A fines de mayo de 1970, el Centro de Opinión Pública que dirigía el demócrata cristiano Eduardo Hamuy entregó su última encuesta, previa a las elecciones presidenciales programadas para el 4 de septiembre: Jorge Alessandri 36,1%; Radomiro Tomic 30,8%; Salvador Allende 25,6%.

El 1º de septiembre, 72 horas antes de los comicios, una encuesta Gallup concedió una amplia ventaja a Alessandri, con el 41,5%; seguido de Tomic, con el 29%; y Allende con el 28%.

Las elecciones se desarrollaron en total normalidad. Triunfó el doctor Salvador Allende, de la Unidad Popular, con 1.075.616 sufragios (36,3%), logrando la primera mayoría relativa. Segundo llegó Jorge Alessandri, con 1.036.278 (34,9%); y tercero Radomiro Tomic, con 824.849 (27,8%). Las encuestas en aquella ocasión no sirvieron de nada.

A las 2.00 de la madrugada del día 5, desde los balcones de la FECh, Allende confirmó su victoria y pidió serenidad y disciplina. Un abogado democratacristiano había llamado momentos antes al comando, instándolos a que se declararan vencedores y advirtiéndoles que se gestaba un fraude en el recuento de votos.

En las horas siguientes, Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, salió de Chile para reunirse el 15 de septiembre con el presidente Richard Nixon en un “desayuno de trabajo” en la Casa Blanca, al que también asistieron el asesor Henry Kissinger; el fiscal general, John Mitchell y el presidente de la Pepsi Cola, Donald Kendall. En esa cita, Edwards pidió ayuda para impedir que el médico socialista llegara a la Presidencia. Esa misma tarde Nixon instruyó al director de la CIA, Richard Helms: no había que escatimar esfuerzos ni recursos en la desestabilización de Allende.

El primer intento fue convencer a Frei Montalva de que se sumara a la operación, pero cuando el mandatario saliente se negó, la CIA activó una segunda opción: eliminar al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, confiando en que ello desencadenaría un golpe militar que abortaría la llegada al gobierno del representante de la Unidad Popular. Funcionarios de la embajada estadounidense en Santiago pagaron suculentas sumas en dólares a los generales Camilo Valenzuela, Roberto Viaux(r) y Alfredo Canales, del ejército; al almirante Hugo Tirado, de la Armada; al general Joaquín García, de la Fach; y al general Vicente Huerta, de Carabineros, involucrados en el complot. Paralelamente, llegaron por valija diplomática subametralladoras, municiones, granadas lacrimógenas y máscaras antigases para utilizarlas contra el general Schneider.

Los autores materiales del asesinato del jefe del ejército huyeron del país poco después del atentado, el 22 de octubre. Hubo un proceso por secuestro frustrado con resultado de muerte y se dictaron algunas condenas, pero las manos del gobierno de Estados Unidos y de sus cómplices intelectuales en Chile permanecieron ocultas por largo tiempo y sus responsabilidades eludidas hasta hoy.

La conexión brasileña

En las primeras semanas de septiembre de 1970, cientos de familias acomodadas iniciaron un éxodo hacia el exterior, mientras grupos de jóvenes y mujeres de derecha se manifestaban en el centro de Santiago y en la comuna de Providencia gritando “Queremos libertad” y “Chile sí, Cuba no”. Desde los ámbitos económicos se hizo cundir el pánico financiero con el retiro de fondos de los bancos y de las asociaciones de ahorro y préstamos. El dólar en el mercado negro se fue a las nubes.

El  PDC designó una comisión para que tomara contacto con la UP a fin de llegar a un acuerdo sobre garantías democráticas. Benjamín Prado, presidente del partido, declaró que “si el señor Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias que tenemos el deber de solicitar en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte”.

Se constituyó el Movimiento Cívico Independiente Patria y Libertad, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez Grez, afirmando que “el pueblo elegirá entre democracia y marxismo” y que actuarían por la razón o la fuerza. Los alessandristas, en tanto, declararon que “la responsabilidad de defender nuestra soberanía y libertad recaerá principalmente en el PDC”.

Poco después de la victoria de Allende, varios empresarios abandonaron el país, dejando sus negocios a cargo de sus ejecutivos. Y muchos se fueron a Brasil.

