Giorgio Jackson
Mientras se define la presentación de un posible candidato presidencial, militantes del FA apuntan a su partido como "hecho para un grupo de amigos". Otros se distancian de la idea de una "bolsa de trabajo", y sostienen que prima una búsqueda ideológica respecto a una instrumentalización de la colectividad tras la fusión de CS, RD y Comunes, en el momento que la tienda sufría los coletazos del Caso Convenios.
Una de las lecturas que se realizan en la interna de los partidos oficialistas es que la querella presentada por Jackson nuevamente debilitó los puentes de consenso entre las dos coaliciones de Gobierno, y en particular un quiebre directo con el Partido Socialista. Una decisión que, fuentes conocedoras, indican no convencía incluso al propio Presidente.
De las 27 acusaciones constitucionales presentadas desde 1991, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se interpusieron nueve en contra autoridades gubernamentales en un lapso de cuatro años. La administración de Gabriel Boric ya ha enfrentado cinco en menos de dos años de gestión.
Se aplicaron las cautelaras de arresto domiciliario nocturno en contra de Oliva; Camila Ríos, ex secretaria ejecutiva de Comunes y a Jorge Ramírez, ex presidente del partido. Asimismo, Oliva evitó referirse a la relación de Carolina García, ex secretaria general del partido, con Giorgio Jackson respecto a las acusaciones que la ex candidata a gobernadora hizo ante el Tribunal Supremo indicando que le solicitaron incluir facturas de la campaña de un 'candidato de primarias'.
Tras una jornada de marchas masivas en muchas ciudades del país, en las que la principal demanda era la renuncia del presidente, el mandatario anunció diálogos de unidad con su oposición en el Congreso. Pero su gabinete sigue intacto. Es probable que ello deje completamente indiferente a los ciudadanos que se han manifestado. Este fue el artículo de portada de Interferencia del martes 22 de octubre de 2019.
La oposición volvió a reflotar la estrategia que utilizó para presionar por la salida de Giorgio Jackson, esta vez, contra Javiera Martínez, directora de Presupuestos; 'si no renuncia no habrá negociación'. Lo anterior, bajo una querella que Republicanos interpuso contra Martínez, Jackson y Miguel Crispi (todos RD), y las palabras de Edson Dettoni (RD) que la implican.
A la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, se suma la caída de Marco Antonio Ávila en Educación, con la 'compensación' de la llegada de Marcela Sandoval a Bienes Nacionales y Francisca Gallegos a la Subsecretaría de Servicios Sociales. La crisis en RD no se detuvo ahí, y la noche de este miércoles el senador Juan Ignacio Latorre renunció a la presidencia del partido.
El ex ministro de Desarrollo Social dio un paso al costado en un gesto que buscó signar como 'altruista' para no entorpecer el diálogo en torno a la agenda gubernamental y de pensiones. La derecha desistió de la acusación constitucional, pero dice que la renuncia no es suficiente para bajar la presión frente a este caso de corrupción sistemática.
La Fiscalía Nacional nombró a la fiscal Tania Sironvalle a cargo de investigar todos los robos en reparticiones públicas, justo cuando Carabineros confirmó que el ladrón de computadores en el Ministerio de las Culturas fue el mismo de Desarrollo Social.
El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.
Vecinos de Santiago Centro agrupados en el comité de vivienda 'Por un Santiago Multicolor' piden desde 2018 levantar un proyecto de más de 300 departamentos en un terreno cedido a la Armada en 1977 a un costado de la Quinta Normal, de propiedad de Bienes Nacionales. Desde esa cartera y desde Defensa les han indicado que la Armada hace "un buen uso" del terreno, donde sólo hay un helipuerto, cabañas y un quincho.
"Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza", dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego de revelarse que el presidente de Revolución Democrática conoció los primeros antecedentes del caso Democracia Viva diez días antes de que se hiciera público, información que afirma no comunicó al ministro Carlos Montes (PS) ni al ministro Giorgio Jackson (RD), lo cual hoy agudiza la crisis entre las filas oficialistas.
Interferencia conversó con la familia del propietario del inmueble, quien confirmó que desde 2019 la diputada RD arrienda la casa. Vecinos aseguran que la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, también vivió en esa dirección, y que la casa funcionó como un centro de reuniones políticas durante la campaña presidencial de Boric.
La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.
Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).
Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.
