende establecer el proyecto hay estudios —incluso con datos de la propia empresa—, que si los contrastamos con las normas internacionales de aceptabilidad de exposición permanente a arsénico estamos sobre los máximos permitidos y no es viable hacer un proyecto". 

Frez, explica que la norma de referencia utilizada por el titular es precisamente la que tiene estándares más bajos y señala que la propia Seremi de Medio Ambiente, cuestionó y exigió a la empresa que optara por una norma más estricta. "Speaker2: La empresa se negó y en definitiva se terminó aprobando el proyecto bajo una norma que, a nuestro parecer, no responde al criterio precautorio del estándar más alto", añade. 

En adición, apunta que tampoco ha habido un proceso óptimo de participación ciudadana. "Muchas de las ilegalidades que nosotros estamos acusando vienen desde la participación ciudadana. Los vecinos cuestionaron temas como la exposición al arsénico, la falta del agua la afectación al área protegida, al piquero, el chungungo y los acantilados. Todos esos cuestionamientos fueron planteados y la empresa no respondió adecuadamente, entonces, como no nos respondió adecuadamente, también nos habilita a que nosotros levantemos esa reclamación por la participación ciudadana", sostiene. 

En cuanto al lobby que la inmobiliaria ha desarrollado, el jurista enfatiza en que "eso es un reflejo de la preocupación que ellos tienen por tratar de influir en los miembros del Comité que finalmente va a zanjar las reclamaciones que nosotros estamos levantando. En definitiva, lo que están tratando de hacer es generar esos espacios para poder presentar su visión y echar abajo los argumentos que nosotros hemos levantado que son de carácter técnico. Es legítimo que lo hagan, pero el Comité de Ministros lo que tiene que hacer es entregar una resolución fundada, acogiendo o rechazando lo que nosotros estamos planteando."

Y agrega que "el Comité de Ministros no tiene que responder en torno a presiones o a intereses políticos, económicos, sino que antecedentes técnicos en virtud de los cuales diga por qué nosotros estamos equivocados y por qué si se podría justificar que el proyecto no va a tener riesgo a la salud de las personas o por qué, a pesar de lo que nosotros decimos, este proyecto sí tendría viabilidad respecto del abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas servidas, que es otro punto crítico. ¿Cómo se aprueba un proyecto en una zona donde ya no hay agua y tú vas a meter 60.000 nuevas personas a vivir ahí? Entonces, a la larga la respuesta del comité tiene que ir en torno a una fundamentación técnica más que a responder a las presiones que puede tener el titular".

Respecto a los acercamientos de lobistas con el Estado, Ricardo Quero, vocero de la agrupación Salvemos Quirilluca, señaló a Interferencia que "no han preguntado a la comunidad directamente qué es lo que opina al respecto ni a las organizaciones comunitarias ambientales de Puchuncaví. Están escuchando simplemente al titular del proyecto".

Quero, explica que se les ha hecho complejo llegar directamente a la autoridad y que el diálogo ha sido con otros interlocutores. No obstante, apunta que "es complejo tener conversaciones previas antes de tener un pronunciamiento más técnico, porque hay cosas que no se resuelven con una simple conversación, se requiere de una identidad técnica e imparcial que establezca y descarte los riesgos del proyecto".

Asimismo, añade que las reuniones realizadas a "puertas cerradas" no les entregan garantías, es por ello que prefieren hacerlo frente a un órgano que garantice imparcialidad. 

Por otra parte, destaca que una de las problemáticas más severas es que no se respetó un polígono de conservación definido desde el año 2007 y que posteriormente recibió la calificación de santuario de la naturaleza. "En total suma aproximadamente 367 hectáreas que corresponden al terreno de Maratué, indica. 

También señala como punto importante que en el sector se ubica la colonia reproductiva continental más grande de la zona central del piquero, precisamente por la ausencia de presión antrópica. "Hoy día con esta amenaza no es posible descartar que no se altere su comportamiento", agrega Quero. 

"Otra cosa muy importante que pudimos observar es que dentro de la evaluación ambiental se omitió información respecto a la distribución de estas especies, eso es grave porque es una falta de transparencia. Nosotros lo tenemos respaldado, está en nuestros recursos y ya el Comité de Ministros va a ponderar la implicancia de esto", concluye el vocero.