En las afueras de Coñaripe, a unos 40 kilómetros al sur de Villarrica, existe un terreno de 100 hectáreas llamado La Misión. Este espacio es ocupado por la Diócesis de Villarrica y debe ese nombre a que ahí comenzaron sus labores evangélicas los frailes capuchinos alemanes a fines del siglo XIX. Sin embargo, no fue sino hasta 1909 que -durante el gobierno de Pedro Montt- el Estado les cedió el predio, sin título de dominio, bajo el compromiso de "civilizar" a la población mapuche de la zona.

A principios del siglo XX la zona montañosa de la -hoy denominada- región de los Ríos se encontraba alejada de la influencia del Estado chileno. Una de las formas más frecuentes de chilenizar estos territorios consistía en la introducción de misioneros que impusieran el proyecto cultural occidental a través de escuelas e iglesias.

Como señalan los académicos de la Universidad de la Frontera, Jaime Flores y Alonso Azócar, en su artículo Tarjetas postales de los capuchinos: "en 1894 se consultó oficialmente a la provincia de Baviera si estaba dispuesta a hacerse cargo de la Prefectura capuchina en Chile, luego de un tiempo, se aceptó la propuesta. En 1900, se nombra como superior religioso de la Prefectura al Padre Burcardo de Roettingen. Era el primer capuchino bávaro que asumía dicho cargo”.

Fue precisamente este capuchino quien, buscando apoyo financiero, envió desde Valdivia una carta al gobierno central de la época el 17 de marzo de 1908. En ella señala la “necesidad de levantar una nueva misión, o a lo menos una capilla en un lugar de dicha misión llamado Coñaripi [sic], pues en aquel lugar viven cerca de dos mil indígenas lejos de toda civilización”. 

La misiva fue contestada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la época el 15 de junio de 1909. En esta carta se dio cuenta de la petición del prefecto apostólico Roettingen y se estuvo de acuerdo con la conveniencia de “fomentar la civilización de los indígenas, siendo uno de los medios más eficaces el establecimiento de escuelas en los campos, llevando al seno mismo de los aborígenes los beneficios de la cultura”. 

Debido a esto, el ministerio decretó: “concédase a los padres capuchinos de la misión religiosa de Valdivia, permiso para ocupar hasta 100 hectáreas de territorio fiscal en el lugar denominado Coñaripe de la provincia de Valdivia, debiendo los agraciados fundar, junto con la misión, una escuela para la enseñanza de los indígenas”.

Los capuchinos estuvieron en La Misión solo hasta la década de los 40, sin embargo el terreno -llamado por sus dueños ancestrales como Kultrunkura- no les fue devuelto, sino que pasó a depender de la Diócesis de Villarrica.

Cumplidos 111 años desde la cesión a los frailes capuchinos, la comunidad Carlos Antimilla da la pelea en tribunales para recuperar esas 100 hectáreas que se encuentran en la comuna de Panguipulli, a orillas del lago Calafquen, iniciando recientemente un proceso de recuperación territorial que contempla actividades culturales en el espacio. En tanto, la Diócesis de Villarrica, liderada por el obispo Francisco Javier Stegmeier, se niega a devolverlo. 

La reivindicación de Kultrunkura 

Kultrunkura significa “kultrun [tambor ritual mapuche] de piedra”. El nombre proviene del sonido que producen las pisadas en el sector rocoso que se ubica sobre fuentes de agua. Se trata de un terreno lleno de humedales y bosques nativos. Debido a lo pantanoso de su terreno, es un sector rico en hierbas medicinales, muy importantes para la cultura mapuche. Además de eso, se lo considera un lugar de conexión con el Volcán Villarrica, puesto que en la zona hay respiraderos del volcán. Como señala la antropóloga Clara Ahumada de la Universidad Austral, “el Kultrunkura ha conservado siempre tales características, siendo un espacio de tránsito, encuentro, recolección y ceremonia colectiva”. 

La demanda de recuperación de este espacio se concretó el pasado 8 de diciembre de 2019. La comunidad Carlos Antimilla le exige a la Diócesis de Villarrica la restitución de Kultrunkura, debido a que esta comunidad es la continuadora del Lof [territorio ancestral] Kona Rupu, espacio aún más grande, y al cual la ciudad de Coñaripe debe su nombre. Buena parte del los detalles del litigio han sido cubiertos por el periódico local El Puelche.

En la demanda se señala que el espacio Kultrunkura fue ocupado por los misioneros sin un título de dominio, y que el decreto que Pedro Montt firmó a favor de la misión le concede a los sacerdotes capuchinos solamente el “permiso de ocupar” tal terreno de 100 hectáreas y no la propiedad. Posteriormente, en 1912, dicho decreto fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia y trasladado al Conservador de Panguipulli en 1985. En ese escrito se observa una anotación al margen que dice “no es título de dominio sino concesión de ocupación”. 

