Hace 50 años, el 21 de octubre de 1969, el general Roberto Viaux Marambio, comandante de la I° División de Ejército, con asiento en Antofagasta, lideró una rebelión militar en contra del Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, motivada principalmente por las malas condiciones de vida de los militares; de sus cuarteles sin presupuesto; del vestuario, escaso e inadecuado; de la deficiente alimentación de la tropa; de su falta de armamento y municiones para la instrucción y alistamiento operacional; de la obsolescencia de los vehículos de combate y; principalmente, de los bajos sueldos del personal.

Durante el Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), siempre bajo el influjo de la indefinición de su papel, las Fuerzas Armadas, más allá de sus quehaceres doctrinarios y de aquellas responsabilidades que les correspondían en los estados de excepción, como también de sus compromisos sociales y las normas protocolares, mantenían sólo esporádicos contactos con las autoridades políticas en materias de Seguridad y Defensa Nacionales. 

No obstante este problema, fue posible proyectar y establecer un plan sexenal de adquisiciones que permitió contar al final del mandato de Alessandri, si no con el total, con una gran parte del nuevo material. En ese escenario, hay que destacar la posición diferente del Ejército, donde su comandante en jefe, el general Oscar Izurieta Molina, sí tuvo una mayor relación con las autoridades del gobierno, primero por su permanencia de seis años en el cargo y por las propias características de su personalidad.

A pesar de los persistentes esfuerzos del general Izurieta, la ausencia de relaciones político-militares adecuadas a los intereses del país provocó, a modo de ejemplo,  la disminución del presupuesto de las Fuerzas Armadas desde 124 millones de dólares en 1958 a 83,8 en 1964, situación que se repitió respecto de las remuneraciones y del porcentaje del presupuesto nacional asignado a Defensa, que descendió en esos mismos años desde el 18% al 10%, siguiendo ese rumbo hasta 1970 en que alcanzó el 7,7%. 

Lo anterior, aun cuando se trató de decisiones presidenciales, tuvo su origen en el desinterés del Gobierno por el desarrollo de una política de defensa y por las necesidades básicas para el cumplimiento de las tareas militares. Había, además, un problema más de fondo: la desvalorización en la sociedad chilena, en todo su espectro político y social, hacia el ser y rol de los militares. A ello, se agregó que a estas fuerzas ni siquiera se las consideraba en las tareas directas de desarrollo nacional, ni tampoco en la discusión de temas de su especialidad en los ámbitos de seguridad y defensa.

En resumen, durante los primeros cuatro años de la década del 60, las relaciones cívico-militares carecieron de una expresión real, en tanto punto de unión entre el poder político y las instituciones castrenses. Con ello, la segregación militar hizo crisis y surgieron diversas protestas uniformadas en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien asumió la Presidencia de la República el 4 de noviembre de 1964. 

El programa de gobierno de Frei era muy escueto en cuanto a las Fuerzas Armadas y la Defensa. “Les daremos trato justo y digno a que son acreedoras por su importancia y hermosa tradición, cuidaré de la organización orgánica y material de las instituciones armadas para que cumplan con sus funciones específicas y resguarden la seguridad interna y externa del país", decía en parte.

Esas expresiones en nada se relacionan con las conductas reales adoptadas respecto de las instituciones castrenses, ya que para ese Gobierno el papel de las Fuerzas Armadas en su programa de transformaciones se definía más bien por ausencia; esto es, se le asignaba un rol carente de significación en el conjunto del programa gubernamental y en la estrategia de desarrollo general. Las Fuerzas Armadas no fueron un interlocutor equivalente a los gobiernos anteriores producto de su relativa irrelevancia para la gestión política gubernamental.

Dada la indiferencia gubernamental y otras causas, durante la administración de Frei Montalva, las relaciones civiles-militares se caracterizaron por una serie de momentos de tensión no sólo con el Poder Ejecutivo sino también con el Legislativo. En éste último caso con la Comisión de Defensa del Estado en materias de ascensos, cuya situación de mayor relevancia se produjo en 1966, cuando la citada comisión, en un acuerdo sin precedentes, suspendió en bloque el ascenso de 19 oficiales en tanto no se investigaran los actos que algunos de ellos hubiesen realizado en cumplimiento de las órdenes del Gobierno, lo que se tradujo en una discusión que, en definitiva, no evitó que quienes debían ascender, en mérito a sus carreras, lo hicieran.

