“Queremos demostrar a Chile que asumiremos con responsabilidad la misión que se nos ha encomendado”, dijo el flamante consejero constitucional republicano, Luis Silva, tras debutar como “líder natural” de los 23 elegidos de su partido, durante el claustro de dos días, realizado en Casablanca, donde organizaron el desembarco de la ultraderecha en el proceso constituyente. 

La misión a la que se refería es mantener la disciplina y cohesión en sus filas, para evitar que la intensidad de sus convicciones ideológicas y religiosas los convierta en el padre de un segundo fracaso constitucional y debilite las expectativas presidenciales de su candidato José Antonio Kast.  

La tarea no es fácil frente a los tentadores incentivos para escribir una constitución conservadora, autoritaria y ultraliberal, que arriesgue un segundo fracaso en el plebiscito de salida. Los republicanos tienen por si solos el quórum de 2/5 para vetar cualquier acuerdo entre las demás fuerzas políticas y, junto a sus aliados de la derecha tradicional, no solo pueden aprobar y modificar normas constitucionales del anteproyecto del comité de expertos, sino además, alcanzan los 2/3 para rechazar cualquier iniciativa de sus detractores.

Pero la estrategia es encubrir su abierta transgresión a las normas que habilitaron este segundo proceso. Así, la derecha completa ya ha vulnerado el compromiso que menos le gusta: el Estado Social de Derecho. Presentaron múltiples observaciones sobre la “libre elección” de “régimen” o de “sistema” de salud, previsión y educación. Y aunque ya sabemos que esa libertad es para muy pocos chilenos, la batería de indicaciones pretende constitucionalizar el régimen privado de seguridad social e impedir cualquier modalidad de fondo o seguro colectivo en materia de salud y previsión.

El líder de sus consejeros y primera mayoría nacional en las elecciones del domingo pasado es un miembro numerario del Opus Dei, es decir, vive en la castidad y obediencia a su “Obra”, como denominan al grupo fundado por Escrivá de Balager. Según un perfil publicado en el diario El País, Luis Silva “utiliza el cilicio en algún momento del día y lleva un anillo en el dedo anular (…) para significar su compromiso definitivo con la religión”.

Por lo demás, el órgano encargado de custodiar los doce bordes -Comité de Admisibilidad- debe resolver las contiendas por la mitad más uno de sus 14 integrantes, pero su composición resulta en un empate y si algún de sus miembros se cambia al sector opuesto, no lo hará en favor de la pequeña minoría de centroizquierda.

A pesar de sus amplias ventajas, la misión encomendada a los republicanos en su cónclave de Casablanca es contener impulsos hegemónicos para demostrar su vocación de gobernabilidad y abrir el ancho camino presidencial a Kast. Según el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el sector tiene “una gran oportunidad para avanzar en materias que sean más transversales y que no tengan barrera o confrontación ideológica”.

Pero esa “oportunidad” se convierte en una tarea titánica, cuando implica postergar el ideario de un grupo altamente ideologizado, con intensas convicciones religiosas y bajos incentivos para renunciar a su fe. 

El líder de sus consejeros y primera mayoría nacional en las elecciones del domingo pasado es un miembro numerario del Opus Dei, es decir, vive en la castidad y obediencia a su “Obra”, como denominan al grupo fundado por Escrivá de Balager. Según un perfil publicado en el diario El País, Luis Silva “utiliza el cilicio en algún momento del día y lleva un anillo en el dedo anular (…) para significar su compromiso definitivo con la religión”.

O renuncian a ese orden pétreo, que para ellos proviene de Dios y no se puede modificar por el poder temporal de la política… o simplemente desconocen la democracia y se olvidan de la soberanía popular que esta vez los eligió. No hay otra manera de resolver la contradicción entre orden natural y libre deliberación de los representantes de la ciudadanía.  

El cilicio es una pequeña cadena de metal con puntas que se ciñe al muslo como penitencia o disuasión frente a las tentaciones. Según dicen los católicos conservadores, ya no es metálico ni tiene puntas, pero sigue infligiendo el dolor suficiente para resistir los deseos mundanos que los alejan de Dios.  

Para cumplir su misión de evitar confrontaciones ideológicas y garantizar la viabilidad del proceso constituyente, Silva y sus compañeros tendrían que practicar una tolerancia constitucional que no parece compatible con la declaración de principios de su partido. En ella declaran su compromiso con las “virtudes morales que responden al orden natural de las cosas, y el cual nunca puede ser modificado ni por autoridad política alguna, ni por ninguna mayoría electoral o parlamentaria”(sic). 

O renuncian a ese orden pétreo, que para ellos proviene de Dios y no se puede modificar por el poder temporal de la política… o simplemente desconocen la democracia y se olvidan de la soberanía popular que esta vez los eligió. No hay otra manera de resolver la contradicción entre orden natural y libre deliberación de los representantes de la ciudadanía.  

La declaración de principios también expresa “nuestra defensa de las garantías constitucionales a fin de impedir que el Estado invada el campo de actividad económica y social propio de los particulares”. Este compromiso es justamente el principio de subsidiariedad que ha impedido a la Constitución del 80 resolver las demandas sociales. 

Esta fórmula para evitar que el dogmatismo de los republicanos entrabe la discusión la instauró su representante en la Comisión de Expertos, Carlos Frontaura. “La penalización del aborto es una discusión distinta que no se debe dar en la sede constitucional”, dijo, mostrando que con pragmatismo se puede encubrir una de las principales causas de la derrota de Kast en las elecciones presidenciales, la brecha que separa a su partido de los derechos de las mujeres. 

Sin embargo, Squella ha dado algunas pistas sobre el modo de abordar las contradicciones entre los principios de los republicanos y los derechos sociales. “En esta oportunidad, teniendo la experiencia de la primera convención y viendo las razones por las cuales fracasó, el debate no estará principalmente concentrado en materias de derechos fundamentales”. Es decir, el camino del éxito sería dejar fuera de las deliberaciones la esencia del constitucionalismo.

Esta fórmula para evitar que el dogmatismo de los republicanos entrabe la discusión la instauró su representante en la Comisión de Expertos, Carlos Frontaura. “La penalización del aborto es una discusión distinta que no se debe dar en la sede constitucional”, dijo, mostrando que con pragmatismo se puede encubrir una de las principales causas de la derrota de Kast en las elecciones presidenciales, la brecha que separa a su partido de los derechos de las mujeres. 

Entre los republicanos ya se habla del “modelo Frontaura”, como paradigma de pragmatismo para el éxito de la misión. Pero nuevamente, esta metodología resulta poco verosímil a la luz de la declaración de principios. “El partido nace desde y para las personas y defiende su vida desde la concepción hasta la muerte natural (…) siendo absolutamente contrarios al aborto en todas sus formas, la eutanasia, o cualquier acción que busque directamente la interrupción artificial de la vida humana”.

La deliberación democrática consiste justamente en un juego de concesiones, como el “modelo Frontaura”, pero cuando el fanatismo religioso está de por medio y “el orden natural” es el principio rector del partido mayoritario, solo el martirio del cilicio podrá absolvernos del pecado ciudadano al haber elegido el  autoritarismo.