En 1913 la Comisión Radicadora de Indígenas pasó por la zona, y entregó título de merced a la Comunidad Carlos Antimilla, cuyo nombre se debe al lonko de esas tierras. Dicho título resguarda un territorio que comprende en total 5.232 hectáreas. Sin embargo, el texto de la demanda plantea que una remensura que data de 1982 -en plena dictadura- arroja solamente una superficie de 5057,06 hectáreas, dejando fuera del título de merced original un espacio de 174,4 hectáreas. Esta diferencia se explica "por haber dejado fuera del título de merced las cien (100) hectáreas entregadas como permiso para ocupar al demandado Vicariato Apostólico de la Araucanía" (la entidad antecedente a la Diócesis de Villarrica). 

Cabe mencionar que el 26 de junio de 2015, a propósito de un requerimiento de la propia Diócesis de Villarrica, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos señaló que el territorio correspondiente a las 100 hectáreas en pleito no corresponde a terreno fiscal, y que además está resguardado por el título de merced de la comunidad Carlos Antimilla: “habiéndose tenido a la vista el plano de la subdivisión de la ex comunidad Carlos Antimilla, amparado por el título de merced N° 2429 del año 1913, el predio consultado forma parte de este plano y se encuentra amparado por el título de merced ya indicado”, señala el documento.

La Diócesis de Villarrica intentó regularizar la posesión del terreno en 2018 ante Bienes Nacionales, para así conseguir tener un título de dominio. Sin embargo, esta solicitud fue denegada el 4 de julio de 2018, debido a que “mediante informe técnico de fecha 11 de junio de 2018, se constató que la Diócesis de Villarrica no cumple con los requisitos para acreditar la posesión material respecto del inmueble ubicado en camino Coñaripe a Panguipulli kilómetro 1,5 Misión San Miguel comuna Panguipulli, provincia Valdivia, Región de Los Ríos”. 

Judith Barrera, abogada de la comunidad, explica que es muy importante dar cuenta de la relación que existe entre la comunidad Carlos Antimilla y este territorio más grande aún, que es el lof Kona Rupu. Esto porque, en definitiva, es el derecho y la memoria de los pueblos ancestrales del territorio el que está en juego, y no solamente la institucionalidad legal indígena chilena. 

En este sentido “el lof, para efectos de derecho consuetudinario, abarca un territorio mucho más grande que lo que abarca la comunidad Carlos Antimilla, pero esta comunidad es reconocida como la continuadora del lof Kona Rupu. Por esa razón la comunidad Carlos Antimilla está demandando el territorio, pero pronto más comunidades con personalidad jurídica que corresponden al sector del lof Kona Rupu se sumarán a la demanda”, dice la abogada.

Barrera piensa que es probable que esta causa sea de largo aliento y que, debido a las características del caso, eventualmente haya que llegar a instancias internacionales. En este sentido, señala que “han sido importantes los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos fallos se refieren a conceptos que no siempre se toman en cuenta en los tribunales de acá, por ejemplo, se toman en consideración los usos ancestrales que la comunidad sea capaz de acreditar, o el az mapu, que es el derecho propio de las comunidades. Esto si ha sido reconocido en instancias internacionales”. 

Beatriz Chocori, vocera de la demanda por Kultrunkura, destaca la colectividad que hay detrás de la reivindicación: “el territorio se está recuperando para que sea de uso colectivo. Aquí se hizo un acuerdo de principios de todos los que están participando en el proceso para definir que ese es un espacio colectivo y que no será subdividido ni entregado a nadie en particular y que se trabajará de forma colectiva”.

Además señala que hay una gran presión sobre las comunidades debido a que, teniendo en cuenta los atractivos turísticos de la zona, constantemente se reciben ofertas de particulares por estos terrenos, por lo cual  “para nosotros mantener un espacio colectivo es dar una señal concreta de que también se pueden restaurar espacios con fines colectivos. Que se conserven los bosques, la zona de humedales, y que permita seguir siendo un espacio de reproducción cultural de la comunidad”.

El obispo anti-mapuche

Francisco Javier Stegmeier Schmidlin es quien lidera la Diócesis de Villarrica. Nació en Los Ángeles y es descendiente de alemanes provenientes de Colonia. Sus abuelos llegaron a Chile en los años cincuentas luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado sacerdote el año 1988 y nombrado Obispo de Villarrica en 2009 por el entonces Papa Benedicto XVI. 

