Frente a La Moneda, en la plaza de la Constitución, se instaló el kiosko de ‘Chile vota informado’ que reparte a quien desee la propuesta de nueva constitución impresa por Sistemas Gráficos Quilicura S.A., empresa de la familia Edwards, dueña de los diarios El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias.

En un artículo anterior, INTERFERENCIA informó del trato directo que suscribió el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), dirigido por Giorgio Jackson (RD), y la subsecretaria Macarena Lobos (INN), con Sistemas Gráficos Quilicura para la impresión de 692 mil ejemplares por $444 millones de pesos. Esto, en el marco de la solicitud efectuada mediante oficio por la ex presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (MSC), para la impresión de, al menos, un millón de ejemplares de la propuesta.

El contrato original estipulaba la entrega en cuatro cuotas, las que se cumplieron el viernes 5 de agosto, mismo día que Segpres solicitó una prórroga para la entrega de más ejemplares.

En esta línea, el 11 de agosto pasado el ministerio publicó la modificación del contrato con la imprenta de los Edwards para ampliar la cuota a otros 208 mil ejemplares por $133.384.615.

En esta línea, el 11 de agosto pasado el ministerio publicó la modificación del contrato con la imprenta de los Edwards para ampliar la cuota a otros 208 mil ejemplares por $133.384.615. Esto equivale a un 30% del contrato original, respetando la cláusula que este estipula para realizar ampliaciones (puedes consultar los documentos al final de este artículo).

La extensión del contrato con Sistemas Gráficos Quilicura había sido informada por Segpres mediante un comunicado, cuando, tras la publicación del primer contrato, cayeron las críticas de la oposición por la legalidad y correspondencia que tiene Segpres para ejecutar los recursos remanentes de la Convención.

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Orden de compra que amplía el trato directo con Sistemas Gráficos Quilicura.

Según el comunicado, el Ministerio solicitó el trato directo con la imprenta de los Edwards, que ahora asciende a $577 millones, pues el mandato de la Convención se realizó recién el 29 de junio, margen de tiempo en que el Segpres no podía ejecutar una licitación pública, la que -en términos generales- requiere de al menos 30 días para la publicación de las bases del contrato.

Para la cartera de Jackson el contrato con Sistemas Gráficos Quilicura “se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales y legales de la Segpres, siendo el trato directo la única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento a la labor encomendada por la Convención Constitucional”.

De todas formas, la oposición respondió contra Jackson por todas las vías posibles. 

Por una parte, los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton y Sofía Cid, acudieron a Contraloría para solicitar un sumario administrativo “destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables”. 

Ahora, por la vía penal, el diputado del Partido Republicano, Julián Irarrázaval, presentó una querella por malversación de caudales públicos, la que fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Acción que replicó el abogado y militante de RN, Marcelo Brunet.

Por otra parte, este ingreso a las arcas de la familia Edwards llega en medio de una grave crisis económica de los diarios mercuriales.

Por otra parte, este ingreso a las arcas de la familia Edwards llega en medio de una grave crisis económica de los diarios mercuriales. Al respecto, en un artículo anterior INTERFERENCIA recogió las denuncias de los sindicatos de los regionales de El Mercurio sobre sueldos y cotizaciones impagas.

Asimismo, según constató El Mostrador, esta crisis se arrastraría desde, al menos, 2020 y sería común para los periodistas empleados en los medios capitalinos de El Mercurio SAP recibir sueldos fuera de plazo, reducción de jornadas, retiros acordados y despidos masivos.