Desde el golpe de Estado de 1964, ese país era visto como un ejemplo a seguir por amplios sectores de la derecha. En sus editoriales El Mercurio alababa el “milagro económico” brasileño y el hecho de que los militares implementaran políticas de libre mercado. En su autobiografía, Hermógenes Pérez de Arce, ex editorialista de ese diario, recuerda que a fines de los años 60 “la gente de derecha en Chile opinaba que acá debían aplicarse similares recetas, pero el gobierno de la DC hacía todo lo contrario”.

Y los empresarios que no se fueron enseguida comenzaron a transferir capitales a Brasil, además de Argentina y otros países de la región., contribuyendo a un creciente  pánico financiero en Chile que fue azuzado por el propio gobierno de Frei Montalva.

A sólo dos semanas de la victoria electoral de Allende, el joven ministro de Hacienda Andrés Zaldívar se dirigió al país por cadena nacional. “La situación económica del período postelectoral deriva de factores psicológicos (…) los resultados más que probables de esta situación son el de un desastre económico completo y generalizado”.

Uno de los empresarios que transfirió capitales a Brasil fue Luis Fuenzalida, que se asoció en Sao Paulo con Gilbert Huber Jr. Este, junto con el ingeniero Glyçon de Paiva, había organizado a inicios de los años 60 el Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), del cual participaron los generales Goldbery do Couto e Silva y Heitor Herrera, junto a otros empresarios y militares. Esa entidad actuó paralelamente al Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), una fachada de la CIA, movilizando al empresariado local en contra del presidente Joao Goulart, que fue derrocado en un golpe militar en 1964.. Ellos traspasaron a Fuenzalida y los empresarios chilenos su experiencia en desestabilizar regímenes democráticos.

“Luego de la asunción de Allende al gobierno, hombres de negocios de Chile vinieron aquí y pidieron consejo y yo les expliqué que ellos, civiles, tenían que preparar el terreno para que los militares se moviesen” -recordó Glyçon de Paiva en una entrevista a la periodista Marlise Simon, de The Washington Post-, agregando que les dijo: “La receta existe y ustedes pueden hornear la torta en cualquier momento. Nosotros vimos cómo funcionó en  Brasil”.

La receta incluía la creación del caos económico y político, fomentar el descontento y profundizar el miedo al comunismo. Al mismo tiempo había que bloquear las iniciativas legislativas de la Izquierda, organizar manifestaciones, atentados explosivos y sabotajes de todo tipo. Esa era la formula “para el caos”, que requería también de muchos fondos. Glyçon de Paiva argumentaba que “el dinero que los hombres de negocio gastan contra la izquierda no es solamente una inversión, es una política de seguro”.

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Los brasileños deseaban defender el gobierno de Gulart

Los empresarios brasileños enseñaron a sus pares chilenos cómo usar a las mujeres “contra los marxistas”. Ya lo habían hecho con la campaña de las Mujeres por la Democracia (Camde), que seguía indicaciones de la CIA, y promoviendo las Marchas de la Familia con Dios por la Propiedad, contra el gobierno de Goulart.

Mientras, en Chile, el empresario Eugenio Heiremans convenció al presidente de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos (Asimet), Orlando Sáenz, para que encabezara un movimiento contra la UP desde la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Una de sus iniciativas fue convocar a un cónclave en Valparaíso, en septiembre de 1971, a los más importantes empresarios del país: Javier Vial, Hernán Cubillos, Ernesto Ayala, Eugenio Heiremans, Jorge Fontaine, entre otros, para convencerlos de que había que derrocar a Allende. Luego, viajó a Estados Unidos, Argentina y Brasil  para reunir fondos.

“Teníamos amigos a los que pedíamos la organización de grupos empresariales en distintas partes del mundo, a los cuales íbamos a contarles la situación por la que atravesaba Chile. ‘Miren, está pasando esto y estamos haciendo esto y esto. Si Uds. quieren ayudarnos, ayúdennos’. Tan simple como eso, y me daba media vuelta y me iba. Y el amigo que había organizado el encuentro después, sin decirme jamás el nombre, me decía: ‘Mira, sí nos ayudaron... y aquí hay tanto’. Estoy consciente de que esa estructura que le cuento permite que si la CIA alguna vez quiso meter plata en nuestras cosas, no tenía ninguna dificultad para hacerlo, porque era cuestión de que en cualquiera de estos núcleos inyectara recursos”, contó Sáenz años después a la historiadora Patricia Arancibia.

*Varios extractos de este artículo fueron publicados por el mismo autor en septiembre de 2009 en la edición Nº693 de la revista Punto Final.