El 9 de agosto de 1966 renunció repentinamente a su cargo el comandante en jefe de la Armada, el vicealmirante Jacobo Neumann Etienne, siendo nombrado en su reemplazo el tercero en antigüedad, el contraalmirante Ramón Barros González, incondicional al Gobierno y de nítida tendencia democratacristiana.  

En diciembre de 1967 se difundió en el país un estudio del sociólogo estadounidense Roy Allen Hansen, elaborado en 1965, donde se afirmaba que "el Ejército [chileno] era una institución en proceso de decadencia, por desatención de sus requerimientos orgánicos y con serios conflictos internos que le arrastrarían a comprometerse en política".          

La inquietud castrense a esa fecha evolucionaba hacia el terreno de la expresión pública de su malestar. Aumentaba también la preocupación del personal por su constante empleo como mecanismo de solución de conflictos sociales internos y en tareas alejadas de sus funciones tradicionales. Diversos oficiales debieron asumir obligaciones como jefes de zonas en estado de excepción, provocadas por el clima de agitación que el país vivía.  

A partir de mediados de 1967  se visualizaron potenciales situaciones de profundas crisis, dadas las tensiones políticas, las demandas laborales y la peligrosa efervescencia que se advertía en las Fuerzas Armadas y cuyo origen se encontraba en el desinterés político por dotarlas de medios para el ejercicio de sus actividades profesionales y mantenerlas en una situación de remuneraciones cercana a la indignidad. En ese momento, el ministro de Hacienda, Sergio Molina Silva, anunció que "en lo que resta de este año no se concederá ningún reajuste de remuneraciones”, agregando que en 1968 se daría un trato especial al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas.

El 30 de agosto de 1967, el Partido Nacional emitió una declaración en la que, entre otras materias, señalaba que la colectividad "ha venido insistiendo en la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de los elementos necesarios para la defensa de nuestra soberanía. Ha insistido, asimismo, en la urgencia de mejorar las remuneraciones del personal a fin de que pueda dedicarse a sus labores propias, sin que su carrera se vea entorpecida y limitada por la angustia económica [...] y reitera la urgencia de solucionar las deficiencias de armamento y de estabilidad económica que afectan la capacidad defensiva de nuestras fuerzas armadas".

La anterior declaración provocó la detención de los principales dirigentes de ese partido político. Sin embargo, la acción judicial no se llevó a término por ausencia de legalidad en la aprehensión de esas personas y la presión política que acarreó la medida.

Aun cuando el ministro de Hacienda anunció para 1968 un reajuste del 20% para las Fuerzas Armadas, Carabineros, Poder Judicial y pensionados, el proyecto respectivo completó su trámite legislativo; pero, dada la situación económica del país, no podía ser puesto en ejecución, según aseguró en los últimos días de abril el nuevo ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar Larraín, quien declaró enfáticamente que el proyecto salía del Senado con un desfinanciamiento de 235 millones de escudos.

Viaux

El general Roberto Viaux, comandante de la I° División de Ejército, con asiento en Antofagasta, había representado al Ministerio de Defensa los problemas económicos del personal del Ejército y, en particular, los de su división. Al recibir como respuesta que no había fondos, Viaux pidió una audiencia con el presidente Frei Montalva.

El 16 de octubre, durante la junta calificadora de oficiales anual, se le pidió a Viaux que presentara su expediente de retiro. Al día siguiente se conoció una declaración pública donde 60 oficiales de Antofagasta solicitaron el reintegro del general Viaux. 

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Tras ser relevado del mando, Viaux no firmó la entrega de su puesto a su sucesor, el general Galvarino Mandujano. El 20 de octubre Viaux viajó a Santiago por requerimiento del comandante en jefe del Ejército. El 21 de octubre comenzaron a llegar a la casa de Viaux oficiales de diferentes cuarteles de Santiago. Viaux aceptó encabezar un acuartelamiento en el regimiento Tacna. A las 06:30 horas asumió el mando del regimiento Tacna, arrestando a su comandante, el coronel Eric Wolvett Stokin.

