Recientemente se dio a conocer a la opinión pública el caso del funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Bío Bío, Harún Oda, quien demandó judicialmente a Sergio Micco, director del Instituto, por varios antecedentes.

Estos van desde la no prestación de implementos para el cumplimiento de su trabajo, el no prestar apoyo ante amenazas de muerte a su persona, y el no considerar informes técnicos en el uso de armas químicas utilizadas por Carabineros, hasta el no permitir hacerse parte de una denuncia por desaparición de un hombre en Hualpén durante el Estallido Social, cuya familia apunta como responsables a Carabineros y también acusa a Micco de persecusión. 

A lo anterior se suma una grave denuncia del mismo funcionario: en su demanda por tutela laboral, acusa a Micco de espionaje mediante un chofer de la institución, quien habría informado directamente al director sobre las acciones de sus compañeros a cambio de una mejora en su sueldo, según informó La Red.

Lo cierto es que este escándalo, que terminó quebrando la mesa de negociación con la toma del INDH -que se extiende por varios meses- y que llevó a que miembros del Consejo pidieran la renuncia del director de la Institución, no corresponde a los primeros cuestionamientos a Micco. Ya se puede hablar de un historial, en particular desde los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019, el cual pareciera forjarse para proteger autoridades responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Sebastián Piñera. 

Estos hechos han alimentado la tesis del blindaje al actual mandatario, más aún si se le suman una serie de polémicas declaraciones esgrimidas desde el inicio de la revuelta. Entre ellas, que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social no fueron sistemáticas -provocando rechazo en la ciudadanía y poniendo en riesgo a los mismos observadores del INDH en protestas- o cuando aseguró que "no hay derechos sin deberes" son algunas de las declaraciones que han servido de combustible para la desconfianza ciudadana en torno al director.

Pese a eso y a que el Instituto es una entidad autónoma, Micco no cae. ¿Por qué? 

Un Consejo a su favor

Desde su reelección a mediados de 2019 como director del INSH, Sergio Micco ha contado con el beneplácito de un Consejo favorable, que le ha impedido tener mayores consecuencias pese a los cuestionamientos a su gestión. 

El Consejo está compuesto por dos consejeros designados por el Presidente de la República, quienes deben ser de distintas regiones del país; dos consejeros designados por el Senado; dos consejeros designados por la Cámara de Diputados; un consejero designado por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas; junto a cuatro consejeros designados en la forma que establezcan los estatutos, por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará el Instituto.

En este juego de equilibrios institucionales, Micco ha logrado afirmar la estantería.

Una grave denuncia de un funcionario acusa a Micco de espionaje mediante un chofer de la institución quien habría informado directamente al director sobre las acciones de sus compañeros a cambio de una mejora en su sueldo.

Dentro del círculo que ha favorecido a Micco se encuentra Carlos Frontaura, abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de cuya Facultad de Derecho ha sido secretario académico, vicedecano y decano, consejero del INDH en el período 2016-2022, designado por el Senado.

Durante el paro de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) se le describió como “cercano a la Fundación Jaime Guzmán, ha impulsado publicaciones para rescatar el ideario político de uno de los protagonistas civiles de la dictadura de Augusto Pinochet. En su rol de consejero del INDH se ha caracterizado por posiciones ultraconservadoras, oponiéndose al avance en materia de derechos humanos de las personas LGTBIQ+ o las mujeres”. 

También aparece Sebastián Donoso, abogado de la Universidad Católica de Chile. Fue designado por Sebastián Piñera y forma parte del Consejo desde 2019 hasta 2025, situándose a la derecha del órgano colegiado. “Se desempeña hace al menos 15 años asesorando a empresas mineras. Sin embargo, en el INDH debate temas que afectan -por ejemplo- al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, afectados por actividades extractivas”, señaló el sindicato en esa oportunidad. 

A su vez, está el ingeniero comercial por la Universidad de Valparaíso y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristián Pertuzé, elegido para integrar el Consejo por parte de la Cámara de Diputados para el período 2019-2025; uno de los consejeros que apoyó la elección de Sergio Micco y ha respaldado su gestión permanentemente, siendo cuestionado por los pocos antecedentes que puedan sostener su trayectoria y conocimientos notables en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile. 

