Según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf) los bosques en el país cubren una superficie de 17,66 millones de hectáreas, lo que representa el 23,3% de la superficie del territorio nacional. De eso, aproximadamente 14,41 millones de hectáreas, son bosques nativos y 3,08 millones de hectáreas, corresponden a plantaciones forestales.

El investigador Pablo Mansilla Quiñones, doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial de la Universidad Federal Fluminense (Brasil), creó un mapa que hoy publica INTERFERENCIA, en el que muestra la extensión forestal, basándose en los datos del censo del año 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y la localización de los títulos de merced en tierra mapuche catastrados por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

“El mapa permite identificar la forma en que se ha generado una frontera forestal que presiona las tierras y las formas de relación mapuche con su territorio, así como de los sistemas ecológicos que aquí se encuentran presentes. Estas dinámicas territoriales de la producción forestal presionan aún más la fragmentación territorial y social que viven las comunidades mapuche desde fines del siglo XIX, desde el periodo postreduccional", dice Mansilla.

"Incluso en varios casos es posible identificar la forma en que los cultivos de pino y eucalipto han ingresado también en tierras comprendidas en los títulos de merced de tierra mapuche, a través de estrategias de usurpación de tierra que se repiten a lo largo de todo el siglo XX, como las corridas de cerco”, señala este académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. 

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En verde la plantación de pinos y eucaliptos. Trabajo de Pablo Mansilla, doctor en Geografía

Para Mansilla, estas forestales, al igual que otras empresas “extractivas”, utilizan la estrategia territorial de "acumulación por desposesión", es decir, “promueven el despojo mediante la implementación de tres estrategias”. A saber: 

“Primero que todo, existe un sistema legal que ampara el despojo, es decir, las empresas desarrollan acciones que violentan los derechos comunitarios dentro de un marco de la legalidad. En segundo lugar, hay una provisión de subsidios de infraestructura, desplegados por los gobiernos de turno para concretar las visiones de desarrollo empresarial mediante y la movilización de los recursos explotados. Y, finalmente, un aparato represivo que garantiza la seguridad de las inversiones, con procesos de militarización y formación de cuadros de seguridad privada que generan hostigamiento constante sobre las comunidades vecinas", explica Mansilla.

"Los anterior se espera que sea reforzado con los intentos de la nueva ley que busca criminalizar las acciones de recuperación y control territorial mapuche como 'delitos de robo de madera'", concluye.

El académico del Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también analiza los procesos que han llevado a cabo las mismas comunidades. "Los lof mapuche en resistencia se encuentran desde fines de los noventa desplegando procesos de control territorial de los predios forestales. Mediante la explotación productiva de los predios forestales, han generado procesos de reactivación económica, que permiten que los jóvenes de las comunidades no migren hacia otros lugares en busca de trabajo, lo cual permite fortalecer los procesos territoriales internos de recuperación territorial", dice el experto.

"Esa estrategia de resistencia territorial no pretende transformarlos en nuevos empresarios forestales, sino comenzar procesos de recuperación de la biodiversidad que se ha perdido, mediante estrategias de recuperación ambiental de vegetación nativa y del agua, y de producción de alimentos", complementa.

A su vez, la investigación Rezago, sector forestal y trampas territoriales. La provincia de Arauco publicado en la Revista Bitácora Urbano Territorial, Universidad Nacional de Colombia, ahondó en la relación entre la expansión de la empresa forestal y el rezago en el desarrollo social. “Prueba de ello es que las siete comunas que forman parte de la provincia lideran las tasas de pobreza absoluta y multidimensional a nivel nacional, alimentando la pregunta por la incidencia que posee el sector forestal en este fenómeno, y por el impacto efectivo de las políticas públicas frente a la relación desigual y de permanente conflicto”.