Por primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno debutante tiene que realizar cambios tan seguidos en la cartera encargada de negociar con el Congreso. Un antecedente parecido es durante Piñera II, con tres Segpres en nueve meses, pero en el segundo año de su mandato. ¿Son señales de un parlamentarismo de facto?
A poco más de un año del inicio del gobierno, el encontrar mayorías y un bloque oficialista que empuje sus iniciativas dentro de las filas de quienes se reconocen de centro izquierda al interior del Congreso, sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. En especial cuando vienen nombramienrtos de altos cargos como jueces supremos, contralor y ministros del Tribunal Ambiental.
Hasta octubre de 2020 era conocida su amistad con el ahora presidente Gabriel Boric y el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, hasta que una mujer lo acusó de ejercer “acoso y violencia de género”. Consultado por este medio sobre cómo llegó al nuevo cargo con implicancias para todo el continente, Viollier respondió: “no hablo con medios ni con periodistas rascas”.
La acusación impulsada por el Partido Republicano en contra del ministro de Desarrollo Social fue desechada y no avanzará hacia el Senado. Los votos de la DC y abstenciones en la derecha fueron cruciales.
En sus dos mandatos Sebastián Piñera totaliza 10 acusaciones en contra de sus ministros y dos en contra de él mismo en el cargo de Presidente de la República. En los 10 meses que lleva la administración de Gabriel Boric, ya suma tres acusaciones constitucionales en contra secretarios de Estado. Desde el retorno a la democracia, solo tres acusaciones constitucionales han prosperado.
A diez días de iniciada la administración de Gabriel Boric, el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, anunció un paquete legislativo que incluía la suma urgencia al proyecto de amnistía para los 'presos de estallido', desatando rápidamente críticas opositoras, pero también oficialistas. La iniciativa no prosperó, acabó postergándose y 'durmiendo' en el Senado, sin urgencia.
El estudio también analiza los escenarios post plebiscito, las razones tras el Rechazo a la propuesta emanada de la Convención Constitucional, la valoración del estallido social, los culpables de la crisis actual y los principales atributos y debilidades del presidente Gabriel Boric.
Iba a ser uno de los hombres clave del gobierno de Gabriel Boric, pero el ex ministro de Segpres y actual titular de Desarrollo Social ha dado pasos en falso que han reducido su capital político. Escasas negociaciones y poca credibilidad como interlocutor con los partidos, son algunos elementos que muestran un desempeño lejano a la expectativa original. El cambio ministerial no solo implicó un golpe personal por su salida del Comité Político, sino también para su colectividad (RD), el supuesto partido ancla del Frente Amplio.
Con la salida de Giorgio Jackson de Segpres, el Frente Amplio tendrá solo un representante en el Comité Político: Antonia Orellana (Ministerio de la Mujer, CS). El PC perdió la chance de tomar la poderosa Subsecretaría de Interior, luego de que la derecha le impusiera un veto al Gobierno, condicionando dicha nominación a la apertura al diálogo.
Tras la dura derrota en el plebiscito, La Moneda se apresta a un enroque ministerial que incluirá a figuras ligadas al mundo laguista e incluso la DC.
El ministerio dirigido por Giorgio Jackson modificó el contrato con Sistemas Gráficos Quilicura -filial de El Mercurio SAP- para imprimir otras 208 mil copias de la propuesta constitucional, totalizando $577 millones para la empresa de los Edwards. Esto, en medio de acusaciones que la oposición llevó a Contraloría y tribunales, y en paralelo a la crisis económica que arrastran los medios mercuriales.
Mientras que el oficialismo llegó a un acuerdo para convenir reformas a la nueva Constitución y así "mejorar" la alternativa del Apruebo, las matemáticas indican que cualquier cambio pasa por la voluntad de RN, la UDI, Evópoli y PDG. Todos olvidan que en el plebiscito de entrada, el 79% optó por dejar a los congresistas fuera del proceso constituyente.
El ministerio que conduce Giorgio Jackson utilizó parte de los recursos restantes de la Convención Constitucional para contratar a Sistemas Gráficos Quilicura S.A. para la impresión de 692 mil ejemplares.
Durante la semana pasada se cayó la alternativa de sustituir los estados de excepción con una reforma constitucional para el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, lo que obligó al Gobierno a buscar una nueva prórroga del decreto que militariza las rutas en Wallmapu, pero sin que haya claridad de que tenga los votos en el Congreso en la semana que viene.