Uno de los más controvertidos apoyos que ha recibido el director han venido del consejero Branislav Marelic (PS), quien generó gran polémica al votar por Sergio Micco como presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2019. En una entrevista con INTERFERENCIA al momento de tomar su decisión, el abogado argumentó que esta votación no tiene carácter político, y que su voto respalda a quién -según él- “puede fortalecer la institución”. 

El círculo de apoyo lo cierra Eduardo Saffirio, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica. Fue designado como consejero para el período 2016-2022 por parte de la Cámara de Diputados. Cercano a la DC, en su calidad de consejero se ha mostrado cercano a la gestión del actual director.

Varios de estos consejeros han sido cuestionados por su falta de experiencia en materias de derechos humanos, lo cual es un requisito para formar parte del Consejo tal como lo señala el Artículo 6º de la Ley 20.405: “Los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombrados por un período de 6 años, pero se renovarán por parcialidades cada tres”.

Pese a ello, con estos votos Micco es inamovible. La pregunta que sigue es si a ellos les corresponde responsabilidad política y legal por sostener a un director acusado de graves faltas, como las que se describen a continuación, 

El historial de Micco que una parte del Consejo ha pasado por alto

Sergio Micco ha debido enfrentar diversos conflictos a partir de sus decisiones, como fueron los despidos en marzo de 2020 de dos directores, uno de la Unidad de Estudios y el segundo de Administración y Finanzas. Este último recibió perdigones policiales durante el desarrollo de sus funciones. 

Por su parte, el jefe de la Unidad de Estudios, Osvaldo Torres, tuvo un contundente fallo a su favor que determinó que el INDH había ejercido un despido discriminatorio. En entrevista con INTERFERENCIA señaló que la situación se trata de una “crisis sin retorno” en el Instituto. “Me gustaría resumir en que esto es un capítulo de un libro que se está escribiendo sobre cómo se ha gestionado una institución que había tenido la capacidad de legitimarse frente a la sociedad chilena y que ha sido, a mi juicio, deliberadamente debilitada para quedar sin ningún peso ni relevancia ante la sociedad”, comentó Torres a este medio, señalando además que su despido, junto a otras acciones del director, son parte de “una estrategia para blindar a Piñera de la cual Sergio Micco es un actor relevante”.

Uno de los más controvertidos apoyos que ha recibido el director han venido del consejero Branislav Marelic (PS), quien generó gran polémica al votar por Sergio Micco como presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2019.

A ello se suma que en junio de 2021 el directivo fue apuntado por cambiar el criterio de conteo, reduciendo a la mitad la cifra de heridos oculares registrados por el Instituto. La acción llevó a Micco a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a enfrentarse a los sindicatos de la institución al acusar que se trataba de una acción “gremial y comunicacional”. 

En paralelo, el director debió enfrentar una acusación en Contraloría por parte de los trabajadores del INDH por exceso de funcionarios, dobles funciones y sobrepasar presupuesto, a la par que una encuesta encargada por el propio instituto mostraba que los ciudadanos confían más en Carabineros que en esa institución.

Todo lo anterior llevó a Micco a encargar una licitación por $100 millones para contratar una agencia de comunicación que se especialice “en materia de comunicación política, estratégica y de crisis, con el objetivo de fortalecer la reputación y posicionar ciertos atributos de la institución”, la que finalmente terminó desierta. 

En 2020, en una columna de El Mostrador titulada ¿Por qué Sergio Micco debe renunciar a la dirección del INDH? se señala cómo el Informe Anual 2019, “se vio empañado por la contratación de un equipo paralelo, externo al INDH (todos cercanos a RN, UDI y DC), para supervisar e intervenir el trabajo realizado por las y los trabajadores, lo que en la actualidad, ha dado pie a una investigación por parte de Contraloría. Esto permitió, entre otras cosas, el homologar “el que baila pasa” con la brutal e ilegal violencia institucional con la que han actuado las fuerzas del orden, desdibujar la responsabilidad del Estado, y finalmente, perder credibilidad ante una población que puso sus esperanzas de protección en la institución, La gestión de esta dirección encamina peligrosamente al INDH a la irrelevancia política, social, y a la condescendencia para con el Gobierno”.

La última polémica pública, antes de la toma del INDH y de la reciente demanda por tutela laboral, fue la desvinculación de buena parte del programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, en diciembre del año pasado, lo que derivó en una drástica reducción temporal del programa que atiende a víctimas del estallido, según informó LaBot.