El miércoles 8 de enero el Senado recibió una petición de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones. En esta, el subprefecto Pedro Hernández Pascualetti informaba que debía “recabar antecedentes contables y financieros relacionados con el pago de asesorías externas y personal de apoyo”.

La petición de la policía civil se da en el marco de una investigación que lleva adelante el prosecutor Felipe Sepúlveda de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a cargo del fiscal Manuel Guerra, conocido como el caso “copy-paste” que estalló en septiembre de 2017, en medio de las elecciones generales.

Radio Bío Bío reveló ese año que el senador Alejandro Guillier solicitó cuatro asesorías externas a un abogado, las cuales resultaron ser copias de informes disponibles en la página web del Senado. Posteriormente, la PDI constató en las diligencias ordenadas por la Fiscalía que eran al menos 35 los parlamentarios que habían incurrido en lo mismo, según informó La Tercera en junio de 2019.

Esa brigada de la PDI realizó un análisis preliminar de las transacciones financieras de los asesores de los miembros de la Cámara Alta. En efecto, ya el 22 de agosto del año pasado el mismo funcionario de la PDI ofició al Senado, pidiendo “los antecedentes respecto al personal de apoyo de cada Senador en el período 2011-2019, los cuales deberán contener el nombre de contratado, cargo o función, remuneración líquida percibida y años en que ejerció sus funciones”.

Los nombres

Según supo INTERFERENCIA, la fiscalía Oriente pidió a la PDI citar a asesores de varios senadores para declarar. Originalmente estas citaciones se tendrían que haber efectuado ayer y hoy, pero a petición del Senado fueron pospuestas para la última semana de enero.

En concreto, la PDI pidió que los colaboradores de los siguientes senadores concurran a testificar a la policía civil: Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC), Rabindranath Quinteros (PS), Alejandro Guillier (independiente) y Ena von Baer (UDI).

Un caso especial es el del ex senador DC Andrés Zaldívar, quien fue citado a declarar de manera personal el miércoles 29 de enero. ¿Por qué? No sólo por su calidad de ex senador, sino porque se negó a a fines de 2017 entregar inforación respecto de los informes. Además,  actualmente es el encargado del consejo senatorial a cargo de distribuir y supervisar los dineros que se entregan a asesorías parlamentarias en la Cámara Alta.

En tanto, José Miguel Durana y Jacqueline van Rysserberghe, ambos senadores de la UDI, también están siendo investigados, pero la fiscalía no ha emitido orden a la PDI de llamarlos a declarar.

House of Cards

En el mundo político muchos consideran que la nueva ofensiva del Ministerio Público en contra de los senadores obedece a una estrategia de venganza. “Los hemos criticado por su débil papel durante el estallido social y ahora quieren cobrar venganza”, afirma un asesor de un senador, que prefirió no dar a conocer su nombre. “Se trata de una estrategia de venganza, pero es absurda”.

Nuestro medio consultó con el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, si en esa instancia habían recibido una solicitud similar por parte de la fiscalía. “No tengo antecedente que el fiscal haya citado a funcionarios de la Cámara; tampoco sé de trabajadores de los parlamentarios, no me ha llegado ningún oficio del fiscal”, afirmó el funcionario.

En el mundo político del Congreso corrían varias teorías acerca de esta ofensiva del Ministerio Público. La más repetida es que se trata de un intento de la fiscalía por devolver los golpes recibidos, en especial las críticas del actuar de muchos parlamentarios de centro-izquierda que han criticado el actuar de los fiscales durante la crisis social.

Algunos apuntan a que este embiste del Ministerio Público busca ablandar a los legisladores para aprobar reformas que resultan importantes para la fiscalía. Entre estos, permitir la reelección de fiscales regionales o permitir su permanencia en el Ministerio Público tras cumplir esas funciones. Actualmente, tras cumplir sus funciones como fiscal regional, los titulares estás obligados a renunciar al Ministerio Público.

Desde la fiscalía desmienten que busquen presionar al poder legislativo con esta ofensiva a cambio de esas reformas.

¿Existe suficiente agua en la piscina para impulsar los cambios que algunos dentro del Ministerio Público están buscando? “De momento no hay agua suficiente”, afirma alguien que está al tanto. “Pero si les meten susto a los senadores, la piscina se llenará rápidamente”.