Thomas Cromwell, ministro del rey Enrique VIII, ha recibido por encargo que se deshaga de Ana Bolena, su reina. Cromwell, para esto, captura a unos hombres acusándolos de haber tenido aventuras con la Reina. Los hombres son interrogados por separado. Aquellos efectivamente amantes de la reina, son obligados a implicar a los otros.

En la escena siguiente de Wolf Hall, película de la BBC sobre la vida del Ministro Cromwell, el Ministro explica como funciona el mecanismo de la culpabilidad a uno de los nobles capturados, Harry Norris, que nada tiene que ver con los amoríos de la reina, pero que alguna vez tuvo la mala idea de burlarse en un escenario, frente a toda la corte, del Cardenal Wolsey, mentor del Ministro. Cromwell, entonces, le dice al joven acusado: “Necesito culpables, Harry, así que he encontrado hombres que lo son, aunque tal vez no del delito del que se les acusa”.

El mecanismo es viejo como el hilo negro, sale en la Biblia varias veces, pero su parte más sublime es cuando se le acusa a Jesús de ser culpable de develar precisamente este dispositivo: el de la inocencia de la víctima y es clavado en la cruz, para ocultar su inocencia, rodeado de ladrones. El lawfare hace lo mismo que hicieron quienes crucificaron a Dios: No basta con culpar a un inocente legalmente, es necesario también aislarlo haciendo que parezca culpable para convencer a la gente, y para eso hay que mezclarlo con los efectivamente culpables, apuntando a la dignidad de los acusados.

Pasó en el caso de los presidentes Lula Da Silva y Rafael Correa, por ejemplo, y acá en Chile con el de Marco Enríquez-Ominami, cuyos adversarios políticos usaron con eficacia la persecución legal y la comunicacional. Se le ha mantenido a Enríquez-Ominami formalmente imputado durante 8 años por hechos que no constituían delito o eran falsos, pero estos hechos, además, han sido presentados de manera tal que lo pudieran golpear constantemente durante el proceso, en su decencia y en su imagen. De otro modo el mecanismo falla. El emblemático caso del avión, por ejemplo, que la propia fiscal luego desestimó porque no era delito, fue, sin embargo, presentado durante años por la fiscalía y los medios de comunicación a través de filtraciones descontextualizadas del juicio, con reportajes especiales, música de terror y cámaras ocultas.

A su vez, para el caso SQM, la fiscalía ha decidido juntar la acusación contra Enríquez - Ominami por, supuestamente, haberse concertado junto a otros para defraudar al fisco, a través de boletas por trabajos no realizados, con el de acusaciones realizadas en contra de personas con altos cargos en el Estado e imputadas, por tanto, por haber usado ese poder para realizar graves delitos de corrupción y cohecho. Enríquez-Ominami desde hace 13 años no ha ocupado cargo político alguno.

El abogado Roberto Garrido resume esta situación en una columna publicada en el sitio especializado en derecho, enestrado.cl. Dice Garrido: Tampoco se les acusa -a Marco Enríquez-Ominami y a Pablo Longueira- por un mismo hecho, ni por el mismo delito. La prueba para cada caso es distinta, no hay un nexo racional que permita jurídicamente entender porque se hayan agrupado todos estos hechos para convertir el caso SQM en un mega caso que, por su volumen, aún no es posible ni siquiera ordenarlo para el Tribunal y los intervinientes. Entonces, la interrogante que queda es determinar cuál es la razonabilidad, necesidad o conveniencia de llevar varios juicios en uno.

El lawfare ha sido definido por Camila Vollenweider como "el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político", sin embargo, el uso indebido no es solo de los instrumentos jurídicos, también de la forma en la que los medios de comunicación presentan a la gente estas acusaciones, porque pueden hacerlo tomando el camino fácil, sumándose a la patota y al circo romano, o el correcto, restándose para develar las verdaderas intenciones que el dispositivo corrupto oculta.