Alrededor de un centenar de oficiales, profesores y alumnos de las academias de Guerra y Politécnica Militar, presentaron sus renuncias, actitud que el ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, intentó minimizar. El presidente Frei reorganizó su gabinete y nombró, en reemplazo de Carmona, al general (en retiro) Tulio Marambio Marchant, y solicitó al comandante en jefe del Ejército, general Luis Miqueles Caridi, que iniciara su trámite de retiro.

El general Viaux trató de hablar con el presidente Frei, pero no tuvo respuesta. Se instalaron parlantes en el regimiento Tacna para anunciar las intenciones de los militares, así como se confeccionaron volantes para repartir. También se invitó a la prensa y personeros de partidos políticos.

La actitud asumida por los acuartelados al mando del general Roberto Viaux Marambio, en ningún caso apuntó al derrocamiento del gobierno, tal como lo expresaran en sus propios comunicados oficiales, sino que a crear conciencia de la crítica situación de material y económica por la que atravesaba el Ejército. 

En reemplazo del general Miqueles -quien no asistió a la ceremonia de entrega del mando- fue nombrado el general Sergio Castillo Aránguiz, quinto en la línea de mando, lo que obligó a elevar sus expedientes de retiro a los generales René Cabrera Soto, jefe del Estado Mayor; Rodolfo Abé Ortiz, comandante de la Guarnición de Santiago; y Jorge Quiroga Mardones, director de Ingeniería Militar.

Después de dos reuniones de las nuevas autoridades militares, primero con los oficiales de las academias el 3 de mayo y, luego, con el personal de la guarniciones de Santiago y cercanas a esta ciudad el día 6, trascendió que el gobierno enviaría el proyecto de reajuste de remuneraciones desfinanciado al Congreso, lo que efectuó el 18 de mayo, cuando el antes indicado proyecto ingresó al Senado para discutir y votar respecto de los vetos efectuados por el Ejecutivo.

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General Roberto Viaux

En ambas situaciones, los sufragios favorecieron a quienes eran objeto de estas votaciones. Empero, el proyecto de reajuste nuevamente sufrió la situación de desfinanciamiento y requería de fondos extraordinarios para su cancelación y debió esperar hasta los primeros días de septiembre.

El mejoramiento de remuneraciones prometido y otorgado produjo un verdadero impacto de desilusión de los interesados. Por lo tanto, el malestar no sólo se mantuvo vigente sino que aumentó considerablemente, dando lugar a un sordo ambiente de rebeldía al interior de las instituciones castrenses.

Durante 1969 hubo actos de franca rebeldía militar, como lo fue el atraso de un batallón del regimiento Yungay que el 18 de septiembre, al mando del mayor Arturo Marshall, debía rendir honores al presidente de la República durante el Te Deum de fiestas patrias en Santiago.  

El clima de intranquilidad respecto de un pronunciamiento militar condujo a una categórica respuesta de ministro Tulio Marambio en el sentido de que no existían inquietudes al interior de las Fuerzas Armadas. Tal declaración fue absolutamente desmentida en la práctica el 21 de octubre cuando se acuarteló personal militar de distintas unidades de Santiago en el regimiento Tacna.

El hecho, que culminó dentro del mismo día, trajo como consecuencia las salidas del ministro de Defensa y el retiro del comandante en jefe del Ejército. El primero fue reemplazado por Sergio Ossa Pretot y el segundo, el general Sergio Castillo Aránguiz, por el general René Schneider.

Días después, el 27 de octubre, el gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a conceder facultades especiales al presidente de la República para dar solución a la situación de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.  Lo anterior, sobre la base de una mayor carga tributaria que provocó serias dificultades al presidente Frei en la última etapa de su administración. 

Fuente: Molina Johnson, Carlos: "Algunos alcances sobre las relaciones civiles-militares; Memorial Del Ejército" No 435; Santiago, 1990.