Para el próximo jueves 27 de enero a las 10:00 de la mañana está programado el comienzo del desalojo de la megatoma de San Antonio por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tal como se ha informado durante los recientes días, hasta el último momento se están realizando gestiones para evitarlo.

Se espera que este lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostengan reuniones en Santiago con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y con los dueños del terreno, con el objetivo de solicitar una prórroga.

Tanto el alcalde de la comuna como dirigentes de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, presentaron recursos judiciales de última hora ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de aplazar el desalojo. 

El tribunal nuevamente ordenó la erradicación -aunque "razonable y paulatina"- de sus más de 10 mil habitantes, luego de un incumplimiento del fallo el 31 de enero y una solicitud de prórroga del Gobierno en noviembre pasado.

Frente a esto, el Ejecutivo coordinó dos reuniones: una que se hará el lunes con los propietarios, para discutir la tasación del terreno; y otra que se hizo el sábado con los pobladores afectados, con el fin de establecer cooperativas habitacionales. 

Pese a estas gestiones, el alcalde Vera insiste en la necesidad de postergar el desalojo durante seis meses, para que las negociaciones que se están llevando a cabo, dispongan de mayor tiempo. En este entendido, presentó un recurso argumentando que "Carabineros no ha informado de algún plan de servicio integral que permita abordar lo resuelto" por la Corte, consignó El Mercurio este domingo.

En paralelo, el jefe comunal aseguró que tampoco se han detallado medidas de seguridad para los uniformados y otros servicios públicos involucrados, ante supuestas advertencias de los dirigentes de toma, que buscan resistir el desalojo, lo que podría redundar en una "batalla campal".

Además, Vera aludió a los dueños del terreno, denunciando además que "la inmobiliaria no ha informado qué medidas adoptará para asegurar" su cierre, "ni ha indicado si cuenta con botadero autorizado de escombros, recursos, medios materiales o personal del que dispondrá el día del lanzamiento".

“Es un fallo absolutamente injusto, que no está apegado a derecho, que es inconstitucional, que vulnera normas internacionales y recién el Ministerio de Vivienda se está dando cuenta. Pero que en realidad se vincula con toda una política nacional de desalojos, donde el Gobierno no ha tenido ningún miramiento en desalojar bienes fiscales sin haber hecho juicio”

En ese contexto, Interferencia conversó con el abogado Rodrigo Valdés Alé, quien tiene la representación legal de una organización que agrupa a más de 300 familias dentro del terreno. 

Así, el jurista contextualizó que “la situación de campamentos, poblaciones irregulares o asentamientos precarios existen casi con el nacimiento de la República, muy relacionado con la migración campo-ciudad. Lo que ahora hemos notado es que hay una campaña de desalojos de este gobierno que no se había visto nunca en la historia, es cosa de revisar el archivo”. 

En ese sentido, Valdés manifestó que "en lo personal, no estoy de acuerdo con las tomas violentas ni con las usurpaciones y vamos caso a caso, pero por lejos lo más grave es cuando una sociedad resuelve los problemas sin derecho a justicia ni a un juicio justo”. 

Sobre lo anterior, expresó que llegamos a San Antonio cuando la sentencia ya se había dictado. Entonces el primer punto que es muy importante mencionar es que nunca se hizo una notificación de la manera en la que corresponde, como a través del Diario Oficial o de avisos. El abogado de la inmobiliaria no tuvo prácticamente oposición: no hay escritos de otros juristas en el proceso y hay sólo una persona notificada dentro del campamento”.

“Durante todo el proceso en San Antonio, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, la causa estaba secreta. Es decir, los pobladores nunca vieron el juicio y se informaban a través de unas pocas personas que tenían acceso al expediente. Entonces lo primero que conseguimos fue que eso se abriera”, apuntó el defensor. 

Así, “llegando a la Corte Suprema hicimos una presentación que derivó en un informe de varias páginas, donde expusimos cómo los vecinos nos relataron que el origen del asentamiento fue a partir del llamado de la inmobiliaria de que se ocupara el terreno. Eso jurídicamente corresponde a una figura que es la de un comodato e incluso la de un comodato precario”, explicó. 

Según Valdés, “hemos intentado evidenciar que judicialmente la inmobiliaria ‘corrió sola’. Lo anterior puesto que ni siquiera existió un juicio, sino que todo el desalojo proviene de un recurso de protección, que es una acción cautelar. Además, los recursos de protección normalmente tienen un plazo de 30 días para ser presentados y en este caso esa acción se efectuó casi dos años y medio después”. 

El abogado describió que en este período "hemos estado tratando de sortear la cruel presión mediática, que ha sido permitida por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda. No estamos a favor ni en contra de esta administración, pero es importante recalcar este punto”.

“Se modificó la sentencia original que establecía que las personas tenían cuatro meses para desalojar y no se decía nada respecto a la intervención de los ministerios y del municipio para la cautela de los tratados internacionales que ha firmado Chile al momento del antes, durante y después del desalojo con las personas incumbentes”, acusó el jurista.

“Cuando la Corte de Valparaíso modifica su sentencia, las autoridades se ven obligadas a actuar, algo que no habían hecho en cinco años donde no hubo soluciones para las personas involucradas. Es un fallo absolutamente injusto, que no está apegado a derecho, que es inconstitucional, que vulnera normas internacionales y recién el Ministerio de Vivienda se está dando cuenta. Pero que en realidad se vincula con toda una política nacional de desalojos, donde el Gobierno no ha tenido ningún miramiento en desalojar bienes fiscales sin haber hecho juicio”, sostuvo Valdés. 

“Se va a desalojar un territorio que jurídicamente es un comodato o un comodato precario, que las personas nunca han tenido acceso a un juicio", cerró el abogado.