“La provincia de Arauco posee la particularidad de tener un vasto patrimonio forestal, expresado en plantaciones forestales, así como en un complejo industrial de propiedad de Celulosa Arauco. Sin embargo, la preeminencia de la industria forestal en la provincia no se ha visto necesariamente correlacionada con un alza significativa en las condiciones de vida de la población que habita este territorio, marcado históricamente por la pobreza y la exclusión”, señala parte del artículo. 

Cuestionamientos ambientales

“Uno de los impactos inmediatos es una afectación a la vegetación nativa que ha sido reemplazada por el monocultivo, generando un nuevo 'paisaje verde' basado en la producción de monocultivo forestal. Aquí parece importante destacar que las forestales promueven un falso discurso de desarrollo sostenible propio de la economía verde, que promete el desarrollo de una economía limpia y que aporta a la generación de CO2. El impacto más complejo que han generado es sobre los recursos hídricos, debido al alto consumo de agua generado por las especies introducidas, en comparación al consumo de agua de vegetación nativa. Esta agua consumida por las forestales, también conocida como agua virtual señala que para la producción de cada árbol requiere de grandes volúmenes de agua”, explica Mansilla.

En 2017 BBC Mundo, publicó el reportaje Eucaliptos y pinos: los bosques artificiales que contribuyen a la expansión de los incendios en Chile. Además de dar cuenta de cómo estas especies influyen y reaccionan a los incendios forestales, señala que otro de los problemas que acarrean, es que producen sequedad en el suelo y en las napas de agua subterránea.

"En promedio usan una cantidad bastante similar por metro cúbico de madera a las otras especies. Pero la diferencia está en que los pinos y eucaliptos crecen muy rápido, por lo tanto, si los comparamos con una especie nativa, en un mismo intervalo de tiempo, la cantidad de agua que utilizan es mucho mayor", explica Adolfo Cordero, profesor de ecología forestal de la Universidad de Vigo, España. 

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Forestales en Lumaco. Fotografía Pablo Mansilla

El Decreto de Ley 701 

Tal como se mencionó en el artículo, El senador forestal: las sociedades y aportes de campaña que comprometen a Felipe Kast con el negocio maderero, la industria forestal es asociada por gran parte del pueblo mapuche a la idea de la tercera invasión en el territorio, pues la primera corresponde a la Corona Española (1536-1818); y la segunda, a la que llevó a cabo el Estado chileno (1860-1883), que con su objetivo expansionista ejerció el plan de la ocupación de La Araucanía.

En la expansión de la industria forestal, iniciada en la dictadura militar de Augusto Pinochet, se implementó el Decreto de Ley 701. Este fue impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Leniz, y el director de la Conaf, Julio Ponce Lerou en 1974, uno de los hombres más ricos del país, cuya fortuna obtenida mediante la minera SQM lo ubica entre la elite global según la revista estadounidense Forbes.  

El Decreto de Ley 701 tuvo como fin subsidiar a la industria forestal en la plantación de pino y eucaliptos, entregando bonos a propietarios forestales bajo los conceptos de Forestación y Recuperación de Suelos Degradados. La bonificación de un 75% fue aprovechada principalmente por las empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del Grupo Matte; y el Grupo Arauco de la familia Angelini.

El grupo Matte, a través de su subsidiaria Forestal Mininco, fue uno de los más beneficiados. "Hasta 2013 el Estado subsidió la forestación de 1.2 millón de hectáreas con un total de US $ 875 millones de dólares. De esta suma US $ 600 millones habrían beneficiado a Forestal Arauco y a Forestal Mininco", indica el artículo Las forestales en la raíz de un conflicto profundo, del abogado José Aylwin.

Según informa el reportaje Decreto 701: El millonario bono gubernamental que financió a las grandes forestales, “el bosque nativo paulatinamente comenzó a desaparecer en medio de acusaciones de talas ilegales e incendios sospechosos.

Según agricultores, el principal daño de las plantaciones de árboles ha sido la sequía y la condena irreparable para los suelos, que no pueden ser reutilizados para labores agrícolas”.