Ayer jueves en ‘La Moneda Chica’, ubicada en Providencia, se dio una señal que muchos votantes de Gabriel Boric, en especial los que acudieron a las urnas en la segunda vuelta, estaban esperando: un gesto hacia las víctimas de la represión durante el estallido social.

Durante el mediodía, la futura ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, recibió a los padres de Manuel Rebolledo Navarrete –Manuel Rebolledo Ibacache y Luisa Navarrete–, un joven de 23 años que fue atropellado y asesinado por la Armada el lunes 21 de octubre 2019, durante los primeros días del Estallido Social en Talcahuano.

El encuentro era un compromiso que tomó el presidente electo en diciembre pasado, cuando en tiempos de campaña Boric llegó hasta la casa de los Rebolledo Navarrete en la población libertad de la comuna puerto con tal de escuchar en persona el relato de la familia.

En conversación con INTERFERENCIA, Manuel Rebolledo Ibacache, expresó que “fue algo que nos deja conformes, porque ellos están al tanto del caso de nuestro hijo, tanto el presidente Boric como la ministra Ríos. Esperemos que se pueda hacer todo lo posible para anular el juicio oral. Es posible que hagamos otra reunión más adelante. Ahora se ve distintas la situación, con el gobierno de Sebastián Piñera no logramos nada, la condena que hubo es una burla para nosotros como padres”, dijo.

En marzo de 2020, INTERFERENCIA en conjunto con el periódico Resumen revelaron el registro visual del momento en que el vehículo de la Armada, conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño, atropelló y mató a Manuel Rebolledo Navarrete. Pese a la evidencia, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción determinó que la acción no fue intencional, por lo que condenaron al uniformado por cuasidelito de homicidio con una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, lo que en la práctica fue dejarlo en libertad.

El próximo lunes la Corte de Apelaciones de Concepción escuchará los alegatos de las solicitudes de nulidad presentadas tanto por la parte querellante como por la defensa de Medina Caamaño, con lo que se espera se pueda realizar nuevamente el juicio,

El próximo lunes la Corte de Apelaciones de Concepción escuchará los alegatos de las solicitudes de nulidad presentadas tanto por la parte querellante como por la defensa de Medina Caamaño, con lo que se espera se pueda realizar nuevamente el juicio, lo que podría terminar en una condena más dura para el marino o incluso en su absolución.

Un país en deuda

Si bien el actual gobierno de Sebastián Piñera pasará a la historia por no detener las miles de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social, el problema en este tema se remonta desde hace décadas.

Por ejemplo, aún en Chile pesa el secreto de 50 años sobre el informe Valech I impuesto por el ex presidente Ricardo Lagos en 2004, lo que impide conocer el nombre de eventuales torturadores que no hayan pasado por la justicia hasta el día de hoy.

Durante su segundo gobierno, Michelle Bachelet tuvo diversos episodios polémicos al respecto. Uno de estos, involucró a los dos torturadores que provocaron la muerte de su padre, el general Alberto Bachelet, en 1974.

Según publicó El Mostrador en 2015, cuando el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera a dos años y un día y tres años y un día, respectivamente, la entonces mandataria solicitó a los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia que no apelaran a la resolución del tribunal, en una determinación que habría estado influenciada por el subsecretario del Interior de la época, Mahmud Aleuy. 

Esto no fue bien recibido por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), uno de los organismos precursores en la búsqueda de justicia en estos casos, puesto que la decisión política de Bachelet sentaba precedentes negativos para futuras condenas. Por esto, posteriormente intervino el abogado cercano a la ex presidenta, Isidro Solís, convenciendo a la autoridad de que la apelación se llevara a cabo.

El segundo mandato de Bachelet además es recordado por esperar hasta el último día de su gestión para ordenar el cierre del penal Punta Peuco, el cual alberga a condenados por delitos de lesa humanidad. Esto finalmente no se concretó, porque el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto.

Otro documento que debía contar con la aprobación de dicho personaje correspondía a una serie de medidas de reparación para los ex presos políticos de la dictadura liderada por Augusto Pinochet. En los cuatro años de Bachelet se realizó una mesa de diálogo con distintas organizaciones de este tipo de víctimas, de la cual emanó una propuesta de bono de 3 millones de pesos para cada afectado. Finalmente esto no se concretó, debido a la inacción de Jaime Campos y la posterior negativa del actual titular de Justicia, Hernán Larraín, de poner su firma.

En relación a esto, una señal positiva de Gabriel Boric fue nombrar como subsecretaria de Derechos Humanos a Haydee Oberreuter Umazabal, ex presa política del centro Tres Alamos, dentro del cual sufrió un aborto producto de las torturas que le aplicaron los uniformados. En la historia reciente, fue directora de la Corporación de Familiares de Ex-Prisioneros Políticos Fallecidos de Chile.

De momento hay expectativa, pero también algunas muestras de descontento. En particular, el 20 de enero pasado, un día antes de que Gabriel Boric anunciara su gabinete, familiares de las víctimas del caso Kayser, acusaron que nadie los recibió en ‘La Moneda Chica’, siendo que en tiempos de campaña el presidente electo intentó reunirse con ellos, según informó La Red.

Consultado sobre esto, Manuel Rebolledo Ibacache dijo a nuestro medio que espera ““que la ministra reciba a todas las personas que tuvieron problemas para el Estallido Social, porque somos todos iguales en este mundo”.