El sacerdote ha sido criticado en numerosas ocasiones debido a sus posturas ultraconservadoras. En un artículo publicado por El Desconcierto se lo denomina incluso como “el cura anti-mapuche” debido al nulo diálogo que mantiene con las comunidades: “Su llegada a la diócesis de Villarrica es vista como un antes y un después en la relación de la Iglesia con el pueblo mapuche. Apenas llegó, decidió cerrar la pastoral indígena, principal espacio de comunicación que había con las comunidades”, dice El Desconcierto.

El obispo Francisco Javier Stegmeier ha participado en numerosas sociedades dedicadas a la actividad agrícola en conjunto con sus hermanos. Uno de ellos, José Miguel, conocido empresario agricultor de la zona, fue designado gobernador de la provincia del Bio Bio en 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Duró en el cargo tres días debido a que se hizo pública su relación con el lavado de dineros de Paul Shäfer, realizado una vez que le fue quitada la personalidad jurídica a Colonia Dignidad.

Así lo consigna un artículo publicado en la época por El Mostrador: “[José Miguel] Steigmeier colaboró activamente en este blanqueo de capitales comprando terrenos y participando de las sociedades creadas por el enclave alemán a principios de los 90’ [...] La participación de Steigmeier está probada en varios procesos judiciales sobre la ex Villa Baviera, pero sobre todo en una declaración que el doctor Hatmutt Hopp -uno de los miembros del círculo de hierro del 'tío permanente', como apodaban a Schafer- le prestó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda”.

Además, según el mismo artículo, el hermano del obispo figura como investigado “por esconder a víctimas abusadas por Schäfer en el predio Santa Matilde. Se trata del caso de Ángel Salvo ocurrido en 1997, quien era ‘cuidado’ por el colono Ernest Schreiber, hijo de Albert, otro de los miembros del círculo de hierro del jerarca y jefe financiero del enclave”. 

En la mayoría de las constituciones de sociedades en las que el obispo Francisco Javier Stegmeier ha participado, figura domiciliado precisamente en el predio Santa Matilde, ubicado en las cercanías de Los Ángeles. 

Beatriz Chocori, vocera de la demanda por Kultrunkura, también tiene una impresión negativa de Stegmeier. Señala que la relación que han podido establecer con él ha sido “bastante nula” y que “los intentos de conversación no han prosperado con él. Le entregamos una carta al Obispo contándole sobre lo que ocurrió en la Misión y no hubo respuesta. Nunca hemos podido siquiera tener una entrevista con él”. 

La abogada Barrera señala además que “él ha tenido problemas con otras comunidades también, por ejemplo, en las cercanías del lago Budi, donde él le ha cerrado las puertas a las comunidades. Él además es conocido como un obispo que apela mucho a lo que es generar ingresos para su Diócesis”. 

En el espacio de Kultrunkura, hoy existe una escuela que ha estado a punto de cerrar en numerosas ocasiones. Puede decirse que es el resabio de la actividad educacional de los monjes capuchinos, sin embargo no se trata de una escuela de la Diócesis, sino que de una escuela particular subvencionada administrada por la sociedad Corporación Educacional San Miguel, la cual arrienda el inmueble a la Diócesis. 

Al respecto, Barrera, señala que la Diócesis ha intentado separar a la comunidad de esta instancia educacional, pues hace algunos años ”la comunidad solicitó hacerse cargo de la escuela para educar con pertinencia cultural pero, según relatos de apoderados y personas de la comunidad, ellos fueron echados de la oficina en esas reuniones”.

Además, respecto del territorio Kultrunkura, Beatriz Chocori señala que “hemos constatado que la Diócesis se ha dedicado a usufructuar del espacio, entregándolo a terceros para explotación maderera, desarrollos turísticos, camping, entre otras cosas. La escuela no se ha cerrado solo por gestión de la comunidad”.

Barrera, por su parte, señala que en el espacio de 100 hectáreas hay una buena parte que ha sido “reforestada” mediante plantación de monocultivo: “hay plantación de pino que no ha sido cosechado”. 

INTERFERENCIA se comunicó con fuentes de la Diócesis de Villarrica y señalaron que lo que han hecho es “ocupar los predios de la Diócesis para el proceso de evangelización, eso es lo que se ha hecho siempre. El proceso de educación y evangelización, esa es la misión del Vicariato Apostólico de la Araucanía y, al día de hoy, de la Diócesis de Villarrica”.

Respecto de la eventual actividad lucrativa de la Diócesis con el terreno de 100 hectáreas, no quisieron desmentir la información, sin embargo señalaron que “los que emiten esa información son los que tienen que acreditarlo, no uno”.